La falta de seguridad jurídica es un dato que día a día adquiere mayor magnitud. Se consignan en este trabajo algunos ejemplos, a la vez de reseñar brevemente las consecuencias obvias.

Acaba de conocerse en estas horas la noticia de que el Jefe de Gobierno Buenos Aires ha decidido, mediante un decreto, suspender los permisos de obra en seis barrios de la ciudad con el objeto de realizar estudios ambientales y decidir el camino a seguir. Dicho esto de una manera coloquial y para no entrar en avances semánticos innecesarios.

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La medida responde a reclamos de los vecinos, esencialmente, que aducen cuestiones vinculadas con el medio ambiente, con la falta de espacio verde, con la insuficiente infraestructura, etc.

Desde el vamos surge a la vista que probablemente los vecinos tengan una buena dosis de razón, ante el auge de la construcción en los últimos años. Auge que dicho sea de paso ha sido y sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la recuperación económica.

Lo que nos interesa señalar, sin embargo, es que la suspensión decretada no parece contemplar los derechos de los propietarios de lotes que los han adquirido antes o ahora y tienen el firme objetivo de construir allí un edificio siguiendo el código de planeamiento urbano. Es decir que la medida afecta el derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad sin que parezca resultarle necesario hacer las reservas del caso al Jefe de Gobierno ante la probabilidad cierta de que los propietarios citados reclamen judicialmente por sus derechos.

Reclamar por tales derechos significa, lisa y llanamente, pedir una indemnización. Ya que la figura adoptada no dista de ser una expropiación parcial por razones, en principio, de utilidad pública. El cercenamiento del derecho de usar y disponer de la propiedad debe ser fundado en ley y previamente indemnizado.

Que sepamos, y al momento de escribir estas líneas, nada de eso ha ocurrido, ni hay indicios de que fuera a ocurrir aunque más no fuera de modo extemporáneo. Es más, ni siquiera parece entrar en los cálculos del citado funcionario.

Cada uno de los propietarios de terrenos en los barrios afectados tiene derecho a iniciar una demanda por haberse alterado la norma jurídica existente. Y aquellos que viven en otros barrios de la ciudad tendrán que estar alertas de lo que pueda pasar, porque en un país donde las cosas se hacen de esta manera nadie está libre. Aunque en realidad, y al sólo objeto de evitar molestias, tiempos y costos innecesarios, el anuncio de que las expropiaciones parciales (por tiempo o por espacio) serán debidamente indemnizadas es de un grado de obviedad pavoroso.

La inseguridad jurídica es una cuestión esencial a la hora de decidir inversiones, en cualquier parte del mundo. Sabido es que en países como China las garantías ofrecidas por el Estado comunista son de un grado de seguridad que nadie podría dudar de ellas. Por tal razón las inversiones concurren masivamente al gigante asiático y son renuentes a venir a países como el nuestro donde cada funcionario literalmente hace lo que quiere y nadie parece cuestionarlo seriamente. Más bien al contrario: lo justifican y enaltecen.

Si pensamos lo que ha pasado y pasa con la prohibición de exportaciones cárnicas, los precios índices de los granos sobre los que se aplican los derechos de exportación, los controles de precios y de costos en los que las empresas se encuentran sujetas a la arbitrariedad de prepotentes funcionarios, el corte de tranqueras por parte de funcionarios del gobierno sin que absolutamente nada ocurra, el aumento o baja de los derechos de exportación (como ocurriera con los lácteos) según la particular visión de cuáles deben ser los precios internos de esos productos a juicio del presidente de la Nación, la prohibición del lanzamiento del gas oil “súper” por parte de una petrolera aplicada con efecto retroactivo, la necesidad de pedir permiso para aumentar cuotas de prepagas cuando existen obras sociales compulsivas y hospital público, e innumerables etcéteras, pintan una realidad absolutamente conducente al efecto contrario al que en principio pareciera el deseado.

