Nuestro reciente comentario acerca de los problemas del modelo económico elegido por el gobierno dio lugar a diversos intercambios con los lectores. Es por eso que volvemos sobre esta cuestión desde una óptica específicamente descriptiva de lo que entendemos está pasando.

El modelo elegido por el gobierno actual, y también por el anterior, es inflacionario por definición. Esto lo hemos señalado muchas veces y hemos intentado explicar por qué a partir de datos de la realidad cotidiana y también desde modelos teóricos.

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La inflación es un fenómeno esencialmente monetario y no existiría en una economía de trueque. Por lo tanto todos los demás elementos que suelen ser considerados por los economistas como causas de la inflación (exceso de demanda, inflación de costos, etc.) son, a nuestra manera de ver, simples consecuencias de la inyección de moneda que efectúa el Estado.

El modelo inflacionario es llamado productivo por el gobierno, o de tipo de cambio competitivo , o industrialista también. El expresidente Kirchner alguna vez lo calificó de neokeynesiano . La denominación es lo de menos, por supuesto.

La razón de ser de este modelo es el sostenimiento de un tipo de cambio elevado artificialmente, como tantas veces hemos señalado. El Estado argentino hace ya un largo lustro que emite moneda para adquirir dólares a un precio superior al de mercado. Lo hace sistemáticamente, considera que el sostenimiento de un peso subvaluado es esencial para mantener el esquema implementado. Y lo es.

El crecimiento económico ha sido muy firme luego de la debacle de comienzos de 2002. La gran devaluación de ese año dejó atrasados en dólares los valores de todos los bienes y servicios de la economía nacional. Sólo fue posible negociar, a valores exorbitantes desde ese momento y aún hasta el presente, un sólo elemento sin recibir ninguna crítica por eso: el dólar. Desde los albores de este modelo , cualquiera que quisiera comercializar un producto a precios multiplicados por 3 o 4, sería considerado un apátrida especulador por lo menos. Excepto que lo que quisiera vender fuesen dólares.

La aplicación de derechos de exportación ha sido desde esos comienzos, uno de los pilares fundamentales del superávit fiscal, sino el único. Este impuesto, considerado distorsivo y transitorio por el propio gobierno, fue escalando posiciones (y tasas) pasando a ser a la vez factor de castigo para los precios rebeldes o distribuidor de la riqueza para los discursos desde el atril, a barrera de protección para evitar que los valores internacionales de los alimentos afecten las posibilidades de compra de los argentinos.

Pero la realidad transita otro andarivel. El Estado emite moneda para adquirir los dólares por encima de los valores del mercado. Esto, que ha sido dicho y reiterado muchas veces por los funcionarios gubernamentales y por la propia presidenta, no es más que la cruda realidad. El Estado argentino sostiene adrede el tipo de cambio. Para ello recurre a emisión de moneda con el objeto de pagar más caro lo que en realidad podría comprar mucho más barato. Lo dicho, el único bien que puede venderse caro en la Argentina es el dólar.

Es precisamente a través del tipo de cambio caro que pudo sostenerse y aumentar cada vez más el nivel de las llamadas retenciones; es decir, los derechos de exportación, el impuesto a las ventas al exterior. Las tasas aplicables a algunos productos como la soja, el petróleo o el girasol, superan o se aproximan al 50% del valor bruto de venta.

Como es sabido, el Banco Central retira de circulación los excedentes de moneda emitida mediante la creación de títulos de deuda (las Lebacs y las Nobacs) para evitar de manera puramente ortodoxa el excedente monetario, frenando así la presión sobre los precios locales que sin duda ejerce tal excedente.

Pero, al mismo tiempo, el Estado recauda una cifra cercana a los $ 40.000 millones por derechos de exportación por año. De allí, básicamente, surge el superávit fiscal, que se espera supere este año los $ 20.000 millones; es decir, la mitad de la recaudación proveniente del rubro.

