Intervencionismo y corrupción

La ciencia económica es considerada una ciencia social y por lo tanto no exacta. Como se sabe, existen dos tendencias en el mundo, más o menos definidas. Una apunta al intervencionismo y entendemos que es absolutamente mayoritaria, y la otra a la libertad más o menos irrestricta en materia económica.

Las razones por las cuales han proliferado a lo largo de los siglos lo que nosotros llamamos las teorías intervencionistas, se basan en el hecho de que el mercado libre genera al parecer enormes injusticias, y que éstas deben ser corregidas por la acción del hombre, en tanto ser racional.

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Frases tales como “el pez grande se come al chico” forman parte del acervo popular y están en el meollo de las razones por las cuales el mercado es considerado, en muchísimos casos, como una suerte de demonio de características etéreas y hasta deletéreas.

Nosotros consideramos que el mercado cuando funciona libremente regula de manera automática los distintos factores, y la distribución de los bienes y servicios se asigna entre la población según esfuerzos y capacidades. A la larga o a la corta, son los resultados, en el sentido económico del término, los que deciden producir o dejar de hacerlo, aumentar o disminuir el volumen producido, o buscar variantes mediante innovaciones para mejorar la performance. No es este el espacio para ampliar nuestras explicaciones sobre el funcionamiento del mercado, dado que el objeto de estas líneas es intentar explicar por qué el intervencionismo se relaciona tan estrechamente con la corrupción, tal como ocurre en la Argentina de hoy.

Decíamos que el mercado funciona y regula los distintos factores económicos. Y agregamos que ello también ocurre cuando priva la intervención estatal. Es decir, el Estado no elimina el odiado mercado, sino que altera su funcionamiento originando distorsiones, reemplazos e informalidades de todo tipo.

Un producto que sufre el congelamiento de su precio tiende a dejar de ser producido, o a modificar su formato, o a ser reducido su tamaño, o a abaratar su empaquetado, o a venderse en el mercado informal, o a cualquier otra forma que el amable lector imagine como necesaria para cubrir la brecha que se produce entre su precio real y aquel que los funcionarios deciden que debe ser.

Este simple ejemplo puede ser trasladado sin temor alguno a todos los bienes y servicios de una economía, sin excepción alguna. E incluyendo la remuneración por el trabajo.

Intentar referirnos a la corrupción dentro de la noción intervencionista nos lleva necesariamente a comentar qué ocurre durante la libertad económica.

Más allá de estar de acuerdo o no con la manera en la que el mercado regula las relaciones entre los seres humanos es importantísimo poder separar los actos ilegales, dado que éstos no tienen vinculación con el concepto de libertad de comercio. Como por razones políticas o simplemente por desconocimiento suelen confundirse las cosas, es necesario dejar sentado que las estafas, los abusos monopólicos o las “burbujas” financieras nada tienen que ver con la libertad del mercado, sino con actitudes llevadas a cabo por individuos o empresas violando la ley, o inclusive amparándose en leyes intervencionistas. La “libertad de ejercer toda industria lícita” no incluye aprietes o carteles, para citar ejemplos.

Ahora bien, ¿cómo son las cosas en el mundo intervencionista? Nos limitaremos a una breve descripción del caso argentino, intentando ser lo menos politizados posible.

El intervencionismo tiene tantas variantes como personas hay en el mundo con ganas de intervenir. Como nadie es exactamente igual a nadie, nadie tiene exactamente la misma idea de qué hacer en un momento determinado con las infinitas variables económicas. Los países avanzados tienen en general un extensísimo marco regulatorio que tratan de mantener estable tanto como resulte posible, de manera que los habitantes de ese mundo saben más o menos a qué atenerse y el mercado se acomoda a esa situación. Como el intervencionismo implica favorecer a unos en detrimento de otros, como línea general esa manera de encarar la economía hace que los países inmersos en el sistema crezcan menos, pero por regla general no se cae en cambios cotidianos de las reglas del juego, y mucho menos se cae en la arbitrariedad.

Lamentablemente no es lo que podemos decir de la Argentina, donde como todos sabemos un funcionario o dos pueden decidir si vendemos o no, si exportamos o no, cuánto, cómo, a qué precio e inclusive si se nos autoriza o no la venta, según como sea nuestro comportamiento. En el extremo, tenemos incluso un secretario de Estado que considera que quien importa por una determinada cifra debe exportar por un valor similar. Lo cual viene a significar que no todos los ciudadanos pueden llevar a cabo las compras que necesitan o desean, sino sólo aquellos que hacen arreglos con exportadores para que sus exportaciones figuren a nombre de esos importadores.

Puede colegirse, sin demasiado conocimiento, que todo este entramado de regulaciones, prohibiciones y permisos implica una merma en el grado de avance de la economía. Pero también puede uno imaginar que los permisos, las autorizaciones y los cupos, requieren una firma, y que esa firma bien puede ser obtenida si se da algo a cambio.

Todos los controles de precios apuntan a que los bienes y los servicios se vendan a un precio menor al que determina el mercado. Toda limitación a las importaciones significa una merma en la competencia y un encarecimiento de los productos fabricados localmente. Toda restricción a las exportaciones deteriora la balanza comercial, desalienta la producción de bienes exportables y afecta en consecuencia toda la actividad económica vinculada al mercado externo, mercado que también se ve seriamente afectado cuando se traban las importaciones.

