Como es de conocimiento público, el gobierno nacional divulgó que tiene conocimiento de la existencia de más de 4.000 cuentas de argentinos en Suiza. Trascartón, tanto la presidenta como diversos funcionarios se dedicaron a hacer cuentas respecto de las cosas que se podrían haber hecho en el país si el dinero de tales cuentas hubiera sido declarado y por lo tanto sus titulares haber cumplido con sus obligaciones fiscales.

Más allá de la clara ilegalidad con la que se ha manejado el titular de la AFIP y el gobierno todo en este asunto; e incluso más allá de que al menos varios de los nombres que trascendieron tenían el dinero perfectamente declarado; es interesante volver una vez más a analizar las causas y efectos de la economía informal en países como la Argentina.

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Empecemos por decir que un alto porcentaje de la operatoria económica en nuestro país funciona de manera ilegal. Existen cálculos de cuánto es tal porcentaje, y casi ninguno baja del 40%. Tomemos ese dato como bastante aproximado.

Si estimamos el producto bruto interno en torno de los 500.000 millones de dólares, podemos inferir que cada año se genera de manera informal una cifra en torno de los 200.000 millones de esa moneda. Esto significa, en 10 años, una cifra informal del orden de los dos billones de dólares.

Se calcula que existe dinero de argentinos en el exterior entre los 200.000 y los 350.000 millones de dólares. No se precisa cuánto de ese dinero está declarado y cuánto no. Pero esto hace presumir que de una monumental cifra de dinero negro una buena parte se recicla en el mercado local, lo cual tiene su lógica si pensamos que la actividad informal sigue su curso año tras año.

Cualquiera de nosotros puede ver todos los días cómo se trabaja en negro en la Argentina. Desde un comercio de barrio hasta los vendedores ambulantes (hoy llamados “manteros”), hasta las “saladas” y “saladitas”, o el Mercado Central y, en general, el comercio ilegal de todo tipo de productos por los cuales no se entregan facturas.

Si nos ponemos a pensar en un día cualquiera de nuestras vidas, y en todo lo que hacemos en materia de transacciones económicas, podemos tener una mejor dimensión de este fenómeno. La verdulería, la carnicería, el supermercadito, el plomero o el techista que concurren a reparar algo en nuestra casa. Todo es en negro. Las películas “truchas” en DVD se venden alrededor de todos los centros comerciales de todas las ciudades. Y del mismo modo se consigue todo tipo de programas electrónicos para nuestras computadoras. Muchos se ofrecen cotidianamente por Internet y también en publicaciones gráficas. Los juegos para la Play Station, los discos “blue ray”. Los antivirus. Los programas avanzados para audio y video. La música, el cine. Todo se consigue de manera informal en todas partes.

Mucha gente percibe una parte de su sueldo en negro, cuando no todo. Quienes deben facturar sus servicios trabajan una buena parte en negro. Y el pago en efectivo permite obtener descuentos, en parte porque no se blanquea la operación como ocurre cuando se paga con tarjeta de crédito o de débito.

Millones de empleados públicos figuran como “contratados”, es decir, fuera de la ley de contrato de trabajo. Casi siempre en las negociaciones por salarios, las “convenciones” acuerdan montos “no remunerativos”, es decir, sin cargas sociales; todo ello homologado por el Ministerio de Trabajo.

Llevar el auto al mecánico, al gomero, al chapista, implica trabajo en negro, a menos que tengamos que elevar el gasto al seguro o pidamos la factura por la razón que fuere, haciéndonos cargo de la diferencia.

El alojamiento en hoteles y pensiones muchas veces también se paga en negro, especialmente cuando se trata de establecimientos de baja o media categoría.

En los restaurantes es bastante común que no se entregue factura. Y habitual que nos entreguen tíckets con la leyenda “no válido como factura”. En las boutiques, no es extraño que a uno le digan “para cambiar, basta con que venga con la bolsita”.

En el Centro de cualquier ciudad, en las ferias francas, en los trenes colectivos y subtes, en las estaciones de trenes y de ómnibus, en las ferias de colectividade, en las ferias artesanales, en todas partes se comercializan todos los días productos de manera ilegal.

Por lo tanto, más allá de que las estimaciones que volcamos al principio puedan estar erradas, lo cierto es que es muchísimo lo que normalmente se comercializa de modo informal.

A todo esto se suma la proliferación de productos falsificados. Desde ropa hasta relojes.