Si bien los precios internacionales de los productos sujetos a este impuesto son muy elevados y eso favorece su aplicación, es una realidad que jamás se podría recaudar una cifra como la señalada si, por ejemplo, el dólar se comercializara en el mercado a $ 2.- por unidad. Dicho de otro modo: si el dólar tuviera un valor cercano al de mercado, el monto del impuesto sería sensiblemente menor. O tal vez nulo.

¿Y qué se hace con el dinero que proviene de este gravamen a las exportaciones actualmente? Se lo utiliza para pagar gastos corrientes del Estado y obra pública. También se lo destina para entregar subsidios a determinados sectores, o para los llamados planes sociales.

Esto significa que el dinero emitido para sostener artificialmente alto el tipo de cambio, vuelve al Estado como recaudación por retenciones a las exportaciones y finalmente termina como gasto o subsidio incrementando el circulante.

Por eso es inflacionario.

Cuando el Estado entrega un subsidio a, por ejemplo, una empresa de transporte colectivo de pasajeros, lo que hace es, en una primera observación, evitar que el precio del boleto suba. Pero si escarbamos un poco lo que vemos es que un boleto de colectivo puede valer 80 o 90 centavos gracias a ese subsidio recibido por la empresa. El Estado pone entonces la diferencia para que la empresa no tenga que vender el boleto a, digamos, 2 pesos. ¿Pero entonces el boleto vale 90 centavos o vale en realidad 2 pesos pero la diferencia la pone el Estado? Es evidente que el gobierno está haciéndose cargo de la diferencia entre estos dos valores con el dinero que recauda y que proviene, entre otras cosas, de las retenciones a las exportaciones, que como queda dicho son posibles esencialmente gracias al tipo de cambio alto.

Ahora bien. ¿Por qué a la empresa en cuestión no le alcanza el boleto de 90 centavos? Porque sus costos han subido, han subido los sueldos de su personal, los precios de los repuestos, el valor de las unidades y hasta los impuestos y cargas que paga. De tal modo que el subsidio viene a convalidar el salto acontecido en la generalidad de los costos de la empresa. Eso se llama inflación.

Esta explicación, aunque simple, muestra a su vez otra faceta que debe ser tenida en cuenta: dado que el boleto de colectivo se mantiene en su valor de 90 centavos, el índice de precios no se ve afectado y por lo tanto ésta inflación no se refleja en el índice. Es decir que más allá de la intervención en el INDEC de parte del Poder Ejecutivo y la reconocida trampa en el cálculo en que se incurre, observamos que tampoco se toma en cuenta el verdadero precio de los productos que resultan subsidiados para medir la inflación.

El problema inflacionario, como puede verse, no es entonces obra de mentes demoníacas o de individuos insensibles y abusivos. En realidad, tales afirmaciones por demás comunes son absurdas y hasta contradictorias. Los esquemas económicos y políticos no requieren que la gente sea buena, solidaria y altruista, sino de reglas de juego claras y que fomenten la competencia libre y genuina. Culpar a determinada gente de crear inflación es una falacia encaminada a quedar absueltos de responsabilidad. El único fabricante de moneda es el Estado. Y la inflación, reiteramos, ni existiría si no hubiera moneda.

Alguna vez, el hoy retornado al justicialismo Roberto Lavagna, dijo despectivamente que quienes querían el dólar barato lo hacían porque así podrían viajar a Miami. Los que pueden viajar a Miami no necesitan un dólar barato. Pero los argentinos que quieren conservar un nivel tecnológico al menos cercano al del llamado Primer Mundo, sí necesitan no ya un dólar barato, pero sí al menos un dólar a valores de mercado.