Cuando determinados funcionarios tienen la posibilidad de disponer de recursos públicos para otorgar subsidios de cualquier tipo, es fácil imaginar que tal otorgamiento puede fácilmente tener un precio. Cuando tales funcionarios pueden disponer aceptar que un producto valga un poco más, eso también puede tener un precio.

Contar con información respecto de una decisión de devaluación un día antes, puede significar una transferencia de ingresos de millones de dólares en minutos. Y así podríamos seguir en todos los rubros que quisiéramos.

Por eso, si acercamos un poco la lupa a lo ocurrido en estas horas con la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, podemos observar claramente como la disposición de inmensas sumas de dinero, por más fines altruistas que tuviera, puede dar lugar a la corrupción más despiadada, si es que se comprueba lo que hasta el momento parece bastante obvio.

El Estado argentino ha intervenido, de una forma u otra, en prácticamente todos los sectores de la economía. Pareciera ser que nada funcionaría si no es de la mano de alguna ayuda o colaboración estatal. Pero quienes obtienen un crédito blando, una promoción industrial, una limitación a las importaciones de productos que compiten con los suyos, etc. saben muy bien que conseguir la preferencia oficial tiene un precio. No decimos necesariamente que ese precio sea en dinero. Baste ver cómo se asignan recursos a provincias y municipios amigos, y se es reticente con quienes no gozan de tal amistad. Cómo se persigue a ciertas empresas o grupos empresarios, y cómo jamás se pone la mira en otros.

Incluso en ciertos casos, como la participación provincial en los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, la preferencia está escrita: quienes adhieren, reciben una especie de coparticipación, quienes no lo hacen, no reciben nada.

La verdad es que en la Argentina tenemos un intervencionismo con un altísimo grado de arbitrariedad, de discrecionalidad. Esto genera clientelismo, “capitalismo de amigos”, selección según gustos y pareceres del funcionario a cargo de la firma. Empleos públicos, “contratados” y conchabados en oficinas creadas ad hoc, se multiplican. Aún sin querer incursionar en la política como tal, es imposible sustraerse al hecho de que el clientelismo significa repartir recursos entre los adherentes, los familiares y los amigos

La corruptela que todo esto que someramente describimos cuesta al país miles de millones de dólares. No sólo por lo que de manera contante y sonante debe erogar el Estado para mantener el sistema, sino por el desaliento que produce entre los inversionistas, tanto locales como extranjeros.

También genera costos la falta de inversiones en sectores claves, como el energético. Lo que obliga a importar crecientes cantidades de combustibles líquidos y gaseosos, que deben pagarse a precios internacionales por lo general muy caros como consecuencia de la incertidumbre en el Medio Oriente, especialmente.

El sistema intervencionista genera corrupción, y no solamente entre nosotros. Y cuanto más arbitrario y discrecional es, más corrupción. Genera amiguismos, nepotismos y clientelismos de diversa índole. Genera gasto público creciente. Genera ineficiencia. Genera muchos daños colaterales. Pero especialmente genera corrupción.

Nadie en su sano juicio puede esperar que el otorgamiento de un beneficio resulte gratuito. No sólo le cuesta al resto de país. También cuesta, como decimos, pertenecer al sector privilegiado que recibe el beneficio.

El efecto es, en esencia, letal. Por eso en nuestro país aparecen los casos de corrupción que aparecen. Y hablamos de corrupción en el sentido más amplio. Se corrompe la política, se corrompe la economía, se corrompe la vida misma.

Un párrafo sobre lo que ocurre en Europa. Podemos señalar la situación de Grecia, que es hoy por hoy el país más comprometido. Pero también podemos hablar de muchos países de la Comunidad Económica. La esencia del fracaso es el intervencionismo que, motivado por la política, ha decidido cubrir cada día más de ayudas a todo el mundo. El llamado “Estado benefactor” es la pretensión de atender a todos y a todo con recursos públicos que, llegado un punto, no alcanzan. Eso lleva al endeudamiento y finalmente a la crisis y al default. Y eso a su vez lleva al ajuste, que puede adquirir diversas características. Devaluación, inflación, recorte de gastos, etc. En estas horas han trascendido las declaraciones del primer ministro británico en el sentido de llamar a quienes no tienen recursos que no tengan más hijos, porque de ellos debe ocuparse luego el Estado.

En el caso argentino, la inflación del 25% anual promedio que estamos soportando, más la presión tributaria más alta de la historia, más la apropiación de fondos de los futuros jubilados (tanto lo acumulado en las AFJP como el aporte mensual corriente), más la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de deuda, más la disposición de “utilidades” de dicho banco que en realidad son diferencias de cambio por sucesivas devaluaciones, más la emisión lisa y llana; son la forma de ajuste permanente elegida. El intervencionismo lleva a gastar lo que no se tiene porque el reclamo siempre es creciente, y si alguien obtiene algo que otro debe pagar, ese otro intenta pasar al bando de los que reciben. Y así hasta el infinito.

Héctor Blas Trillo 16 de junio de 2011

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

Ecotributaria

economía y Tributación

www.hectortrillo.com.ar