Es obvio entonces que corresponde analizar cuáles son las razones de todo este inmenso comercio fuera de la legalidad. Y por qué el propio Estado termina siendo cómplice. Porque eso también hay que decirlo. Porque los “contratados” por el Estado o las “saladas” promocionadas con bombos y platillos en Angola muestran claramente que el gobierno es cómplice. Como también lo es cuando aprueba “convenios salariales” con cifras no remunerativas; entre otras cosas.

Oficialmente, esto se pinta por el lado de la “angurria empresaria”. Los comerciantes “quieren ganar más”. Y las campañas de “no deje que le roben” son de vieja data y de otros gobiernos. “Exija su factura” es un cartelito que podemos ver en todos lados.

La verdad de toda esta historia es que, sin dejar de observar que hay siempre seres angurrientos, o avaros, que no reparan mientes con tal de ganar más, también existe una necesidad de producir y de vender fuera de la ley para que el mercado pueda acceder a los productos.

Para decirlo de otro modo: es muchísima la gente que solo podría tener un acceso muy limitado a todos y cada uno de los productos que someramente enumeramos si se tratara de operaciones en blanco y declaradas.

Nadie o casi nadie puede hoy en día iniciar una nueva actividad colocando todo en blanco y dentro de la formalidad. Desde un maxiquiosco hasta un local en una galería o shopping. Es así y todo el mundo lo sabe.

Por lo tanto este panorama informal es el que permite que muchísimos productos lleguen a abastecer una demanda que de no ser por la informalidad no podría ser abastecida. Es así y hay que decirlo.

A su vez toda la venta informal genera un gran negocio para punteros políticos y, según puede colegirse, para autoridades y fuerzas de seguridad. Nadie puede explicarse cómo es posible que si tenemos 7 u 8 vendedores ilegales por cuadra en pleno centro de cualquier ciudad, la policía, la AFIP o quien fuere no puede sancionarlos y llevarlos presos.

Una cosa es que alguien de contrabando, por debajo de la mesa, nos venda una película que todavía está cartel, pero en una copia ilegal. Y otra es que todos los días de nuestra vida tengamos a las mismas personas vendiendo de a centenares en plena vía pública.

Por todo esto, y sin entrar en otros detalles que podrían dar para otro análisis, como ser la pérdida de divisas que generan las prohibiciones de exportar o la pésima política energética llevada a cabo por el actual gobierno, está muy claro que los consumidores se favorecen pagando precios muchísimo más bajos las cosas que se piratean o se venden en negro.

Ir a comer a un tenedor libre y que nos den factura era, hasta no hace mucho, un bien inalcanzable. La causa es bastante evidente: no es posible trabajar a un determinado precio si se vende en blanco. Y la diferencia entre el blanco y el negro está en el orden del 50% en gastronomía, al menos por lo que se dice. Y no parece alocado. IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, Activos, Bienes Personales, Débitos y Créditos Bancarios son algunas de las gabelas que deben tributarse cuando se opera formalmente.

Y también corresponde mencionar otro efecto de la compraventa ilegal. Ocurre que a los consumidores les rinden mucho más sus ingresos, por lo cual la demanda agregada es más alta. Es decir que si toda la economía estuviera en blanco y pudiera funcionar de ese modo, la demanda agregada sería muchísimo menor.

Por lo tanto, los análisis que pretenden determinar el efecto que produciría sobre la distribución de la riqueza o los servicios que el Estado podría haber brindado con el dinero negro, también deberían incluir todo aquello que las personas pueden hacer a lo largo de muchos años gracias a que existe un mercado negro.

Decir esto no es simpático, pero en términos económicos es absolutamente cierto. Poder adquirir bienes y servicios a menores precios incrementa la demanda y mejora la calidad de vida de los consumidores. Para decirlo de otro modo: si toda la economía funcionara en blanco, y todos los productos que adquirimos cotidianamente fueran rigurosamente legales y vendidos absolutamente en blanco, la capacidad de compra de toda la población sería muchísimo menor. Insistimos: esto no es simpático, pero es cierto. Es más, nos atrevemos a decir que si de un día para el otro todo el mundo legalizara todas sus operaciones, probablemente la economía se detendría por una crisis de demanda.

Bien, la razón de ser de este comentario es la de poner sobre el tapete la otra cara de la venta informal. La que demuestra que no solamente se trata de comerciantes angurrientos y deshonestos que las quieren todas para ellos, como suele oírse, sino también de una inmensa masa de consumidores que prefieren pagar menos por lo que consumen y no les importa que sea ilegal. Y finalmente, para que no queden dudas, acá no estamos justificando de ninguna manera la operatoria en negro de absolutamente nada. Pero hay que ser realistas. La presión tributaria y en engorro burocrático tiene muchas consecuencias, entre las cuales también está la informalidad.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014

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