OBJETO: Los distintos gobiernos argentinos, como se verá más adelante, tuvieron el problema del déficit fiscal, inclusive cuando asumieron los justicialistas en reemplazo de los radicales, el problema persistía, en 1989 el déficit fiscal fue de 15,2% del PBI.

Era necesario solucionar el déficit fiscal dado que esto a su vez traía aparejado otro gran inconveniente: la inflación. Los gobiernos, entre ellos el militar y el radical, recurrieron al emisionismo provocando inflación para recaudar más vía impuesto inflacionario. El gobierno abusaba de la política monetaria expansiva para solventar parte del exceso de gastos.

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Hay que aclarar que, a pesar del abuso de la política monetaria expansiva para recaudar más, el déficit persistía, dado que el impuesto inflacionario no era suficiente como para cubrir la enorme brecha que separaba los gastos de los ingresos, aunque no obstante, constituía una fuente importante de ingresos fiscales.

¿Qué hubiese pasado si el gobierno radical hubiese puesto fin a la inflación, el impuesto inflacionario hubiera culminado? ¿Y el déficit fiscal, se hubiera agravado al no contar más el gobierno con la importante fuente de recursos que constituía dicho impuesto?

Demás estar decir, que si se lograba poner un freno a la inflación, a su vez, traería aparejado como efecto secundario el fin del impuesto antes mencionado.

Por su parte, el déficit fiscal se hubiera agravado, es decir, la brecha entre gastos e ingresos se hubiera acentuado, dado que los gastos del Estado eran realmente elevados frente a los escasos recursos, y si una fuente de recursos como lo era el impuesto inflacionario quedaba eliminada, los recursos se hubieran reducido aún más, frente al elevado gasto.

Pero de todas formas, era necesario poner fin a la inflación, dado que constituía el principal problema de la economía argentina. Según una encuesta nacional Socmerc publicada en el diario La Nación el 21 de marzo de 1990 y realizada sobre una muestra de 800 casos y finalizada el 13 de marzo de 1990, los principales problemas del país eran:

- inflación 39%;
- falta de trabajo 19%;
- bajos salarios 9%;
- deuda externa 7%;
- otros 26%.

Por esa razón, en 1991 se implementó el plan de convertibilidad que limitó el papel del Estado en la política monetaria, es decir, en virtud del plan de convertibilidad el gobierno ya no podía emitir en forma descontrolada para tener una mayor recaudación.

¿Qué sucedería entonces con el déficit fiscal?

La convertibilidad o dolarización de la economía traería aparejado otro gran inconveniente, como ya se dijo antes, el fin de la inflación representaba el fin del impuesto inflacionario, entonces, el déficit fiscal se incrementaría.

El gobierno justicialista planeó la gran reforma del sector público empresario, con la finalidad de equilibrar las cuentas públicas y de evitar el abuso de la política monetaria expansiva, por ende, la convertibilidad fundamentaba aún más la necesidad de reducir el gasto y generar nuevas fuentes de ingresos.

Hay que destacar, que existe una estrecha relación entre la convertibilidad y la inflación, dado que el mecanismo de la convertibilidad fue posible porque el Estado:

1. renunció a solventar parte del exceso de los gastos mediante el emisionismo, con la dolarización de la economía la creación de dinero estaría sujeto a variables exógenas (entra o salida de la divisa norteamericana),

2. redujo el gasto en forma radical de dos maneras:

A) logrando la reforma de la administración gubernamental (reducción del gasto de la administración general) y;

B) trasfiriendo las empresas públicas a manos privadas con el fin de lograr la racionalización del servicio (reducción del gasto económico).

3. generó recursos a corto plazo para solventar los gastos de varias maneras:

A) mediante un reforma fiscal;

B) mediante la venta y concesión de las empresas públicas;

C) otras.

