Tal como hemos venido sosteniendo la desaceleración del ritmo sostenido de crecimiento de la economía comienza a aparecer en los diversos indicadores como una sombra que se cierne sobre el comportamiento en general de la dirigencia, tanto política como económica.

El incremento de la tasa de desocupación, que pasó de 12,1% en el último trimestre de 2004 a un 13% en el primer trimestre de este año se una señal de alerta (este valor sube al 16,6% si se no se consideran empleados aquellos que perciben subsidios estatales ). También lo es que en abril se hubiera producido una baja del 0,9% en las ventas en supermercados.

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Como hemos venido expresando, el modelo expansionista y de sustitución de importaciones con tipo de cambio alto sostenido artificialmente no deja de ser una gloria pasajera, ya que en el correr del tiempo la presión de costos, precios y salarios, va produciendo una merma en los márgenes de utilidad y una consecuente baja en los niveles de producción.

El Estado sostiene el cambio comprando grandes cantidades de dólares excedentes con emisión de moneda, para luego contraer el circulante mediante colocaciones de letras del Banco Central a tasas cada vez más altas y en muchos casos indexadas. De tal manera que se aumenta el endeudamiento público y se genera un déficit cuasifiscal (financiero) creciente. Las tasas de interés por Lebacs a 49 días, que hace dos semanas pagaban una tasa de 5,30%, se elevaron ya al 6,1% anual.

La recaudación tributaria, por otra parte, se mantiene en valores verdaderamente récord. Se espera para mayo un monto en torno de los 12.000 millones, cifra a todas luces en materia de superávit fiscal, que a su vez se estima en el orden de los 4.000 millones de pesos para ese sólo mes.

Los recursos del superávit, que con estas estimaciones ya superaría los 10.000 millones de pesos en lo que va del año, son utilizados en parte también para comprar dólares desde el Banco Nación, evitando de esa manera una mayor emisión. Pero es preciso recordar que el superávit es dinero restado al mercado productivo, y por lo tanto a las bondades de su crecimiento, deben contrapesarse los efectos negativos de la contracción económica que genera.

La continua compra de dólares llega ya a los 51.000 millones de pesos desde el comienzo de esta política, la mayor parte de los cuales son, como decimos, emisión pura. El crecimiento de la economía, en torno del 8,4% interanual luego de haber alcanzado topes superiores al 9%, no cubre ni de lejos la inyección monetaria. Por eso las presiones sobre los precios son una constante, lo mismo que los conflictos gremiales por suba de salarios, cada vez más frecuentes y generalizados.

Luego del levantamiento del embargo en Nueva York, en otro orden, se han producido nuevos embates por parte de los genéricamente denominados “fondos buitre”, que intentan al momento de escribir estas líneas, nuevos embargos de títulos por 12.500 millones de dólares en Luxemburgo y también trabar fondos líquidos para el pago de intereses de bonos provenientes del plan Brady, que cuenta con garantía de títulos del tesoro norteamericanos. Sin abundar demasiado en este aspecto, podemos decir que la puja sigue y seguirá, más allá de que pueda concretarse el canje del 76% de la deuda, que viene postergándose desde el 1° de abril pasado.

Varias veces hemos dicho que de una forma o de otra, el Estado argentino deberá encontrar una forma de reabrir el canje, aunque se le llame de cualquier otra forma, ya que los casi 24.000 millones de dólares que presionan sobre cualquier tipo de activos de propiedad de la Argentina, seguirá sufriendo embates de manera casi rutinaria, dificultando tanto como sea posible la vuelta a la normalidad internacional. Y ello es bastante lógico, ya que la defensa de los intereses de cada parte está en juego. Entendemos que el gobierno, y en especial el ministro Lavagna, continúa siguiendo una estrategia que contempla una línea dura, pero con un horizonte calmo, tal como lo hiciera precisamente con el canje, que luego de la propuesta inicial de Dubai fuera mejorado ostensiblemente en una etapa posterior a mediados del año anterior.

La crisis energética sigue su curso, y no parece haber demasiados visos de normalización. Se mandó al Congreso el proyecto de promoción de inversiones para la exploración y explotación del área marítima, se fijaron premios y castigos a los consumos domiciliarios e industriales de electricidad y de gas, se fomenta por todos los medios posibles el ahorro de energía, se reduce la cantidad de gas exportado a Chile, y se busca acordar de algún modo un ajuste de tarifas que permita destrabar la postergadísima renegociación de los contratos con las prestadoras de servicios públicos que se encargan de los derivados del petróleo. En lo que respecta a Bolivia, la situación es por demás complicada, más que nada por la situación interna del país del Altiplano, y una sana expectativa no permite ser optimistas respecto de la importación de gas boliviano.

 

Digamos también que el ministro Lavagna se ha interesado especialmente en el ingreso de los llamados “capitales golondrina”, es decir, en los capitales que ingresan al país para hacer negocios financieros por un corto lapso. Al respecto, las normas establecen un tope de U$S 500.000 dólares por mes y un plazo mínimo de 6 meses de permanencia. Este plazo se prolongará a un año. Es interesante hacer un comentario sobre cuál es el mecanismo de control en esta materia: el propio Banco Central envía inspecciones a los bancos y entidades financieras. En estos momentos están en marcha nada menos que 180 inspecciones, según información del Ministerio de economía.

Los “capitales golondrina” acuden porque el afán de sostener el tipo de cambio produce, como venimos sosteniendo, una suba progresiva en las tasas de interés, al tiempo que la emisión de moneda resultante impulsa hacia arriba los índices inflacionarios, lo que hace sumamente rentable la colocación en pesos durante un período más o menos breve para luego “salir” recomprando dólares.

Todo se trata, como se ve, de diversas operatorias en torno de una política monetaria que se basa en el sostenimiento de un tipo de cambio irreal para tener un mercado supuestamente competitivo y lograr la sustitución de las importaciones. El viejo modelo keynesiano. Pero las sustituciones de importaciones deben alcanzar el margen de calidad que permita la competencia internacional, lo cual solo es viable con la mejor tecnología, aspecto insalvable cuando menos por la imposibilidad de afrontar los costos de la alta tecnología que debe importarse a un tipo de cambio donde el peso se muestra evidentemente subvaluado. De manera que el final del camino, en este aspecto, es el que ya conocemos.

En nuestra opinión toda política basada en artilugios monetarios puede ser aplicada por un lapso determinado, más o menos breve, teniendo en cuenta una situación determinada. Por ejemplo: la convertibilidad fue útil en el período inicial luego de la hiperinflación. Del mismo modo la expansión monetaria luego de la pavorosa devaluación de comienzos del 2002, surte efectos positivos en cuanto a la reactivación de la capacidad ociosa, pero termina rápidamente cuando tal capacidad se cubre y lo que se requiere son nuevas inversiones de largo aliento, para lo cual hace falta establecer reglas de juego claras, de largo plazo, en un estado de derecho sólido. El camino de los cambios permanentes, de la cuasiarbitrariedad de poner o quitar retenciones, de los “superpoderes” o de los decretos de necesidad y urgencia, no contribuye a fijar tales reglas permanentes. Esta realidad por lo tanto, está cargada seguramente de las mejores intenciones, pero dista de marcar el rumbo de la previsibilidad indispensable.

 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Asesor y consultor de empresas
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