La economía Social, también llamada economía Solidaria, se refiere al conjunto de aquellas organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que operan regidas por los principios de participación democrática en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el capital. Las prácticas de estas organizaciones se circunscriben en una nueva racionalidad productiva, donde la solidaridad es el sostén del funcionamiento de las iniciativas. Diferenciándose de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusiva y de la economía pública que no permite la posibilidad de autogestionarse.
Se ha considerado que los mercados emergentes son aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. En la actualidad, se consideran emergentes los mercados del sudeste asiático, de Latinoamérica y de países europeos del antiguo bloqueo comunista.
En cuanto a las características esenciales de los mercados emergentes, los mismos cuentan con un gran crecimiento de su economía en forma acelerada pero con un riesgo de situación política y financiera inestable.
El funcionamiento de los mercados emergentes se describen por padecer de Ciclos económicos irregulares y variables donde su política monetaria amerita de ciertas variables teniendo como indicadores esenciales a la inflación, la balanza de pagos y la evolución del PBI, siendo sensibles ante la existencia de crisis o inestabilidades económicas que se reflejan a largo plazo.
Nuestro país no es ajeno a la llamada crisis alimentaria que afecta al mundo, expresada en incrementos de los precios internacionales de los principales productos agrícolas y, en consecuencia, de los alimentos.
Siendo este el caso esencial en el que las contiendas de la economía globalizada, incrustadas en las sociedades, afectan directa e indirectamente en la economía de cada país en particular, ya sea a favor o en contra, esto, va a depender de la estructura económica del país en cuestión.
El modelo ISI Industrialización por Sustitución de Importaciones, es un modelo de desarrollo que busca el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente. Las políticas económicas derivadas del modelo ISI fueron aplicadas principalmente durante las décadas de 1950 y 1960 en América Latina.
Las principales ventajas que se veían para la implementación del modelo ISI fueron:
- un aumento del empleo local
- menor dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad
- y mejoramiento de los términos de intercambio.
A nivel de política económica, el modelo ISI significó
- barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones
- intervención en los mercados cambiarios
- producción estatal en sectores considerados clave
- financiamiento a sectores compatibles con el modelo ISI.
El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas.
En el año 2000 los gobiernos líderes del mundo, en el marco de las Naciones Unidas, asumieron el compromiso de mejorar la situación de los postergados. En ese contexto consensuaron un plan de acción que comprende ocho objetivos fundamentales para lograr un mundo mejor, los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), y 18 metas específicas a alcanzar en el transcurso de los siguientes 15 años.
¿Pueden las instituciones microfinancieras enfocarse en los pobres, tener un impacto relevante en su nivel de vida y ser financieramente autosuficientes? La respuesta es sí. A continuación se analizan dos casos exitosos, los programas Crecer de Bolivia y Share de la India, dos países en los cuales gran parte de la población nace, vive y muere en condiciones de pobreza extrema.
Vivimos en un mundo globalizado, en el cual el intercambio de bienes y servicios es cada vez mayor, al igual que la movilidad de capitales, tanto de inversiones como especulativos.
Han transcurrido cuatro años desde aquellas desesperanzadas elecciones de octubre del 2001 que anticiparon el inicio de la debacle económica más profunda vivida por el país. Es mucho lo avanzado en tan corto lapso lo cuál debe ser motivo de reconocimiento para quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de administrar la crisis.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acaba de publicar el informe anual de Desarrollo Humano (DH) colocando, una vez más, a Argentina dentro del grupo de naciones con "alto" DH. ¿Puede calificarse así a un país con más del cuarenta por ciento de su población sufriendo carencias y donde uno de cada cinco habitantes no cuenta con los medios suficientes para alimentarse?
Una de las circunstancias positivas de la actual coyuntura es la apertura del debate acerca de la necesidad de un protagonismo activo del Estado en el desarrollo económico. Esto no ocurría desde la década del 60. Dos generaciones se vieron bombardeadas con repetidos discursos que culpaban de todos nuestros males al gasto público y el déficit fiscal, para concluir en la necesidad de confiar en el mercado como motor del desarrollo y justificar la transferencia al sector privado de sus funciones económicas.
El estrepitoso fracaso de la revolución privatizadora y el retroceso del país están atrayendo la atención sobre temas que parecían condenados al olvido, como la explotación de los hidrocarburos y el diseño de un nuevo sistema de transporte. De allí, que los candidatos presidenciales y el gobierno se hayan venido refiriendo a la situación de los ferrocarriles.
Globalización se ha convertido en una categoría difícil de definir que, por un lado, refiere a la descripción de una nueva realidad y, por otro, sirve de ropaje a una vieja ideología, que enmascara el tradicional propósito hegemónico de toda potencia dominante. Abrirse ingenuamente al comercio de mercancías y capitales no equivale a facilitar la expansión de las comunicaciones e Internet. Tampoco deben confundirse las particularidades de la actual etapa de internacionalización de la economía con el intento de imponer un modelo cuyo principal objetivo es desarmar las iniciativas de desarrollo nacional.
