Lic. Aldo Abram
18 de febrero de 2009

​​

No solamente el efecto de la sequía amenaza el nivel de actividad de la Argentina, también la posibilidad de vivir un nuevo conflicto agropecuario. En el segundo trimestre del año pasado, el Gobierno manejó mal la crisis con el sector y esto incentivó una fuerte fuga de capitales. Cuando se habla de esto, la gente se imagina un señor rico, con un maletín lleno de dinero, saliendo por el aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, también es gente común y corriente que ahorra (es decir, que deja de consumir e invertir) para, junto con todo peso que tiene a mano, comprar divisas y guardarlas en el fondo del placard o en una caja de seguridad. Además, con el mismo fin, se retiran los depósitos del sistema financiero y, de esa forma, se desfinancia y también se reduce la demanda interna, por lo que los empresarios producen menos y aparecen las tendencias recesivas. Pues bien, si en un momento de altos precios de las commodities y de mucho menor nivel de incertidumbre mundial el costo pagado por el país fue tan alto, cabe imaginarse lo que podría suceder ahora.

Por lo tanto, ambas partes deberían dialogar y asumir el compromiso de evitar resucitar la crisis. Por su parte, los dirigentes del campo deberían tratar de no pedir cosas que son incompatibles entre sí. Es cierto que el Gobierno debe asistir a aquellos que sufren el duro impacto de la sequía y no porque les esté dando "un privilegio que no le da a ningún otro sector".

La gente del campo está acostumbrada a que haya épocas de buen tiempo y buenos precios internacionales en los que debe acumular "espaldas" para enfrentar los tiempos, que también llegan, de sequías, heladas, granizo y bajos valores de la producción. Lamentablemente, durante el período de "vacas gordas", el Gobierno se apropió de buena parte o de todo el excedente de la bonanza, y ahora el campo se encuentra debilitado para encarar esta dura etapa. Si el Estado fue un "codicioso" socio en las buenas, ahora tiene que ayudar en las malas.

Al mismo tiempo, el sector agropecuario reclama la eliminación de las retenciones; lo cual siempre defendí públicamente. El problema es que este tipo de medidas redistribucionistas y populistas son imposibles de desmontar de un día para el otro, sin desfinanciar al sector público, incluida la asistencia a los damnificados por la sequía. Por lo tanto, aquellos que tengan la suerte de poder cosechar, ordeñar o engordar su ganado deberán aportar para la asistencia de los que no son tan afortunados.

Lo que sí habría que exigirles al Gobierno y al Congreso es que se apruebe una ley por la que se vayan bajando gradualmente los impuestos a la exportación hasta su eliminación en un tiempo razonable. Además, en la misma norma, debería dejarse claro que solo el Congreso tiene la facultad de aplicar este tipo de tributos. También, habría que agregar un punto por el cuál se eliminen las restricciones a las ventas externas y que la Legislatura también retenga esa facultad. Es cierto que esto no implicará una mejora inmediata para el sector, sino de sus perspectivas futuras, que les permitirá invertir y contar con un mayor financiamiento que el que tendrían si las cosas se mantienen como hasta hoy.

¿Qué más se puede hacer para enfrentar la crisis económica actual? La primera mala noticia es que nadie puede gastar más por cambiar la plata de bolsillo y eso es lo que significan la mayoría de las medidas lanzadas por el Gobierno. No obstante, independientemente de que se podría ampliar la lista, a continuación, se proponen algunas políticas públicas con las que se podría mejorar la situación:

a) Renegociar los contratos de concesión de servicios públicos en el largo plazo, con condiciones estables y fórmulas de actualización de las tarifas que se mantengan en el tiempo. Esto permitirá darles a las prestadoras la posibilidad de volver a invertir y, de esa forma, sacarle esa carga al Estado e incrementar la demanda interna.

b) La actualización de las tarifas, con un cronograma claro y con plazos más largos cuanto menor el ingreso de las familias, permitirá al Gobierno ahorrar recursos.

c) Es prioritario mantener el superávit primario, por lo menos, en el 3,15% del PBI pautado en el presupuesto y lanzar un programa que explique cómo se harán los pagos de deuda pública de 2009. El total de los fondos públicos disponibles debería tener como prioridad darles subsidios directos a los sectores más pobres o aquellos trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo, asistir a los que pasen por una emergencia y para la construcción de obras de infraestructura, en ese orden.

d) Evitar usar en exceso las reservas internacionales para financiar al Gobierno; ya que eso traerá dudas sobre la capacidad de la autoridad monetaria de defender el valor de la moneda y los ahorros del sistema financiero. En el pasado, ésta fue la puerta de ingreso a varias crisis.

e) Maximizar el vínculo con los organismos internacionales para contar con la mayor asistencia externa posible. El Gobierno debería evaluar recomponer la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual implicará realizar algunos cambios, pero nos daría acceso a mayor financiamiento. Contar con dichas líneas de crédito de emergencia podría permitir reducir el ahorro primario estatal, contra el compromiso de compensarlo cuando la economía se reactive, sin causar temores de cesación de pagos. Tener que vivir con lo nuestro no es una virtud; ya que tendrá un alto costo social.

f) Usar los instrumentos que tiene el Banco Central para continuar con la "flotación administrada" y evitar movimientos bruscos del dólar que puedan hacer estallar el pánico en la población; ya que, si sucede, será imposible evitar una debacle cambiaria y bancaria.

g) Es imposible recuperar la credibilidad de la Argentina si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sigue funcionando como instrumento de propaganda oficial y no como un proveedor de estadísticas confiables. Nadie le da crédito a quien, se sabe, engaña a los demás. Por ley, el Indec debería pasar a depender del Congreso y tener la misma autarquía que el Banco Central.

h) Aprobar por ley un proyecto que recupere para la Legislatura la facultad constitucional de determinar el valor de la moneda, es decir, su poder adquisitivo. Para eso, debería fijarle al Banco Central metas descendentes de inflación, hasta llevarla a niveles razonables, y exigirle que las cumpla. Por eso, es importante que controle el organismo que mide la suba de precios.

i) Las negociaciones salariales deben ser libres entre las partes. Los sindicatos y los empresarios deben entender que la prioridad es mantener el empleo y no aumentar el ingreso de quienes tengan la suerte de conservarlo, a costa de que otros lo pierdan.

Por el Lic. Aldo M. Abram
www.exante.com.ar - [email protected]