En un interesantísimo artículo publicado en el diario Ámbito Financiero (11/03/09) el economista Agustín Monteverde señala algunos aspectos de gran relevancia que corroboran nuestra reiterada opinión respecto de las acciones que los gobiernos están llevando a cabo para tratar de salir de la crisis.
EL DISCURSO PRESIDENCIAL Y LA REALIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA
En estos días en los que la crisis económica y financiera mundial se ha acentuado de manera peligrosa, se hace necesario mantener la cabeza fría e intentar por todos los medios recurrir a los que saben, despojados de consignas ideológicas tanto como se pueda.
El gasto público de la Confederación Argentina, según su Constitución, se compone de todo lo que cuesta el constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad J.B.Alberdi
El anuncio presidencial del decreto de ratificación de la emergencia agropecuaria, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 22.913 y concordantes, estuvo rodeado de un discurso cargado de apreciaciones fuera de lugar.
La vieja ley de emergencias agropecuarias lleva el número 22.913 y fue promulgada el 15 de setiembre de 1983 (durante el gobierno de facto del general Bignone, para más datos) y modificada o complementada en 149 oportunidades según el portal www.infoleg.gov.ar.
Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse?: lo que Diógenes exigía a Alejandro: que no le haga sombra J.B. Alberdi.
Exactamente el 27 de noviembre de 2007 escribimos un artículo que titulamos El ajuste llegó para quedarse . En él reflejábamos la necesidad que ya tenía el entonces gobierno del presidente Néstor Kirchner de generar caja para poder seguir adelante dentro del esquema trazado.
La llamada tablita de Machinea responde a la filosofía según la cual quien más tiene más paga. Entendiendo por tal cosa no solamente que paga más proporcionalmente, sino que paga más todavía.
La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas Constitución Nacional (Art. 16)
Debo confesarles que esta es una reunión que no hubiera querido tener, pero cuando los argentinos estábamos manteniendo e incrementando los niveles de crecimiento y reactivando políticas de promoción a la industria, la crisis nos llegó de afuera . Cristina F. de Kirchner.
La culpa es del otro si algo les sale mal... J.M. Serrat.
Desde el punto de vista histórico hicieron falta más de 60 años para que una Corte Suprema, la que fuere, se decidiera a declarar la inconstitucionalidad de la afiliación obligatoria para poder desempeñar el cargo de delegado gremial en una actividad. Reiteramos: ¡más de 60 años!
Resulta bastante evidente que el gobierno ha encontrado una forma de financiarse bastante más cómoda y menos comprometedora que el blanqueo de capitales puesto en la palestra hace apenas unas semanas. La apropiación de los recursos de las AFJP parece así resultar el camino más corto.
El gobierno argentino pretende justificar el proyecto de expropiación de los ahorros de los futuros jubilados en las AFJP con argumentos decididamente inconsistentes. El proyecto es, por principio, un despropósito violatorio del derecho de propiedad, y sobre este punto hay que hacer el debido hincapié.
La realidad indica que no pocos legisladores lo único que pretenden es ver cómo se reparten el botín, antes que descular la verdadera historia de una expropiación con visos de institucionalidad. Al menos eso es lo que se desprende de las innúmeras declaraciones públicas de diputados y senadores de la más diversa extracción, con honrosas excepciones.
No hace falta repetir aquí cómo han funcionado las AFJP hasta ahora, en el marco de las exigencias del Poder Ejecutivo respecto de la conformación del portafolio, en la cual casi un 60% lo constituyen títulos de deuda del propio Estado argentino.
El traspaso de las AFJP al Estado constituye una confiscación de ahorros evidente. Pero no solamente eso, también significa pasar a manos del gobierno los más de $ 50.000 millones de títulos públicos, es decir dejar de tener la obligación de pagarlos. Porque es obvio que el Estado jamás los pagará.
Cuando se produjo la traumática salida de la llamada convertibilidad, hubo en la República una encomiada búsqueda de culpables. Todo el mundo tenía algo que decir, como suele ocurrir con el fútbol. No creemos que sea intrínsecamente malo, en absoluto. Es natural que situaciones complicadas generen en la población inquietudes y que por consiguiente cada quien se sienta impelido a dar su opinión. A su vez resulta inevitable que la política en general intente usufructuar el colapso arrimando agua para su molino.
