MORENOMAN

(Ojalá que llueva gas oil)

La llamada ley de abastecimiento (20.680) data del año 1974, cuando el ministro de economía del último gobierno de Perón pretendía la inflación cero como la panacea encargada de resolver los problemas ocasionados por los malos hábitos de angurrientos empresarios y especuladores empedernidos, capaces de hacer cualquier cosa para ganar más dinero

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, aunque éste tuviera proporcionalmente cada vez menos valor, convirtiendo la osadía en una carrera donde el objeto que va delante (el valor de la moneda) corre mucho más rápido que los precios de las cosas que van detrás.

El Dr. Gelbard había estudiado economía para llegar a la conclusión de que la solución de los problemas de la denominada ciencia de la escasez se resolverían en su totalidad sacando una fotografía de una determinada escala de precios relativos, que deberían entonces permanecer así ad infinitud. El desastre provocado por esta curiosa interpretación de las leyes económicas y su dinámica, fue asumido por el Dr. Celestino Rodrigo, que se convirtió así en el célebre culpable de la inflación desatada en 1975, conocida como rodrigazo.

Antes de eso, en 1974, el gobierno peronista dictó la famosa ley de abastecimiento. Una ley que esencialmente viola todos los derechos constitucionales basados en la libertad de comercio y en el derecho de propiedad de las gentes. En efecto, se trata de una ley que, para no abundar, pone como bien supremo la necesidad de abastecer el mercado como sea, siendo los empresarios y los comerciantes los encargados de llevar adelante tal patriada. Porque ideológicamente esta ley está elaborada por individuos que parten del supuesto de que la acumulación de mercaderías es un mecanismo de enriquecimiento, sin comprender que, en inflación, acaparar para vender a un precio nominal mayor, no asegura mayor riqueza, ya que reponer luego esos mismos bienes puede costar aún más dinero que el recaudado con la venta.

El argumento de base es que tanto unos como otros especulan guardándose la mercadería para venderla luego a mayor precio. Es decir, son agiotistas, siguiendo esa acepción un tanto forzada utilizada en los años 50 cuando el anterior gobierno peronista instaba a toda la población a combatir “el agio y la especulación”. En definitiva el agiotaje es la especulación excesiva según el diccionario, calificación que puede incluir por lo tanto a cualquiera. Cuestión de que el funcionario de turno la considere mucha, y listo.

Conviene recordar que ya en el año 1939 se dictó una ley entre nosotros tendiente al abastecimiento en tiempos de la segunda guerra mundial, y luego otra en 1946, que fue la que diera lugar a las campañas contra el agio y la especulación referidas.

Hay una diferencia sustancial en las circunstancias, sin embargo, entre las leyes que traemos a cuento y la que ahora amenaza el gobierno con aplicar. Todas estas leyes apuntaban a quienes guardaban los productos y no los vendían, por las razones que fueren (lo cual merece a su vez otro análisis). La ley 20680, también pretendía lo mismo, dado que los almacenes y las góndolas de los incipientes supermercados se encontraban prácticamente vacías, como cualquier persona de mediana edad recordará.

En cambio, la aplicación que pretende ahora llevar adelante el secretario de comercio Guillermo Moreno, con el evidente aval del Poder Ejecutivo, del Congreso, y del Poder Judicial de la Nación, es que alguien se encargue de hacer aparecer lo que no hay. Es decir, no se trata de que alguien acapare gas oil, por ejemplo, es que no lo hay. Y la necesidad imperiosa de importarlo se choca con la realidad de que los precios de importación superan a los de venta en el mercado interno. Por lo tanto las empresas son renuentes a importar; quienes tienen gasoil pretenden venderlo más caro (como a los turistas, por ejemplo), y quienes lo necesitan lo pagan lo que sea, como ocurre siempre que hay escasez de algo que es necesario.

El inmenso problema creado por los congelamientos de precios y los subsidios diferenciados ha llegado al punto de generar la ya recuperada inflación, el mercado paralelo, los controles de precios y finalmente la amenaza de sanciones y hasta cárcel para abastecer el mercado a los precios que los superfuncionarios creen que deben ser.

Viene a nuestra mente un dicho de aquel efímero canciller de Rodríguez Saa, Vernet (ex gobernador de Santa Fe), cuando dijo por televisión que había que levantar las persianas de los negocios y abastecerse de lo necesario. El Duce se relamía feliz en su tumba.

El funcionario Guillermo Moreno, al que hemos decidido calificar de Morenoman no en un sentido despectivo, sino más bien descriptivo, pretende que “llueva gas oil”, del mismo modo que hace un par de días amenazó con terminar con el sector textil si no bajan los precios de la ropa.