Viene a nuestra mente, a título de anécdota, aquella oportunidad en la que un camión cargado de naranjas volcó en una calle capitalina y varias personas se apresuraron a apoderarse de los frutos esparcidos. Recordamos nítidamente cómo un “movilero” del programa de un periodista serio y al parecer muy responsable le preguntaba a una señora, cargadas sus bolsas de naranjas, si tenía trabajo, en lugar de hacerle saber (en tren de decir algo) que estaba llevándose lo que no es suyo. Nos preguntamos qué habrá sido del propietario del camión y de su negocio. Y también nos preguntamos qué habrá sido de sus empleados.

Resulta descorazonador observar que prácticamente desde ningún sector salen las que podríamos considerar voces responsables a poner las cosas en su lugar. Al contrario.

En su momento el presidente de la República incitó al boicot por parte del público a las estaciones de servicio de una petrolera que había decidido, legalmente, subir los precios de sus productos. Tal boicot fue acompañado de un verdadero magma de subsidiados por el Estado comandados por el ahora renunciante secretario de “hábitat social”. ¿Es todo esto una explicación a la necesidad de insistir en que vengan inversiones a que recurre el gobierno prácticamente todos los días, o no lo es?

Estamos ante una realidad que no puede soslayarse. El país ha abandonado sus instituciones, literalmente. No queremos expandir nuestro comentario a cuestiones que no estén vinculadas con la economía, como podría ser por ejemplo lo que ocurre en el fútbol o en la justicia en general (y en particular lo que acaba de ocurrir con la Corte Suprema, que luego de un año de silencio ante la vacante de dos de sus miembros, la esposa del presidente sale a anunciar que presenta un proyecto para reducirla a cinco, sin que ella ni su marido expresen una sola palabra acerca de por qué éste último no propuso reemplazar tales vacantes ni antes ni ahora cuando está obligado a hacerlo). No queremos avanzar sobre otros temas, decimos, pero es obvio que influyen en las decisiones empresariales.

Nadie es ajeno, y la frase “estamos en la Argentina” se oye cada vez con más frecuencia.

El funcionamiento de las instituciones, el respeto del Estado de Derecho y su Carta Magna son fundamentales en todos los ámbitos.

Podríamos decir, tomando un razonamiento filosófico que no nos pertenece pero que viene muy a cuento, que cuando no hay justicia, se hace justicia de algún modo. Y nos referimos al hecho de que la sociedad en su conjunto paga las consecuencias, no a la “justicia por mano propia” que aborrecemos.

La penosa conclusión de todo esto es que, si alguien tiene en mente iniciar lo que ahora se llama un emprendimiento, sepa que además de los riesgos inherentes a la persona humana y a la actividad a que se dedique, tiene indudablemente que sumar a ello el riesgo que implica que cualquier funcionario; Telerman, Moreno, Kirchner, Felisa Miceli o quien fuere, le puede dar vuelta la taba por las razones que fueren en cualquier momento, y estamos seguros de que semejante abuso de derecho jamás sea indemnizado de ninguna forma, y encima es también muy posible que tal acción cuente con el apoyo mayoritario de la población.

No queremos molestar a nadie, tan sólo pretendemos reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de actos. Pretendemos invitar a los lectores a que piensen por un instante en qué sentirían en caso de iniciar alguna actividad para encontrarse a poco andar con que se la prohíben luego incluso de haber invertido tiempo y dinero en iniciarla. Siendo a su vez que cuando la inició era perfectamente legal y autorizada.

Repetimos: no estamos diciendo que a los vecinos que ven que crecen edificios como hongos en su derredor no les asista razón en cuanto a si la infraestructura resistirá, por ejemplo. Estamos diciendo que si la infraestructura no resiste y no hay tiempo de hacerla resistir, los afectados deben ser indemnizados. Así de sencillo. Y deben serlo sin tener que reclamarlo, porque esa es la ley. Esto mismo vale para todos los sectores afectados por el pulgar oficial: carnes, granos, vidrios, estaciones de servicio, petroleras que lanzan nuevos productos de manera absolutamente legal y son luego prohibidos por resoluciones con vigencia retroactiva, etc.

La Argentina necesita imperiosamente conformar instituciones sólidas y respetar el Estado de Derecho. Y sin embargo parece ser que estamos muy lejos de eso. No sólo estamos muy lejos, sino que también parece que cada vez lo estamos más.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2006

HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

economía y tributación

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