ACTUALIDAD ECONÓMICA: EL PARO AGROPECUARIO

La situación planteada por las medidas del gobierno que afectan al sector agropecuario se agrava día tras día y no parece vislumbrarse una solución. Tratamos de analizar desde un punto de vista económico esta cuestión

​​

La política económica seguida por el actual gobierno y el anterior, tiene algunas premisas básicas sobre las que se ha sostenido en todos estos años:

- Tipo de cambio artificialmente alto

- Default de la deuda del Estado

- Derechos de exportación fundamentados esencialmente en el tipo de cambio

- Controles de precios

- Salarios bajos en dólares consecuencia del tipo de cambio

- Encarecimiento o cierre de importaciones de determinados artículos

Este es, básicamente, el modelo industrialista que se ha impuesto incluso desde el momento en que Eduardo Duhalde se hizo cargo de la gestión presidencial en 2002. El esquema no es para nada novedoso y muestra, a poco que se analicen sus distintos componentes, su vulnerabilidad.

En efecto, el tipo de cambio alto tiene como límite la inflación que produce la expansión monetaria que significa comprar dólares excedentes (para evitar que baje su precio) mediante emisión de moneda. El default de la deuda pública origina enormes problemas de financiamiento externo y problemas judiciales en el exterior por intentos de cobro de parte de acreedores que no han aceptado el canje forzoso de sus títulos. Los derechos de exportación (retenciones) constituyen una medida contra natura, dado que tiende a desalentar la producción de bienes exportables. Los salarios bajos en dólares chocan con el problema de que los precios suben sin solución de continuidad con motivo de la inflación creciente (producto esencialmente de la expansión monetaria) mientras no ocurre lo mismo con el tipo de cambio, cuya suba se ve restringida por el efecto inflacionario señalado. Finalmente, el encarecimiento de las importaciones de bienes y tecnología, provoca un retraso tecnológico creciente y contribuye seriamente a aislar al país del mundo actual.

El gobierno ha intentado paliar los efectos negativos de su plan a lo largo de todos estos años. Para eso aplicó crecientes controles de precios, prohibió exportaciones de carnes y de vidrio, restringió las exportaciones mediante el establecimiento de registros o con topes, estableció una gama compleja de subsidios y regímenes promocionales, etc.

Podemos observar que en esencia los controles de precios y las limitaciones a las exportaciones operan como elementos distintivos del desaliento a la inversión, al menos en el medio local. Nadie arriesga inversiones si sabe que los precios a los que pueda vender su producto están supeditados a decisiones políticas imprevisibles. Si a esto le sumamos las restricciones a las exportaciones, todo el esquema queda reducido a esperar a ver qué hará el gobierno y no invertir sino lo necesario e indispensable para obtener una tasa de retorno lo suficientemente elevada como para achicar al máximo el tiempo de espera.

Esta, si se quiere, larga introducción nos lleva al problema planteado con el sector agropecuario en estos días. Aquellos derechos de exportación fijados al comienzo en un 8% fueron incrementados exponencialmente llegando hoy por hoy a topes cercanos al 50% a los precios vigentes. En realidad, el sistema de retenciones móviles anunciado por el ministro Lousteau, no solamente constituye una suba en los derechos de exportación, sino que directamente impone un precio máximo en caso de mejorar la cotización internacional. El ministro ha considerado que el precio ha llegado a un techo, esa es la cuestión. Pero no llegaron a un techo los costos de producción, que siguen subiendo a un ritmo promedio superior al 20% anual. Esta es la proverbial madre del borrego

No sabemos si por incomprensión, desconocimiento y concepciones ideológicas arcaicas e inconducentes, el gobierno ha salido a atacar con toda virulencia a los representantes del sector agropecuario con las viejas y remanidas consignas basadas en la insensibilidad social y otras lindezas que por costumbre ya no producen mayores efectos. En verdad, lo que se observa es que se ha llegado a un punto en el que, si antes ciertos productores preferían achicarse y callarse, ahora resulta lo contrario, se han puesto más vehementes todavía.

Pero, ¿por qué el gobierno insiste en este esquema según el cual quienes no aceptan lo que él propone son injustos, desconsiderados, extorsionadores y varios etcéteras, y no personas que se sienten avasalladas y que comprendieron finalmente que nada ni nadie detendrá a los gobernantes a la hora de servirse del campo para los fines que fueren?. El gobierno intenta defenderse hablando de pujas redistributivas, de emergencias económicas y de necesidades básicas insatisfechas de la población, cuando en realidad todo el mundo sabe que maneja a discreción cifras fabulosas provenientes de los derechos de exportación, dado que no existe para ellas la coparticipación federal. El gobierno también se detiene en los subsidios al gasoil dado que éste es utilizado por el sector, cuando es notoria la escasez y el mercado negro es cada día más corriente. Otros argumentos, como la sojización , no explican la carga de derechos a la producción en marcha y por lo tanto caen por sí solos. Incluso torpemente. Porque atacar la creación de riqueza para que ésta no se produzca es bastante delirante.

