Consideramos que la marcha de la economía se desenvuelve en términos generales dentro del marco de referencia que hemos venido sosteniendo en nuestros comentarios. El índice de precios al consumidor del mes de mayo ha ascendido al 0,6%, cifra en principio modesta, pero que de todas maneras es elevada si tenemos en cuenta que se trata de uno de los meses del año de mayor retracción monetaria, producto como se sabe de los vencimientos impositivos anuales que involucran a la gran mayoría de los contribuyentes, sean estos empresas o particulares.

La política monetaria ha seguido la misma línea de emisión masiva de moneda para adquirir los dólares ofrecidos en el mercado principalmente por los exportadores que liquidan sus operaciones, pero también por el incipiente ingreso de capitales financieros desde el exterior con el objeto de hacer buenas diferencias adquiriendo bonos locales emitidos en pesos ajustables por inflación mediante el CER.

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Durante mayo, las compras de dólares efectuadas ascendieron a algo así como 1.500 millones de dólares, en su gran mayoría adquiridos mediante emisión, y una porción menor mediante recursos del Tesoro a través del Banco de la Nación.

La situación del arribo de capitales con finalidades financieras ha llevado al ministro de economía a tratar de endurecer la política restrictiva mediante disposiciones tendientes a que tales capitales permanezcan en el país durante un lapso de un año por lo menos, dejando inmovilizado un 30% del importe total como valor no remunerado. Originalmente se había dispuesto un 20%.

Dicho de otro modo de cada 100 dólares ingresados con fines financieros, 30 deben quedar depositados sin poder ser utilizados ni cobrar ningún interés.

Entre otras cosas todas estas medidas restrictivas tienden a impulsar al alza de la tasa de interés. De hecho, la posible baja de la cotización de los bonos es en sí una elevación de su rendimiento, y tal baja es perfectamente posible ante la aplicación de encajes. Cuando se espera un rendimiento determinado, si la intervención del Estado trata de impedirlo, el bien a comercializar pierde precio o no es adquirido.

También sigue pendiente el acuerdo con el FMI, que implica como sabemos una reformulación del esquema tributario para eliminar impuestos distorsivos, el ajuste de las tarifas de servicios concesionados, y una salida posible para los bonistas que no entraron en el canje.

La Argentina fue calificada como postdefault por la calificadora Standard and Poors lo cual permite que accedan a los bonos locales los fondos internacionales y al mismo tiempo recalifica el riesgo de los nuevos bonos producto del canje. Sin embargo, la cifra aún en default, de alrededor de 24.000 millones de dólares afecta sin ninguna duda la capacidad de negociación externa del país y por ello genera incertidumbre respecto de una baja del riesgo. Ello sin contar el riesgo propio de tales bonos, que sigue siendo muy grande, obviamente.

Los bonistas que recibieron los nuevos títulos producto del canje finalmente realizado, vendieron sus posiciones en una importante cantidad, provocando una baja generalizada de las cotizaciones, que alcanzó al 5%. Según se explica, quienes se vieron obligados o resignados a entrar en el canje, rápidamente “salieron” de sus posesiones, apurando la baja de la cotización.

En otro orden, debemos señalar que el Senado convirtió en ley el llamado “paquete antievasión II”, medida fundamentada en tratar de cerrar los resquicios que posibilitan la evasión tributaria que sigue siendo elevadísima. En conexión con ello, estas medidas intentan encuadrar a la Argentina en el marco de los países que llevan adelante una política tendiente a conjurar el lavado de dinero, lo cual constituye, en sí, un aspecto positivo.

Hay que señalar, sin embargo, que dentro de la maraña de modificaciones a las normas a las leyes vinculadas con los procedimientos tributarios, antievasión y lavado de dinero, una serie de disposiciones dictadas apuntan a un exceso de celo que dista de mantenerse dentro del derecho liberal que rige nuestras normas de fondo. Y no utilizamos aquí el término en un sentido político, sino estrictamente jurídico.

A la gran cantidad de presunciones que implican la reversión de la carga de la prueba, se agrega una notable tendencia a calificar en la legislación procedimental las acciones llevadas a cabo por los contribuyentes. Es común, por ejemplo, hablar de “grave contradicción”, “grave incidencia” o apreciaciones semejantes, aparte de aquellas disposiciones que dejan abiertas las posibilidades en materia procesal porque es el juez el encargado de evaluar su incidencia.

