En Argentina el debate sobre la consecuencias que genera en las diferentes regiones del país realizar política monetaria de manera centralizada tiene una relevancia mucho menor, no siendo motivo de estudio actualmente. Sin embargo, ciertos autores hicieron mención al tema, destacándose entre ellos el trabajo de Julio H.G. Olivera (1991). Según este autor, en Argentina la organización del Banco Central es enteramente centralizada. A diferencia de lo ocurre en la mayoría los países latinoamericanos, en donde los bancos centrales se organizan por sucursales, el Banco Central de la República Argentina opera, desde su creación en 1935, únicamente con una casa matriz lo que hace perder de vista las diferencias regionales existentes.

En ese sentido, en el año 1991 el Senador Nacional Juan Carlos Romero presentó un proyecto de ley, ideado en su mayoría por Olivera, para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Este proyecto incluía en su artículo número 4 que el banco debe establecer al menos una sucursal en cada provincia. Estas sucursales tendrían la facultad de llevar a cabo la política de adelantos y redescuentos con instituciones de su distrito, es decir, tendrían a cargo una de las herramientas de política monetaria con que cuenta el Banco Central.

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De acuerdo al proyecto de ley presentado al Congreso de la Nación, los presidentes de cada directorio regional deben participar en el directorio nacional, asesorando a este último y a las autoridades ejecutivas del banco sobre la situación económica de cada distrito. El objetivo último del proyecto de ley queda de manifiesto en sus fundamentos:

La eficiencia de la actividad bancaria es tanto mayor, en general, cuánto más próxima su localización respecto al destinatario del crédito. De esto resulta la conveniencia de la descentralización territorial de los servicios bancarios y, por consiguiente, de la banca central como proveedora de asistencia crediticia.

Senado de la Nación, 1989, p. 117

Para poder comprender la organización centralizada del Banco Central de la República Argentina, a diferencia de las ideas de Olivera y Romero, es necesario detenerse en dos cuestiones de suma importancia: el federalismo como esquema de organización y la existencia de dominancia fiscal a lo largo de la historia.

Argentina tiene actualmente una organización más centralizada que otros países que adoptaron el sistema federal como es el caso de Brasil o de Estados Unidos. Dalla Vía (2003) sostiene que el federalismo argentino desde sus orígenes fue un federalismo centralizado (el cuál se fue acentuando con el paso del tiempo) en donde los principales adeptos a este régimen no eran propiamente "federalistas" sino que abogaban por una Confederación de estados soberanos cuyo fundamento principal era la oposición a Buenos Aires. Así, el sistema federal surge con el único propósito de constituir la unión nacional y asegurar la paz interior, dando lugar a una fuerte dependencia de las provincias respecto al poder central.

En el caso de los Estados Unidos, el objetivo del federalismo descansa en que los estados conserven los poderes que no son delegados expresamente en el gobierno federal, generándose una mayor descentralización de funciones. Así, por ejemplo, en el campo tributario la organización del federalismo norteamericano se basó en un sistema de separación de fuentes en donde los estados no tenían intenciones de resignar poderes al gobierno central.

Según el autor, más allá de la forma de Estado adoptada, dentro de cada una de ellas pueden existir importantes diferencias de grado hacia una mayor o menor centralización de funciones. En ese sentido, el federalismo de Argentina y el de Estados Unidos se diferencian por sus distintos grados de descentralización y la organización del Banco Central es un claro ejemplo de ello.

El otro aspecto a tener en cuenta al momento de analizar la organización del Banco Central en Argentina es que históricamente a dicha institución se le atribuyó la responsabilidad de atender cuestiones de una importancia mayor para las necesidades económicas del país debido a los frecuentes períodos de inestabilidad macroeconómica que acontecieron en el país desde su creación, quedando en un segundo plano la posibilidad de introducir reformas institucionales.

En este sentido, adquiere suma importancia la existencia de dominancia fiscal, la cual se encuentra presente a lo largo de la historia argentina, entendiendo a ésta como el grado en que las acciones de política fiscal deben ser sostenidas por la política monetaria (Liviatan, 2003). Históricamente la política monetaria en Argentina fue utilizada como una herramienta de política económica al servicio de la política fiscal, resignando la misma grados de libertad. El recurrente financiamiento monetario del déficit fiscal es un ejemplo de ello. Asimismo, en diversas oportunidades se utilizó al tipo de cambio fijo como ancla del nivel de precios, reduciendo así el papel del Banco Central al de una caja de conversión y dejando un margen prácticamente nulo para utilizar a la política monetaria como herramienta de política económica. Un ejemplo de ello es el Plan de Convertibilidad adoptado en gran parte de la década del 90.