El daño a la producción de carne ya está hecho. Y lo mismo ocurre con los lácteos. Ahora le llega el turno a la soja y al girasol. Si bien se argumenta desde el gobierno que los campos valen varias veces más que lo que valían en 2002, es obvio que la razón fundamental de ello no son los derechos de exportación móviles ni las prohibiciones de exportación, sino los altos precios internacionales de las commodities . Es decir que en el sector agropecuario lo que se observa es que si les va bien no es como consecuencia de lo que hace el gobierno, antes bien al contrario: lo que hace el gobierno es impedirles que les vaya mejor. Y ahora con las retenciones móviles les ha llegado el pitazo final.

Más allá del evidente afán recaudatorio, es obvio que los intentos de contener la inflación que el mismo modelo provoca no son, ni por lejos, los adecuados. En realidad, el gobierno no ataca la inflación, sino sus consecuencias. Y encima lo hace pésimamente, desalentando inversiones y originando conflictos como el que nos ocupa. El evidente error de diagnóstico es elocuente: la suba de determinados precios de terminados productos no es en sí misma indicadora de inflación. Ésta se define como la suba generalizada de precios, no de algunos precios, que es, técnicamente, un cambio de precios relativos y nada más. Si uno o varios productos suben de precio, los consumidores tienden a demandar menos los productos encarecidos y en su lugar consumir otros, o ninguno. La inflación ocurre porque las subas de precios son convalidadas por la expansión monetaria, de lo contrario los nuevos precios de algunas cosas llevarían a la baja de precios de otras. Este razonamiento, tan simple y obvio para cualquier economista, no parece ser tomado en cuenta por los gobernantes, que una y otra vez se lanzan a la casa de extorsionadores con una intensidad que, dicen, incluye hasta las llamadas operaciones de prensa.

Personalmente hemos oído en la radio acusar a los grandes productores agropecuarios que veranean en Saint Tropez y que no trabajan en el campo de incentivar el paro y los cortes de rutas. O que les pagan sueldos bajos a sus colaboradores, por ejemplo. La amañada forma de intentar desprestigiar a quien no hace lo que nosotros queremos que haga, suele resultar muy argentina, desgraciadamente. La idea de que los ricos no pueden quejarse también es muy nuestra. No podemos afirmar ni negar que existan tales operaciones de prensa, pero este tipo de discursos son bastante comunes entre ciertos funcionarios actuales (y algunos ex funcionarios también) y llama la atención que se los escuche en radios supuestamente independientes en las que suelen hablar entendidos en finanzas y economía que se cansan de explicar por dónde pasa el quid de la cuestión.

La verdad es que las tramas argumentales descalificatorias no conducen a nada bueno. Hemos vivido en la Argentina situaciones parecidas varias veces. El gobierno redobla la apuesta con amenazas de cierres de exportaciones, de aplicación de la ley de abastecimiento y de insultos. Al menos dicen los diarios que en algunos piquetes de la gente del campo han aparecido extraños con intenciones intimidatorias manifiestas. Los dirigentes camioneros han salido a expresarse de manera prepotente y soez en contra de los cortes de ruta (una institución nacional de los tiempos que corren, producto de la tolerancia y permisividad de origen que han tenido) amenazando lisa y llanamente a los participantes. La flagrante contradicción en la que incurren los eternos personeros de tales cortes de ruta, es, por lo demás, de una elocuencia estremecedora. Lo cierto es que podemos registrar una escalada de violencia (los cortes no son otra cosa, y los insultos de los ministros mucho menos) que difícilmente, de continuar, termine bien.

Es fácil colegir que el país no va a crecer, los capitales no van a venir, y la seguridad jurídica no va a reinar sobre la base de diatribas y aprietes. Comprender el problema es comenzar a resolverlo , reza el viejo axioma del psicoanálisis. Tenemos un problema inflacionario y de falta de eficiencia. Enorme gasto público, creciente absorción de recursos por el Estado central que se distribuyen (o no) sobre bases políticas. No se respeta la coparticipación federal. Se intervienen los mercados y se persigue y acusa a quienes disienten.

El problema inflacionario es un problema monetario. Y resolver el problema es atacar las causas de la expansión monetaria para frenarla. Ello conlleva una baja en el valor del dólar, una baja progresiva de los derechos de exportación, una apertura de las importaciones a precios accesibles, una mejor eficiencia en la asignación de los recursos asumiendo la realidad de que ciertas cosas (como los combustibles, por ejemplo) son más caras, etc. El costo político de enfrentar la realidad no es menor, lo comprendemos, pero la situación actual sólo nos conducirá progresivamente al abismo.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO

Buenos Aires, 22 de marzo de 2008

INVITAMOS A LA SUSCRIPCIÓN PLENA AL BOLETÍN ECOTRIBUTARIA A UN COSTO ANUAL DE $ 220.-. RECIBA TODA LA INFORMACIÓN Y NUESTROS COMENTARIOS Y ACCEDA AL SERVICIO DE CONSULTAS GRATUITAS POR CORREO ELECTRÓNICO

CONSULTE FORMA DE SUSCRIPCIÓN POR MAIL A [email protected] ([email protected])

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Economía y tributación

(011) 5254-5820 (011) 154-4718968

RAMOS MEJÍA BUENOS AIRES

www.hectortrillo.com.ar