Puede no resultar tan importante el cambio de ministro de economía, dado que la función del ministerio respectivo es bastante menor en estos días. Pero es trascendental tomar en cuenta en qué circunstancias fue preciso hacer el cambio.

Los comentarios de los medios son casi idénticos: Miguel Peirano es un “industrialista”, un “productivista”, alguien muy técnico y partidario del “modelo” llevado adelante por el Gobierno Nacional. Es decir, tipo de cambio caro, políticas “activas”, regulación de importaciones mediante zonas o sectores protegidos, etc.
Ayer escuchábamos al ex titular de la UIA y ministro del gobierno del Dr. Duhalde Ignacio de Mendiguren opinar exultante sobre las bondades del ministro designado y su perfil industrial. De Mendiguren no perdió en el diálogo que comentamos, la oportunidad de defenestrar a “los años 90” y la política económica seguida, que para él estaba destinada al sector financiero y no al industrial.
Es curioso que De Mendiguren haya sostenido públicamente en otros tiempos que nunca el país había tenido hasta entonces (año 2000) una industria tecnológicamente tan desarrollada, cuando no cabe otra cosa que, por carácter transitivo, adjudicar a la política económica con perfil financiero referida.
Más allá del lamentable episodio de la Lic. Meceli, lo cierto y concreto es que su renuncia ha sido forzada por las circunstancias, al mismo tiempo que intempestiva; ya que si duró en su cargo algunas semanas desde que se hiciera público el “affaire” de la bolsa de dinero, su suerte pareció sellada desde el primer día.
Algunos analistas han venido sosteniendo que el gobierno era reacio a producir un cambio en circunstancias tan complejas, no sólo por el frente económico (inflación, INDEC, crisis energética) sino por el político (elecciones presidenciales con la primera dama como candidata luego de las derrotas de la Ciudad de Buenos Aires y de Tierra del Fuego). Es probable que así sea la cuestión. Pero también lo es que el presidente hubiera querido sostener a la ahora ex ministra por alguna otra razón. Motivaciones puede haber muchas, y es sabido que cuando se entra en un proceso sucesorio, las “internas” entre facciones se ponen a la orden del día.
El nuevo ministro se presenta como heterodoxo, crítico de la llamada “convertibilidad”, defensor de políticas industriales activas y del tipo de cambio artificialmente alto. Es decir, defensor de lo hecho hasta ahora, de lo que hizo el Dr. Lavagna, continuó la Lic. Miceli y avaló en todo momento el presidente Kirchner. Este tipo de políticas, sin embargo, no pueden durar indefinidamente, los nubarrones inflacionarios se vuelven cada vez más densos, la inseguridad jurídica a que el intervencionismo da lugar espanta las inversiones y los controles de precios y salarios provocan escasez y desabastecimiento. No es muy diferente mantener un tipo de cambio fijo convertible a mantener un tipo de cambio fijo, alto y también convertible en definitiva. Ambas posiciones implican un artilugio monetario que en el primero de los casos favorece hasta cierto punto la inversión tecnológica, y en el segundo una inversión subsidiada, de mediana o mala calidad en un esquema exportador que garantiza el superávit mientras no explote la inflación generada por la emisión de moneda para comprar divisas caras.
El nuevo ministro ha sido el principal negociador en las discusiones dentro del MERCOSUR. Dicen que fue él quien determinó las salvaguardas contra Brasil para proteger la industria del electrodoméstico y la textil.
Bien, en este marco puede esperarse un panorama proteccionista, con subsidios, tipo de cambio alto, creciente presión inflacionaria y la consecuente inseguridad jurídica, dato inherente al intervencionismo. A ello se agrega como decimos el acto eleccionario de octubre, en el cual la señora del presidente y no él será la candidata.
Los hechos sospechados de corrupción han afectado ya a varios funcionarios, algunos de los cuales permanecen en los cargos. Hay elementos objetivos que llevan a suponer que otros hechos aparecerán en breve tiempo más, sobre todo si se tiene en cuenta el manejo discrecional de los excedentes de superávit fiscal o de los fondos fiduciarios que han sido creados en estos últimos años y escapan al control de SIGEN. No es bueno dar lugar a la tentación, y la verdad que en materia de manejo del erario la situación dista de ser la mejor. Una buena administración debe promover controles cruzados, auditorías independientes, balances transparentes y publicación de las cuentas públicas, tal como lo exigen la Constitución y las leyes. Y esto debe ser universal. Si un funcionario puede manejar discrecionalmente millones de pesos, estamos apuntando a que sea honesto, y no a que deba serlo. El año electoral lleva a un incremento del gasto público que seguramente dejará el tendal de déficit provinciales, con lo cual en nuevo ministro tendrá que hamacarse bastante si quiere mantener “la casa en orden”.
Y finalmente diremos una cosa más: una economía es un todo, es una resultante del todo. No se trata de que un país deba ser “industrial”. Un país debe ser todo: industria, comercio, servicios, finanzas. Es de Perogrullo decir que si se favorece a unos en desmedro de los otros, no se está en el camino correcto. Actualmente el campo es el que paga esencialmente las “políticas activas”, como ya ha ocurrido en otras épocas. Es decir que el sector que acerca las divisas debe contribuir para que funcionarios y gobernantes teoricen sobre prioridades, extraigan los fondos de manera forzosa y luego lleven a cabo sus “emprendimientos” en general con créditos blandos (que pagamos todos, en general a conocidos o amigos, y en general con resultados escalofriantemente pésimos. Esperemos que no sea el caso, por el bien de todos.

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Buenos Aires, 17 de julio de 2007 HÉCTOR BLAS TRILLO

ESTUDIO
HÉCTOR BLAS TRILLO
Contadores Públicos