Es evidente que el destrabe de los 7.000 millones de dólares por parte del tribunal neoyorkino a fines de la semana pasada ha provocado un sensible alivio en los mercados financieros y también en el gobierno. Se trata verdaderamente de una buena noticia dentro de un panorama que por lo general observamos con no pocos nubarrones.

Del mismo modo, la posposición de vencimientos de deuda con el FMI por 2.508 millones de dólares por un año agrega un alivio de consideración. No se trata, desde ya, de un acuerdo de fondo con el organismo, sino simplemente de un compás de espera vinculado con los vencimientos que pueden técnicamente prorrogarse y que están comprendidos entre el 20 de mayo de 2005 y el 28 de abril de 2006.

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Estos aspectos, sin duda positivos, no son sin embargo más que un respiro ante el cúmulo de situaciones complicadas que se presentan diariamente.

La venta masiva de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa, que venimos anticipando desde hace varias semanas, ha provocado la necesidad imperiosa del BCRA de salir a comprar divisas mediante emisión de moneda. La institución madre ha sido asistida relativamente por parte del Banco Nación, recurriendo este a los fondos del tesoro para tal fin. Tales fondos provienen del superávit fiscal acumulado y no requieren emisión adicional de moneda, aunque naturalmente se trata de dinero depositado que de tal manera vuelve al circulante.

Y precisamente el temor a una disparada inflacionaria producto de la demanda adicional provocada por el aumento del circulante, obliga a las autoridades a tomar el dinero mediante la emisión de letras a una tasa cada vez mayor.. En esta semana se tomó dinero al 5,30% anual a 49 días, por ejemplo, siendo que la semana pasada la tasa había sido del 5,05%.

Es preciso que nos detengamos un instante en este punto. No son pocos los economistas que sostienen que la emisión de moneda para la adquisición de excedentes de oferta de dólares no es en sí inflacionaria. Se sostiene que se trata nada más que de una preferencia en la composición de activos financieros. Se dice que una mayor demanda de bienes producto del mayor circulante, sería compensada al final del camino con una mayor oferta de bienes importados. El aspecto que a nuestro juicio no aparece contemplado en este análisis, es que los dólares no son comprados a valores de mercado, sino que son comprados a un valor excesivo determinado por el propio Estado. Que hoy es de $ 2,90 y que también podría ser en una cifra muchísimo mayor. Si por ejemplo el Estado decidiera a partir de mañana fijar el valor del dólar en $ 50.- y por ende sale a comprar a ese precio, el efecto inflacionario sería inmediato y no creemos que admita discusión este punto. Bien, a eso nos referimos. Comprar algo más caro de lo que vale es absurdo, a menos que queramos distorsionar el resto de las variables, que es lo que efectivamente ocurre desde 2002 hasta el presente. Digámoslo todavía de otra manera: nadie en su sano juicio sale a comprar algo más caro de lo que vale, porque hacerlo produce de por sí una sobreoferta de ese bien. Es decir que lo que se logra es que acudan al mercado local no solamente quienes deben obligatoriamente liquidar sus divisas, como los exportadores, sino terceros interesados en hacer una diferencia en moneda dura. La sobreoferta de divisas debería producir una baja del tipo de cambio. El afán del gobierno por evitarlo, produce una distorsión de precios relativos, y dado que el precio de la divisa es de alguna manera el precio de referencia de todo el movimiento externo del país, provoca el alza de precios más temprano que tarde. Es por eso que el mismo Estado sale a quitar el exceso de circulante como sea, pagando tasas cada vez más altas y dando así comienzo al circulo vicioso que deriva en los “festivales de bonos” de triste recuerdo.

Otro asunto importante es la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos en Bolivia, que provoca un incremento impositivo de gran envergadura (pasa del 18% al 50%) y prácticamente detendría la ampliación del gasoducto del Norte para la importación del fluido desde ese país. La situación en materia energética se complica día a día, y por ello el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de un programa promocional de inversiones para exploración en la cuenca marítima, tal como lo hemos venido comentando en nuestros últimos informes.

Un dato interesante es que el superávit fiscal alcanzó en los primeros 4 meses del año un monto cercano a 5.800 millones de pesos, esperándose para mayo (mes de vencimientos impositivos de muchas empresas) un superávit que podría estar cerca de los 4.000 millones. Es decir que en 5 meses estaríamos prácticamente en 10.000 millones, siendo el estimado para todo el año de 14.200 millones. Es decir que dada la performance con toda seguridad el superávit real superará largamente el estimado. Naturalmente que se trata de un dato alentador desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el canje de la deuda, pero al mismo tiempo es preciso tener en cuenta que siempre un superávit constituye una sustracción de dinero del sistema, que del mismo modo que las Lebacs del Banco Central contribuye a producir un enfriamiento de la economía.

Precisamente podemos hacer mención al hecho de que, por ejemplo, la industria arrojó en el mes de abril un crecimiento interanual del 10,2%, pero comparado con marzo el dato es negativo en un 0,4%.

Otro tema que nos parece digno de mención es el fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones) a favor de CMS Gas Transmisión Company, que había demandado al Estado argentino por incumplimiento de contrato. Esta empresa es propietaria en forma mayoritaria de Transportadora de Gas del Norte. El gobierno está analizando este fallo para tratar de apelarlo sobre la base de fallas formales de las que por el momento no tenemos noticias. Ocurre que nuestro país se comprometió a aceptar los fallos del CIADI como inapelables y ahora se encuentra ante un problema.

Es sabido, por lo demás, que en términos generales las empresas que no tienen interés en continuar sus inversiones en la Argentina, son las que mantienen sus demandas ante esa institución del banco Mundial, y que son varias. De manera que cabe esperar nuevos pronunciamientos con probabilidades de ser desfavorables, lo cual no deja de ser un serio inconveniente con vistas a la estabilización final del funcionamiento económico del país.

Bien, la expectativa del índice inflacionario para el mes en curso es optimista respecto de que no se irá de madre, por decirlo de algún modo. Pero la conjunción de factores tales como la restricción monetaria para frenar el impulso sobre los precios, el enfriamiento de la economía que esto produce, y el creciente déficit cuasifiscal producto de las tasas cada día más altas por la toma de excedentes monetarios por parte del Central, van generando una presión que consideramos se hará insostenible en un plazo relativamente breve.

En el medio, se multiplican regímenes promocionales que, como siempre decimos, no son otra cosa que la demostración de que sin ellos, muchas áreas de la economía no arrancarían. Reintegros impositivos por aumento de autopartes nacionales en los vehículos de producción local, reflotamiento del Banco Nacional de Desarrollo con los fondos de las AFJP a las que se obligaría a cederlos, el citado plan de incentivos a las inversiones petroleras, los incentivos a nuevos proyectos de inversión Pymes, etc.

Las presiones sindicales por aumentos de salarios y mejoramiento de las condiciones laborales, los conflictos sociales aprovechados por facciones políticas en general poco representativas, cortes de calles, rutas y puentes por parte de organizaciones políticas nacidas al amparo de “planes” de ayuda y en general la crítica poco elaborada a los sectores productivos del país, en un marco de inseguridad jurídica que subsiste y hasta se acrecienta, no dejan de ser un marco de referencia preocupante. De hecho, el propio Ministro de economía ha tomado cierta distancia del gobierno una vez más, en este caso acusando de “populismo” ciertas expresiones emanadas de otras carteras e incluso, aunque no expresado en forma directa, del propio presidente de la Nación.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2005

Dr. Héctor Blas Trillo
Contador Público
Asesor y consultor de empresas
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