En el desarrollo, la educación ha sido concebida como un instrumento privilegiado para fomentar una mayor integración sociocultural, acelerar la modernización de las estructuras productivas y formar las élites dirigentes de la nación. En este sentido, los logros registrados en gran parte de los países de América Latina a fines de los años setenta mostraban el efecto virtuoso de la expansión de la educación formal en las décadas previas, a saber: una población adulta alfabetizada en una proporción alta, una población infantil mayoritariamente inserta en el sistema educativo formal, una población juvenil con crecientes años de escolaridad, una élite que llevaba a cabo las tareas del estado y estaba capacitada para hacerlo, y un porcentaje de profesionales y operarios calificados en continuo aumento. Para la década de 1980, la reducción del gasto social, provocada por la crisis de la deuda y los posteriores ajustes, impactó negativamente las inversiones en el sector educativo. Para la década de 1990, volvió a aumentar el gasto social dedicado a educación, y en algunos países, este incremento fue sostenido e intenso.

Desde mediados del decenio de 1970, un nuevo conjunto de prioridades ha comenzado a influir en el discurso sobre la política educativa en todo el mundo. Las nuevas prioridades valoraron el desarrollo de la competitividad individual, nacional y global. En la educación, esto se tradujo en la mayor importancia atribuida en la calidad de la enseñanza. Como consecuencia de las nuevas prioridades educativas, los dirigentes políticos han iniciado, en los últimos veinte años reformas encaminadas a lograr un mejor ajuste entre los productos del sistema educativo y las necesidades de la economía. (Reimers, ed., 2000)

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Autores: María Delia Irastorza y Nicolás Wilfredo