El nuevo paquete antievasión sigue la misma tendencia, desde ya, y además incorpora algunas figuras que darán pie a controversias de gran trascendencia, como el así llamado “agente encubierto”, esto es, el inspector que simula una compra para ver si se cumplen los procedimientos.

No vamos a explayarnos aquí en temas que pasan por el ámbito impositivo y para los cuales elaboramos periódicamente columnas ad hoc. Pero es evidente que en tanto y en cuanto las normas que se dictan tienden a avanzar sobre derechos constitucionales provocan no poca incertidumbre, más allá de la sana intención que pudieran tener.

Por otro lado cabe observar que los resultados obtenidos al presente en la materia, han sido bastante relativos, cosa que queda evidenciada precisamente, y sin ir más lejos, en la necesidad de continuar con las modificaciones.

Pese a ello la recaudación de mayo superó largamente las expectativas, llegó a algo más de 12.000 millones de pesos y abre una buena perspectiva en cuanto al cumplimiento de la meta anual de superávit. Influyen en esta cifra factores estacionales (el mes de mayor cantidad de vencimientos impositivos del año), la mejora en los controles fiscales, y los crecientes índices inflacionarios.

Así y todo la tendencia de la economía es a una desaceleración progresiva que no parece revertirse pese al permanente dictado de planes promocionales con el objeto de incentivar la producción de tales o cuales bienes.

Una cuestión de gran gravedad es la situación institucional que se vive en Bolivia, donde movimientos insurgentes y separatistas mantienen en vilo al país hermano sin que pueda observarse hasta ahora una solución global. Es evidente que los grupos conducidos por Evo Morales y Felipe Quispe tienen intenciones claramente revolucionarias que poco a poco han ido desnudando con toda crudeza provocando el pánico en vastos sectores, que se presume huirían hacia los países limítrofes, en especial la Argentina y Brasil. Esto termina convirtiendo al problema del gas que llega del Altiplano en una cuestión francamente menor, como fácilmente puede colegirse, pero grave para nuestro país en materia económica.

Al menos por los datos con que contamos, existe alguna posibilidad de un acuerdo mediante la conformación de zonas autónomas que continuarían unidas como país pero preservando sus intereses regionales. Lo cierto es que la convulsión prerrevolucionaria ha conducido al desabastecimiento y éste a la desesperación, con lo cual es probable un efecto importantísimo sobre todo en el norte argentino.

Y para ir terminando digamos que el gobierno argentino está analizando imponer determinados ajustes a las tarifas más allá de no alcanzar un acuerdo con las empresas concesionarias, constituyendo con la recaudación obtenida por tal ajuste, un fondo para efectuar inversiones en el sector.

Como puede verse, la tendencia a la intervención permanente en el mercado cada vez que los sectores productivos o empresarios no encajan en las pretensiones oficiales, es una constante. Sobre ello hemos opinado reiteradamente, y diremos una vez más que cuando los desvíos obligan a la intervención y ésta se produce con frecuencia, ello es un indicio claro de que la economía no avanza o lo hace de modo insuficiente.

Sin duda que la seguridad jurídica, las garantías constitucionales, y la claridad y estabilidad de las reglas de juego están en la base de una perspectiva seria y de largo plazo. Las medidas coyunturales y reiterativas, más los llamados “superpoderes” y los decretos de necesidad y urgencia, debemos decirlo, no contribuyen al clima de estabilidad que se requiere. Las normas deberían ser cumplibles, cumplidas y permanentes en el tiempo. El cambio constante de disposiciones, y encima de manera muchas veces imprevista, no colabora en absoluto con el “clima de negocios” que se necesita.

Habrá que ver qué pasa, finalmente, en materia inflacionaria. Sobre todo a partir de la finalización de junio. Estimamos un recrudecimiento de los índices de precios, quizá no de gran importancia, pero sí preocupantes, como a nuestro juicio lo es el incremento del 0,6% citado para mayo, dada la gran contracción monetaria del citado mes por la sobrecarga de vencimientos fiscales.

Buenos Aires, 9 de junio de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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