economía: DEL CEPO AL AJUSTE

Nadie puede poner en duda a estas alturas que las medidas en materia de restricciones a la compra de moneda extranjera, tales como la “autorización” previa de la AFIP constituyen en realidad un verdadero cepo para evitar la fuga de dólares del sistema. Ningún control de este tipo apunta a capturar evasores porque es evidente que para poder capturarlos es preciso primero corroborar el delito, lo que obviamente no ocurre cuando un sistema operativo dice que alguien “no tendría capacidad contributiva” o frases por el estilo, sino cuando se adquiere moneda extranjera con dinero de origen ilegal.

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Nadie parece tampoco dispuesto a discutir seriamente la clara violación de preceptos constitucionales que llevan ínsitas esta clase de disposiciones en cuanto prohíben la libre disposición del patrimonio personal y obligan a los interesados a introducirse en un verdadero laberinto borgeano para intentar sortear las dificultades. Las cuales por otra parte suelen tener un origen desconocido o responder a cuestiones absolutamente ajenas a la falta de declaración de bienes y haciendas, tales como por ejemplo errores u omisiones formales o detalles nimios en la composición de un patrimonio.

La cuestión no se ha quedado solamente en esta especie de “vista previa” sino que ha avanzado de manera casi risueña con la aparición de sabuesos encargados de detectar si quienes viajan al exterior llevan ocultos entre sus prendas y petates, billetes de banco de origen extranjero.

A las restricciones a las importaciones impuestas desde hace ya bastante tiempo, se les suman cada día nuevas y fervorosas “iniciativas” tendientes a limitar mediante autorizaciones oficiales las adquisiciones en el Exterior de prácticamente todos los productos, con esa forma primitiva de proceder que tienen ciertos funcionarios de raigambre intervencionista que no alcanzan a ver que cualquier medida restrictiva en un mundo interconectado y en el que toda transacción requiere de dos partes, lo mismo que para bailar el tango.

En verdad, todo este galimatías policíaco tiene como único fin mantener una balanza comercial favorable en torno de los 10.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta que siempre las restricciones producen represalias y mercados negros, amén de encarecimiento de productos y la tan odiada “desaceleración” de la economía.

Nuestro país ha recurrido con persistencia al uso de reservas del Banco Central para hacer frente a compromisos de deuda en divisas. Ello en virtud de que el superávit fiscal hace rato que ha mermado o directamente se ha extinguido, y que cuando existía se lo destinaba al gasto corriente en lugar de destinarlo a la adquisición de las divisas para hacer frente a los compromisos externos. El uso de tales reservas deteriora el valor de los pesos y contribuye a acelerar el proceso inflacionario, al tiempo que las restricciones o “cepo” al que venimos refiriéndonos opera en el sentido de frenar la economía y por lo tanto disminuir la tasa de inflación.

Pero resulta que llega un punto en que las reservas no alcanzan, el cepo importador produce reciprocidad de los clientes y proveedores externos y en definitiva la cuesta se empina hacia abajo cada vez más rápidamente.

Ni los controles de precios ni la deformación de los índices de inflación pueden modificar la realidad. Por ello, mientras el dólar oficial se mantiene dentro de un rango deprimido con respecto a la inflación real, se encarece cada vez más el costo de producir bienes y servicios y baja la competitividad, dificultando tanto la producción como las exportaciones locales. El efecto es más grave todavía si tomamos en cuenta las restricciones insólitas a las exportaciones de ciertos granos y otros productos agropecuarios.

El viejo adagio de la sábana corta es perfectamente aplicable a la situación argentina. El deterioro de las cuentas fiscales se ve agravado además por el estancamiento de los precios de las commodities en el mercado internacional. También la quita de subsidios a los servicios de agua, electricidad y gas tienden claramente a provocar una desaceleración real. Lo que ocurre con los subtes, más allá de la cuestión política (o más bien politiquera) es una cruda realidad. El boleto de ese medio de transporte estaba costando algo más de 20 centavos de dólar, un valor a todas luces ridículo y que hace inviable la prestación del servicio sin un claro subsidio estatal. Para que el boleto de subte deba ser elevado un 127% de una sola vez, tienen que estar las cuentas lo suficientemente deterioradas, porque de otra forma no termina uno de explicarse el porqué. Ningún político es un kamikaze, y no importa el partido de que se trate.

El gobierno argentino ha venido intentado disfrazar esta realidad con propaganda política y ataques a los medios disidentes. Como ha hecho con el INDEC, ha decidido que el ocultamiento de ciertas verdades de a puño hace que éstas desaparezcan o se disimulen de tal modo que no habrían de notarse.

Nada de eso dará resultado, obviamente. 70 años de propaganda no lograron impedir la caída del Muro de Berlín, y ninguna “revolución cultural” pudo detener el avance capitalista de la República Popular China. Más atrás en el tiempo, ya sabemos dónde terminaron los regímenes autoritarios vigentes durante la segunda guerra mundial, con su aparato de propaganda y sus “radios del pueblo”. El final es inevitable.

El verdadero estado policial impuesto en las transacciones comerciales, limitante del derecho a disponer de los bienes propios, propagador de sistemas de información y delación de carácter fiscal y bancario que han terminado con los secretos en ambos campos, y la proliferación de sistemas de control que limitan o dificultan seriamente la operatoria comercial y financiera no están destinados a mejorar el control para cumplir con exigencias internacionales sobre lavado de dinero. Ningún permiso previo, ninguna autorización de importación, ninguna restricción de exportación, ningún control de precios, ningún régimen de información masivo sobre movimientos bancarios o de tarjetas de crédito, contribuye un ápice a disminuir o terminar con el lavado de dinero. Máxime cuando el país hace apenas cuatro años llevó adelante mediante una ley un blanqueo de capitales de una amplitud y generosidad que no tiene explicación dentro de la lógica que hoy se pretende defender.

El cepo cambiario y del comercio exterior en general lleva claramente la marca del ajuste más brutal. A ello se le suma la quita de subsidios, que no hace sino llevarnos a preguntar para qué se impusieron si no eran medidas adecuadas, o en su caso por qué razón dejaron de serlo.

Del cepo al ajuste no hay ni siquiera un paso. Son los dos impostores de Rudyard Kipling: el triunfo y la derrota. El triunfo de las medidas restrictivas contribuye a la derrota que significa el denostado ajuste.

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 11 de enero de 2012