En un trabajo reciente en el que hablábamos de las perspectivas para la economía durante el año 2005 (ver: la inflación y el tipo de cambio), hicimos especial hincapié en la posibilidad de que se dispararan los índices inflacionarios como consecuencia de la emisión monetaria a la que viene recurriendo el Banco Central para comprar los dólares provenientes de las exportaciones.

Como es sabido, las presiones inflacionarias no se producen en forma simultánea y en toda la economía, sino que afectan a determinados rubros de manera aparentemente desordenada y progresiva. En verdad, esto depende de muchos factores y trataremos de ceñirnos a las evidencias con que vamos contando para ilustrar sobre lo que queremos significar. En los últimos tiempos es evidente que los precios vienen subiendo sin solución de continuidad y que ciertos gremios presionan sobre el empresariado para lograr sustanciosos aumentos de sueldos, aún pese a las "asignaciones no remunerativas" encaradas por un Gobierno deseoso de reprimir los impulsos en tal sentido.

A su vez, como hemos señalado en otras oportunidades, el cuasicongelamiento de las tarifas de servicios públicos en general, continúa con toda su fuerza manteniendo en principio a raya los grandes disparadores inflacionarios, pero a costa, obviamente, de una alta desinversión en sectores claves, como el energético.

La política de tipo de cambio alto, pensada como tantas veces en nuestra historia reciente como una forma de reducir artificialmente el llamado "costo argentino" y volver las exportaciones competitivas, poco a poco va desangrándose ante la evidencia de los efectos negativos consecuentes y cada vez más evidentes.

Téngase presente que la aplicación de retenciones al agro o al petróleo, por ejemplo, fue posible precisamente por la devaluación monetaria, que dejó un colchón remanente para que el Estado aplique esta práctica en tanto y en cuanto los costos de producción, devaluados en dólares, no vuelvan al estadio anterior. A ello, se sumó el importante aumento de los precios internacionales, del petróleo y de la soja, fundamentalmente. Aunque como también es de conocimiento público el precio de esta última ha caído en una proporción importantísima.

Recalcamos una vez más que las medidas de política monetaria pueden tener una utilidad en momentos de crisis y por cortos períodos, pero el sostenimiento de ellas más allá de lo razonable en función de la particular situación, conduce al desastre más temprano que tarde.

En este marco, es evidente que los precios de los cereales, tales como el citado o el maíz y el trigo, han caído entre el 30 y el 40%, lo cual puede tener un efecto devastador con vistas a la próxima siembra del cereal de invierno. Porque si bien es cierto que este año la cosecha de granos probablemente supere en un 10% a la anterior, también lo es que las expectativas de menores ganancias, o incluso de pérdidas, producirán desistimientos de importancia, a menos que desde el Estado se tome el toro por las astas en este sentido y se reduzcan las retenciones.

Es obvio que estamos ante un dilema que no por reiterado deja de ser dramático: bajar o eliminar las retenciones producirá una merma en los ingresos de las arcas públicas, pero tal merma se producirá de todos modos por la baja de los precios internacionales. Y también habrá una baja en la cosecha del año próximo si como se prevé bajan las áreas sembradas como consecuencia de lo antedicho.

El Gobierno sigue sosteniendo, esta vez por boca del Jefe de Gabinete, que la política de sostenimiento de un tipo de cambio alto no se modificará. Precisamente porque este artilugio es el que permite mantener una competitividad que debería ser lograda sobre bases reales. Pero para ello hace falta volver eficiente a una Nación que por lo general no se ha caracterizado en ninguno de sus estratos por mantener un grado de austeridad y eficacia de gestión razonables.

No está en vista ninguna reforma del Estado, tanto nacional como provincial, que permita ver al menos una luz al final del túnel en esta materia. Atrás quedaron las promesas en tal sentido, llevadas a cabo sobre todo en los dramáticos primeros meses de 2002.

La salida del default puede tener un efecto positivo, indudablemente, pero también implicará el comienzo de las erogaciones en pago de intereses a los acreedores. Esto producirá la merma de las reservas, lo cual entre otras cosas producirá una reducción del llamado señoreaje, es decir el interés que percibe por la colocación de las divisas en bancos internacionales.

La presión tributaria es en estos momentos suficientemente elevada como para otorgar al Estado un superávit que supera incluso el porcentaje del 3% del PBI pactado en su momento con el Fondo Monetario. Un número notable que a su vez sirve para restar dinero al circuíto de la demanda de bienes y servicios. Dicho en otras palabras: el dinero que se abona en impuestos no se gasta en bienes o servicios, por lo tanto no presiona sobre los precios. Como se dice en la jerga: enfría la economía.

Las retenciones, junto con el llamado impuesto al cheque, constituyen los principales impuestos distorsivos de nuestra economía, aunque obviamente no son los únicos. Los desincentivos a la inversión son evidentes a la hora de analizar la presión tributaria si nos adentramos en impuestos como el de la ganancia mínima presunta o el de los bienes personales, que gravan los activos sin considerar los pasivos. O el mismísimo impuesto a las ganancias, que desde la gran devaluación sigue sin reconocer los efectos inflacionarios, dando lugar al pago de enormes sumas por ganancias ficticias.

Volviendo a las retenciones a las exportaciones, cabe tener presente que nuestros vecinos Brasil, Chile y Uruguay no las aplican. Y hemos podido comprobar estos últimos años cómo el primero se convirtió en una potencia agrícola mundial, al tiempo que los otros dos han logrado avances notables en la materia.

Lamentablemente no somos optimistas respecto del futuro. Y no lo somos porque de la conjunción del tipo de cambio sostenido alto en forma artificial, más los impuestos distorsivos que incluyen las retenciones, pasando por la falta de seguridad jurídica y las presiones inflacionarias generadoras de conflictos sociales no nos parece un marco adecuado para el crecimiento sostenido tal como se ha comprometido el Estado en punto a la negociación de la salida del default.

Es que en verdad, dejando de lado cualquier suspicacia política (que no es el objetivo de este trabajo), no alcanzan a verse las reformas de fondo que nos conduzcan a una mayor eficiencia general y a un ordenamiento administrativo de los distintos componentes del Estado que tornen razonable y no excesiva la carga tributaria al tiempo que la vuelvan acorde a los servicios que se esperan de ella.

Hasta el momento todos los economistas coinciden en señalar que se ha producido una reactivación mediante la utilización de la capacidad instalada anteriormente y que había dejado de utilizarse durante la crisis. Es decir, estamos volviendo a los niveles de producción global del año 1998. Pero no aparecen en el horizonte serios planes de inversión a gran escala. Y por supuesto entendemos que ello es así como consecuencia de los temas que hemos señalado.

Dr. Héctor Blas Trillo
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Asesor y consultor de empresas
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