Porque la otra pata del modelo inflacionario de tipo de cambio alto es el atraso tecnológico que genera. Los precios locales para los argentinos no son los internacionales porque el modelo lo impide. No porque las cosas sean así y nada más que así. El viejo fantasma del presidente Perón preguntando si alguien vio alguna vez un dólar vuelve una y otra vez a revolotear nuestras cabezas. Hay que poder ver los dólares para estar en el mundo. Eso es lo que hace la mayoría de los países, incluso nuestros limítrofes Uruguay, Brasil o Chile. Porque dado que los argentinos ganamos pocos dólares (por ser éstos artificialmente caros) nos resulta mucho más caro adquirir la tecnología de última generación. Una Notebook resulta inaccesible para una familia de clase media, mientras que en el Primer Mundo está al alcance de cualquiera.

El Estado argentino protege a los sectores menos eficientes con el dinero proveniente de los sectores eficientes y competitivos. La distribución así entendida no hace más que favorecer a quienes menos producen o lo hacen mal, gracias al producido de quienes mejor compiten y venden al mundo sus productos. Mientras se alienta la ineficiencia y el atraso tecnológico, se mata la gallina de los huevos de oro .

El gobierno pretende, a todo esto, mantener el modelo acusando a empresarios y productores no solamente de insolidarios o aprovechados. También lo hace controlando precios o colocando en posiciones clave a funcionarios prepotentes, mentirosos y que reconocidamente actúan de manera amenazante. Esto ha salido publicado en todos los diarios a lo largo de años, sin que se observe ni una sola reacción oficial que intente desmentirlo. Más allá entonces de la prepotencia o del arma en el escritorio a la hora de negociar, el Estado se entromete en las empresas, en sus costos, en su línea de producción, en sus márgenes de ganancia, en los precios de venta, en los salarios de los trabajadores, en los vales alimentarios, en las leyes de indemnizaciones, en las líneas de crédito, en los subsidios, en los permisos para exportar, etc.

El gobierno se entromete en TODO con el objeto de tratar de evitar lo inevitable: la aceleración de la inflación. Y lo único que consigue es generar problemas de desabastecimiento, reacciones y huelgas (o lockouts).

En realidad, se intenta atacar la consecuencia. Disimular los índices mediante subsidios o directamente mintiendo en las estadísticas. Mandando piquetes a estaciones de servicio o acusando de golpistas y otras lindezas a productores agropecuarios. Todo junto y todo revuelto.

Si el país ha recuperado sus estándares de mediados de 1998 esto ha ocurrido por el efecto de la utilización de la capacidad ociosa y de los precios internacionales de las commodities. No por el intervencionismo o la retórica acusatoria.

No por la prepotencia o los abusos de derecho. No por las violaciones a derechos constitucionales básicos. No por el cambio de reglas de juego permanente. No por la suba o la baja del pulgar presidencial.

No ha habido reforma del Estado. Ninguna. Pese a que se prometía. No ha habido tendencia a eliminar los derechos de exportación, al contrario. No se ha hecho ni se hace nada por corregir el modelo inflacionario. Nada. ¿Qué destino puede esperarnos? ¿A qué puerto podremos arribar así?

Es fácil observar que hoy por hoy el atraso tecnológico es una realidad. Basta ver algunas cosas que se ofrecen en las pautas publicitarias televisivas que no están dirigidas exclusivamente a la Argentina para comprobarlo.

Convertir al Estado argentino en eficiente implica gastar menos, corregir ineficiencias nacionales, provinciales y locales. Eliminar impuestos distorsivos. Dejar flotar el tipo de cambio. Dejar que los precios y salarios poco a poco se acomoden al mercado internacional. Como lo hicieron nuestros vecinos uruguayos, brasileños o chilenos.

Sabemos que no es fácil. El capitalismo prebendario tiene raíces muy hondas en la Argentina. Y desde hace muchos años.

Pero un modelo intrínsecamente inflacionario no puede conducirnos a buen puerto. De eso podemos estar seguros, lamentablemente.

HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 11 de abril de 2008

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

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RAMOS MEJÍA BUENOS AIRES

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