La crisis es un hecho innegable que debe ser considerado con toda seriedad, tomando las medidas más adecuadas para corregir sus efectos con el menor daño posible a la producción de bienes y a la vida cotidiana de la población

Más allá de consideraciones sobre las causas, motivaciones y hasta posibles connivencias malévolas, la crisis energética es, hoy por hoy, el gran problema de la Argentina.

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El gobierno ha venido negando casi hasta el absurdo la grave cuestión, como tantas veces hemos podido comprobar. Finalmente el propio Dr. Kirchner terminó aceptando la situación, pero argumentando que se trata de los problemas que origina el crecimiento. Como no es intención de este trabajo contrastar las respuestas políticas, no ahondaremos demasiado en este punto. Pero no podemos dejar de señalar que el crecimiento es un hecho conjunto, y por lo tanto si ha crecido la producción de bienes y servicios, sino que también debería haber crecido la provisión de energía, lo que dista de haber ocurrido.

El gobierno, sin admitir la crisis, hace ya largos dos largos años que viene tratando de encarar el problema con planes tales como el PUREE (de premios y castigos por consumos excedentes), el plan Energía Plus (por el cual las empresas no pueden consumir más energía que la consumida en el año 2005 a menos que la generen con equipos propios), incrementos de precios a las industrias, cortes “consensuados” a determinados consumidores y finalmente toda la gama de restricciones al uso de la electricidad, el gas y los combustibles líquidos que podemos ver en estos días.

Se han difundido datos sobre la potencia nominal de energía eléctrica desde 1989 hasta el presente. Tales datos surgen de la información emanada de la Secretaría de energía, e indican que en aquel año tal potencia alcanzaba los 15.141 MwH, para alcanzar los 25.323 MwH hacia el final del gobierno del Dr. De la Rúa. Actualmente, tal potencia nominal prácticamente no ha variado, siendo el último dato disponible el que corresponde al año 2005, y es de 25.674 MwH. Sin más detalles pueden sacarse conclusiones. Hasta el año 2001 el parque eléctrico había venido creciendo (con un amesetamiento a partir del año 1998 aproximadamente) y dejó de hacerlo a partir de 2001. Un dato no menor es el que indica que en 1999, la potencia nominal del sistema alcanzaba los 23.150 MwH.En la cuestión del gas, durante los primeros años post crisis monetaria, se incentivó el pase de las industrias al uso de ese combustible, al tiempo que se auspiciaba una reconversión del parque automotor al GNC. En un momento dado hasta se habló de pasar a GNC al transporte colectivo de pasajeros. El aumento del consumo de gas no fue para nada acompañado con inversiones en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, cuestión que también viene dándose desde hace por lo menos un lustro.

Los combustibles líquidos con precios más o menos estables desde el año 2003, vieron incrementado su consumo a medida que los índices de reactivación de la economía mejoraban. Ya desde el año 2005 comenzaron los problemas con el gasoil, especialmente en las provincias del Noreste y sobretodo para el su uso en las tareas del campo.

La merma en la provisión de gas obligó a muchas industrias, incluso las de generación eléctrica, a utilizar fueloil o gasoil en su caso, provocando a su vez mayores restricciones a la oferta de dichos combustibles.

Las medidas desesperadas tomadas en las últimos días adolecen de un alto grado de improvisación y una enorme falta de criterio o sentido común. La venta de naftas a determinados consumidores a valores bonificados y la directa prohibición de venta de GNC provocaron enormes problemas a abastecedores y abastecidos. Tuvieron que cerrar más de 1.600 estaciones de servicio que solamente comercializan GNC, se formaron grandes colas de vehículos en las que venden la nafta a precio equiparable con el gas, al tiempo que se multiplicaban las discusiones ante la evidencia de que las listas de tales estaciones de servicio no se correspondían en absoluto con la realidad. En estos momentos se importa gasoil, fueloil y electricidad. Se reducen drásticamente (y muchas veces imprevistamente) los suministros de gas y de electricidad a la industria, y comienza a haber problemas serios en el funcionamiento de diversas cadenas de producción ante la falta de insumos. Así se llega a la suspensión del personal y al desabastecimiento de productos de variada naturaleza. Si a esto le agregamos que tal vez en los próximos días sea necesario interrumpir la generación eléctrica por la falta de agua en algunas represas del Comahue, tenemos por delante un panorama para nada alentador.