Por ende, podemos concluir, que la convertibilidad fue necesaria para poner fin a la inflación y la privatización fue necesaria para equilibrar las cuentas públicas. Para nada podemos decir que la privatización fue consecuencia de la dolarización de la economía, dado que si bien es cierto que con la Ley de Convertibilidad el problema del déficit fiscal se agravaría, pese a ello, el Estado ya tenía el problema del déficit fiscal, inclusive podemos decir que era un problema estructural. Por ende, la privatización se produjo simplemente para equilibrar las cuentas públicas, pero no podemos dejar de lado la convertibilidad, dado que esta variable va a fundamentar aún más la necesidad de reducir el gasto y generar recursos.

¿Qué hubiese pasado, si el gobierno justicialista no hubiese dolarizado la economía? ¿Se hubiera privatizado igualmente?

Como ya se dijo, la privatización no es consecuencia de la dolarización de la economía, sino consecuencia en principio del desequilibrio de las cuentas públicas. Por ende, por mas que el Estado no hubiera puesto fin a la inflación con la convertibilidad, igual se hubiese privatizado dado que el problema del desequilibrio de las cuentas públicas persistía. Y además, la privatización no sólo se debió a estas razones ya explicadas, sino también a la necesidad de mejorar la prestación del servicio para el usuario, como se verá en la segunda parte de este trabajo de investigación, y a otras variables que exceden este análisis, pero no obstante, sería interesante nombrarlas por más que no se analicen. Esas variables son:

1. la necesidad de lograr una mejor asignación de los factores de la producción,

2. la necesidad de descentralizar al Estado, basado en el lema: en un Estado de todos, no todo debe ser del Estado.

3. reducir la deuda pública interna y externa (esto no se dió en el caso de los ferrocarriles),

4. fortalecer el mercado de capitales a partir de la venta de las acciones de las empresas privatizadas y de la instrumentación de los Programas de Propiedad Participada.

5. reducir el costo de los servicios básicos.

Los ferrocarriles no escaparon a estos propósitos dado que mediante su concesión se trato de lograr una mayor eficiencia y eficacia a fin de evitar las enormes pérdidas que producía y que eran solventadas por el Estado; y además representó una fuente de recursos para el Estado dado que percibía y percibe a cambio el canon por la explotación del servicio.

El contrato de concesión modificado y firmado por TBA (líneas General Mitre y General Sarmiento) y el gobierno; en cuanto al canon el mismo dice lo siguiente:

El canon que el Concesionario debe pagar de acuerdo al contrato modificado por la Addenda asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 34.486.357,35) que será cancelada en CIENTO SETENTA Y TRES (173) cuotas mensuales de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 199.343,11) a partir de enero del año 2005.
EL SETENTA POR CIENTO (70%) del Canon, que representa la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON QUINCE CENTAVOS ($24.140.450,15), será destinado a las obras detalladas en el Anexo III de la Addenda, a excepción de las incluidas en el Adjunto 9 de dicho Anexo.

EL TREINTA POR CIENTO (30%) RESTANTE, conforme al Artículo 31 de la Ley N° 23.996 se destinará a la administración NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL-A.N.S.S.E.S.

Según puede verse en el gráfico A que muestra la evolución del gasto público total desde 1965 a 1992, la tendencia fue creciente y sobre todo entre 1982 y 1987. A partir de 1988 el gasto cae abruptamente debido a que la situación ya era insostenible y a que el Estado prácticamente estaba en bancarrota (en ese año entra en cesación de pagos con los acreedores), pero esto no indica que el déficit haya disminuido notoriamente, como se verá más adelante desde 1987 a 1989 el desequilibrio fiscal se incrementó año a año.

Hay que tener en cuenta, como ya se menciono anteriormente, que la concesión no solo respondió a reducir el déficit contrayendo el gasto y generando ingresos, sino también respondió a mejorar el servicio del transporte ferroviario para los usuarios alentando inversiones que el Estado durante años y debido a la crisis había paralizado. Esto se verá en la segunda parte de esta investigación.