No son pocos los aspectos positivos que muestra la economía mundial de cara a la situación de la Argentina. Pero la falta de una política económica que apunte realmente a la inversión y a la seguridad jurídica puede resultar lapidaria. Nos ocupamos en este comentario de aspectos específicamente económicos, intentando tanto como es posible evitar opiniones de orden social .

LA SITUACIÓN ACTUAL

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La Argentina es uno de los pocos países del mundo que sigue apostando al impuesto inflacionario. Con una tasa del 25% anual por lo menos, resulta difícil disimular o negar la realidad. No sólo ante una evidencia práctica, sino inclusive ante la propia confesión a partir de la presentación de Presupuestos que llevan dentro de sí supuestos inflacionarios del orden del 8 o el 9%.

La inflación es la que subsume debajo de la llamada línea de pobreza a una capa cada vez más importante de la población, por más que desde las esferas del gob ierno se indique lo contrario. La diferencia entre los datos que surgen de consultoras particulares e inclusive oficiales de algunas provincias muestran una diferencia de prácticamente el 100% entre el piso de ingresos que muestra el INDEC y el resto. Estamos hablando de algo más de $ 1.000 que señala el ente estatal intervenido, y $ 2.000 que surge de cálculos conservadores privados.

El impresionante sistema de subsidios montado por el Estado disimula de manera dramática los índices inflacionarios. La falta de adecuación de las tarifas de los servicios públicos a la pérdida de valor de la moneda llega en casos como el transporte urbano de pasajeros a 3 y hasta 4 veces menos que su valor real.

Las modificaciones propuestas a la ley de entidades financieras intentando establecer pautas direccionales de los préstamos bancarios considerando a tales entes como prácticamente entidades de bien público que deben ser controlados a fin de que sus negocios sean hechos de acuerdo al color del poder político de turno resultan absolutamente inconducentes. Al mismo tiempo, el absurdo enfrentamiento con el FMI tiene solamente una razón de ser: evitar que los auditores de ese organismo vengan a auditar y terminen diciendo lo que el mundo entero sabe: que las estadísticas del INDEC son incorrectas y falsean la realidad.

El país está creciendo inducido por el enorme gasto público, pero esencialmente lo hace por la situación internacional, que es favorable a los precios de las materias primas, que son nuestro fuerte. Dejando de lado la certeza de los guarismos oficiales, lo cierto es que el empleo ha venido creciendo luego de la crisis de 2008/2009, al mismo tiempo que crece la economía. China y Brasil son grandes demandantes de materias primas la primera, y de automóviles el segundo. Y cada vez lo son más, en la medida en que a ellos les va bien. El crecimiento del gasto público aumenta las presiones inflacionarias, porque proviene en buena medida de la emisión. Y tales presiones no son gratis, como queda dicho, porque afectan a los sectores de ingresos fijos, y especialmente a los más rezagados (salarios informales, jubilados, etc).

La llamada “inclusión social” tiene su veta positiva desde el punto de vista de incentivar el consumo. Así, los dos millones de jubilados incorporados recientemente al sistema, o la asignación universal por hijo; suman consumidores al mismo tiempo que presionan sobre la demanda y los precios. Sin inversiones de envergadura (superiores al 25% anual del PBI) resulta directamente imposible mantener la demanda sin subas en los precios. Esto sin contar el hecho de que en una economía pujante no es posible mantener indefinidamente subsidios y ayudas económicas sin pagar las consecuencias. Para consumir es preciso producir, dicho de manera simple.

La falta de inversión en infraestructura (caminos, rutas, ferrocarriles) es elocuente. Lo mismo en estratégicos sectores como el energético (exploración petrolera, gasífera, hidroelectricidad). Por lo demás, el intervencionismo es lo suficientemente dañino como para que los gobernantes vayan dándose cuenta. Esto de limitar exportaciones, importaciones, volúmenes de producción, y cosas por el estilo, no parece orientado a un Estado de derecho. Y si esto no se logra, no habrá nunca inversiones suficientes, sea quien fuere el gobernante.

Las altas tasas de liquidez en el mundo también son un fuerte incentivo. Desde las grandes economías se mira a los países emergentes para llevar adelante en ellos inversiones rentables. Esto no está siendo aprovechado adecuadamente, por las razones apuntadas.

Otro aspecto que no podemos dejar de señalar es el uso de las reservas para el pago de deuda pública. Es evidente que las reservas tienen su origen en la compra que hace el Banco Central a los exportadores y que tal compra se hace básicamente con emisión de moneda. Esa moneda es un pasivo para el banco, que así es llamado “no remunerado”, pero que cuando se convierte en Lebacs (es decir, en bonos de deuda del Estado), pasa a ser “remunerado”. Lo cierto es que en un caso como en el otro se trata de un pasivo. Es obvio que en el caso de las Lebacs ello implica un costo financiero, pero ¿cuál es el efecto cuando solamente se trata de moneda emitida que entra en circulación? En la medida en que dicha moneda exceda los parámetros de crecimiento económico el destino es inflacionario. Esta realidad se manifiesta con un Estado que compra dólares para “sostener” el tipo de cambio y poder aplicar retenciones a las exportaciones que luego nomina como “superávit”.

Esta realidad es decepcionante y limitante a su vez. Porque entre otras cosas el propio gobierno está viendo que el tipo de cambio no puede crecer tanto como la tasa de inflación, porque sería absolutamente insostenible la presión sobre los precios. Así, se constituye a la vez en una suerte de bloqueo a la tasa de inflación, tal como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia económica argentina.

EL AÑO ELECTORAL

Estamos a las puertas del año electoral, como todos sabemos. Eso significa en nuestra querida Argentina un mayor gasto público, una mayor presión inflacionaria subsecuente. Llegado el caso incluso una corrida hacia adelante para que los próximos gobernantes se encarguen de arreglar el problema. Esto no es un prejuicio sino la historia viva de la realidad argentina.

En todo caso aún con todas las perspectivas favorables en la economía mundial para los países como el nuestro, lo probable es que buena parte se dilapide en cuestiones políticas y obras preelectorales. El contrapeso que por estas horas se da en el Congreso, tiene más que ver con cuestiones políticas, que con la realidad económica tal como nosotros la interpretamos. Así se promueven proyectos de ley que incentivan el gasto público sin dejar debidamente considerados aspectos que tienen que ver con el financiamiento o, inclusive, con el cálculo actuarial, como es el caso del porcentaje mínimo de jubilaciones.

Es obvio que la política de subsidios será sostenida a toda costa. Cambiarla es aceptar que las tarifas habrán de subir. Y más allá de su efecto en la población, no podrá disimularse su efecto en los índices inflacionarios, contenidos artificial y mentirosamente entre otras cosas mediante el recurso de no reconocer que cualquier subsidio implica un recálculo de tales tarifas para que, al menos en teoría, se refleje la inflación real tomando en cuenta lo que éstos significan. Dicho de otro modo: si un boleto de colectivo debería costar $ 4.- y cuesta $ 1,10, el índice de inflación toma este segundo valor sin tomar en cuenta que la diferencia la pone el gobierno vía subsidio.

Y finalmente, hay que decir que el superávit de cuenta corriente externa está deteriorándose como consecuencia del incremento del consumo que señalamos, sin la debida correlación con el incremento de inversiones externas. Así las cosas: lo que no se produce se importa. Por más que desde la subsecretaría de comercio se limiten importaciones. El aumento de importaciones en mayor proporción que el de exportaciones, deteriora el saldo de cuenta corriente al que nos referimos. Buenos Aires, 11 de octubre de 2010

ESTUDIO HÉCTOR BLAS TRILLO
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