A estas alturas está claro que hay que tomar el toro por las astas de una manera seria, ecuánime, y sobre todo alejada de las clásicas especulaciones políticas. Las medidas inequitativas en la distribución originan problemas y sobre todo estimulan mercados paralelos y falsedades en la provisión y venta. Si en estos momentos los taxis no pueden funcionar con nafta porque el costo es elevado, eso se debe a que las tarifas de los coches de alquiler han venido acomodándose al uso de un combustible barato, cuestión que resulta insostenible hoy por hoy. Argumentos tales como el de que quienes tienen vehículos caros deberían cargar nafta porque pueden pagarla contribuyen a distorsionar el mercado y castigar a quienes en una u otra actividad resultaren exitosos, deteriorando el perfil de país pujante que se supone se pretende alcanzar. Ello sin dejar de recordar que se deja de lado el sagrado principio de la igualdad ante la ley.

Las crisis para ser afrontadas requieren racionalidad y sangre fría. No es aceptable la discriminación entre hijos y entenados. Una cosa es la provisión de energía a un hospital y otra muy distinta es esta de entrar a separar a los propietarios de vehículos entre taxis, remises, vehículos de carga, de pasajeros, automóviles, camionetas 4x4, etc. Para elegir luego a quién sí se le provee y a quién no.

Claro, el gobierno se encuentra hoy en el brete de tener que tomar medidas impopulares tales como un racionamiento pleno o un ajuste tarifario, pero lo cierto es que la impopularidad surge como consecuencia y de todas maneras. Es decir que ya no puede evitarse porque el daño ya está hecho. La gente a la cual se le corta la luz a cualquier hora o no consigue gasoil o GNC está indignada y no le sirven ya explicaciones de tono político generalmente cargadas de acusaciones en búsqueda de culpables exógenos.

En tiempos de Alfonsín se tomaron medidas de restricción al consumo eléctrico que tenían una lógica: hacer que todos los habitantes por igual soportaran en distintos horarios predeterminados la falta de suministro. Por más impopular que esto hubiera resultado en esos años, era lo más correcto y lógico.

La reducción en el alumbrado público, en las marquesinas publicitarias, incluso en los horarios de televisión constituyen medidas a la mano que, tomadas prudentemente, podrían beneficiar a todos. Esto en materia de energía eléctrica. El aumento de tarifas, aunque a nadie le guste, también puede contribuir a reducir el consumo seriamente. El uso de lámparas de bajo consumo está bastante difundido hoy en día, pero podría incrementarse aún más si efectivamente se premiara en tiempo real una reducción del consumo hogareño.

En los demás combustibles está también muy clara la cosa. El gas domiciliario debe también alcanzar una tarifa más realista, porque eso desalienta el consumo, no la publicidad “concientizadora”. Porque en estos momentos el único gas caro es el de garrafa, que normalmente es el medio que utiliza la población que no tiene acceso a la red.

Sabemos que decir esto puede resultar muy impopular, pero la realidad es que cuando un bien escasea, sube su precio. Y si su precio no sube, escasea cada día más.

En el caso del gasoil la exigencia de que las proveedoras importen el producto para venderlo a pérdida es decididamente contra natura. Por más que las empresas ganen dinero en otros rubros, nadie quiere trabajar a pérdida, por lo tanto hay resistencias. Y además, los usuarios el producto intentan adquirir más de lo que necesitan para contar con reservas por las dudas, y esto tampoco se corrige con publicidades banales acerca de que hay que ser solidarios, no acaparar, etc. Porque nadie en su sano juicio deja de tratar de cubrirse tanto como pueda.

La crisis es, en términos pragmáticos, equivalente a una corrida bancaria. Todo el mundo trata de ponerse a cubierto. Y ninguna publicidad, ni pedido, ni acusación, o lo que fuere lo hará actuar en un sentido diferente.

Otros países en situaciones parecidas han tomado decisiones drásticas y lograron revertir la situación al cabo de un tiempo. Por lo demás, insistimos en que no hacerlo no corrige el problema sino que lo agrava cada día.

Lo que se observa es que el gobierno está tomando medidas a la desesperada. Ya ni hablemos del secretario Moreno y su intervención en Metrogás, o el propio presidente acusando primero a transportadoras, luego a distribuidoras, y finalmente al crecimiento.

Un plan serio y riguroso debe estudiarse y ponerse en ejecución lo antes posible. Con gente idónea y calificada debidamente que lo ejecute. De nada sirve ahora salir a buscar culpables, ni de dentro ni de fuera del gobierno. Hay que actuar. Y es en este punto en el que el gobierno está fallando seriamente.

Tampoco es razonable esperar que el clima cambie. Resulta casi infantil apostar al calor cuando estamos en pleno invierno.

Acelerar y facilitar las inversiones es también un punto fundamental. Las obras en las termoeléctricas de Timbúes y de Campana están sensiblemente demoradas. El gas boliviano alcanza a los 7.000.000 de m3 diarios, cifra bastante distante de los 20 millones comprometidos.

Es de esperar que se pase del discurso a la acción de una buena vez por todas.

Buenos Aires, 13 de julio de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO
Contador Público