Observemos: el gas oil cuesta el doble en cualquier país limítrofe, tanto así que el mismo gobierno ha obligado a las estaciones de servicio de áreas de frontera a vender el producto más caro, cosa que no sería necesaria si todo se reduce a pedir que llueva el fluido para terminar el problema. La ropa cuesta monedas en términos internacionales y para colmo el dólar que hace un año estaba en $ 2,88 hoy está en $ 3,12 al tiempo que el real brasileño, por tomar un ejemplo, o el mismo dólar conservan aproximadamente sus valores internacionales. Un turista que hoy gasta 10 dólares puede pagar un producto que antes costaba $ 28,80, $ 31,20 y por lo tanto presiona sobre los precios. Este solo efecto, al que se deben sumar los ajustes salariales y de jubilaciones, empujan hacia arriba los precios de la ropa y de todo.

Volvemos a reiterar que el problema de la inflación es un problema esencialmente monetario, y no se ve por qué si el dólar es subido por el gobierno un 8,5% en pocos meses, no habrán de subir ciertos precios. No se entiende por qué si el gobierno presenta presupuestos con hipótesis inflacionarias que van entre el 7 y el 11% anual, ningún precio habrá de subir.

El funcionario Moreno, con su amenaza al sector textil, trae a nuestra mente aquel funcionario alfonsinista, Mazzorín, que un buen día decidió importar con el dinero de todos los contribuyentes 50 millones de dólares en pollos provenientes de Hungría (algo así como 300 millones de dólares de hoy). Pollos que luego de años de dormir (y pagar frío) en cámaras frigoríficas fueron depositados en el denominado Cinturón Ecológico. Ese funcionario, dijo un día públicamente que si él quería podía destruir al sector avícola. Misma frase, distinto destinatario, misma mentalidad, lamentablemente.

¿Es posible que en una República Constitucional, dentro de un Estado de Derecho, donde rigen los Derechos y Garantías constitucionales y la libertad de disponer de la propiedad, estos funcionarios manejen los dineros públicos y amenacen de esta forma a sectores económicos que entre otras cosas ocupan a millares de empleados y dan de comer a muchas familias?.

¿Cuál es el fundamento por el cual el Sr. Moreno pretende que la ropa no suba de precio si alguien está dispuesto a comprarla? Porque cuando las cosas que naturalmente tienden a subir de precio quedan congeladas por la presión de los gobiernos ocurre lo que acaba de ocurrir con la energía y específicamente con el gas oil: escasean.

Pero más allá del razonamiento técnico elemental que indica que las cosas valen aquello que la gente está dispuesta a pagar por ellas (como acaba de ocurrir con la carne, por ejemplo, que jamás bajó tanto de precio como los animales en pie luego de la violación del derecho constitucional de vender animales al exterior por una decisión de otro funcionario), más allá de este razonamiento básico, ¿es así como se construye esta nueva manera de hacer política que tanto anuncia el Dr Kirchner?. ¿O es antes bien más de lo mismo?

Hemos oído en estos días que el sector de la carne va volviendo a su normalidad luego del abuso de poder que implicó una resolución del Ministerio de economía violando el derecho de disponer de la propiedad, pero eso no es cierto. El daño hecho al sector es inmenso. El incumplimiento de contratos es una violación al más elemental estado de juridicidad de un país. Y esto fue lo que ocurrió, y ocurre, ya que la liberalización de exportar es limitada en tiempo y cantidad. Y lo mismo pasa con el vidrio y está ocurriendo con el trigo.

Pero para no hacer esto demasiado extenso nos limitaremos a preguntar: ¿lloverá gas oil en los próximos días o más bien seguirá escaseando y la cosa será cada vez peor?

¿Por qué acaba de aprobarse en el Senado la ley de promoción para explotar áreas petroleras offshore con participación de Enarsa y grandes ventajas impositivas? ¿Hace falta semejante concesión si de lo que se trata es de golpear la mesa y amenazar a las empresas para que provean gas oil? La pérdida tributaria del Estado para promocionar exploraciones petroleras que, de acuerdo con las palabras del poderoso funcionario, deberían surgir por sí solas, constituye en este caso un hecho insólito.

¿Por qué las empresas no invierten por sí solas para explorar y extraer petróleo en las áreas concesionadas o en otras que pudieran darse en concesión? Se supo en estos días que una licitación en este sentido en Mendoza al parecer resultó exitosa, pero no conocemos los detalles. Es decir, no sabemos si a cambio hubo algún tipo de concesión provincial (créditos blandos o lo que fuere).

Con todo, lo más grave es que los empresarios y quienes se sienten involucrados en estos desatinos no reaccionen criticando con todas las letras ciertos abusos evidentes. Tal vez el miedo a perder los subsidios haga su efecto. No lo sabemos.

¿Alguien ha atacado desde el gobierno nacional o el provincial esos centros de comercialización de ropa que funcionan de manera informal en la propia Capital y en sus alrededores? ¿Por qué no lo hacen si están al margen de la ley y por lo general es sabido que no pagan impuestos? ¿Será que tal vez necesitan que la gente tenga donde comprar ropa barata?. Barata, pero fabricada en condiciones que todo el mundo conoce, y vendida de igual forma.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

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economía y tributación

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