La inflación es un fenómeno esencialmente monetario, es decir que es causado por la política monetaria llevada adelante por las autoridades. La actitud recurrente de pretender “contener la inflación” atacando las consecuencias está provocando gravísimos daños en el aparato productivo y en el bolsillo de la gente.

La inflación es, ante todo, un fenómeno monetario. La explicación obvia es que si no existiera moneda, no existiría la inflación. La conclusión obvia de este razonamiento elemental es que para combatirla es necesario corregir la política monetaria.

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Sin embargo no es esto lo que vienen haciendo las autoridades nacionales, que lejos de tratar de corregir el problema parecen azuzarlo todos los días, al mismo tiempo que se desgañitan en los discursos acusando a empresas y comercios. Tales acusaciones omiten toda referencia al valor de la moneda de cambio, que se deprecia permanentemente como consecuencia, precisamente, de la política monetaria llevada a cabo.

En un trabajo “El problema no es el índice de precios sino la inflación” (La Nación, 8/4/07), el economista Víctor A. Beker coincide con nuestra observación, que por otra parte es reiterada en estos artículos una y otra vez. En ese trabajo, Beker aporta algunos conceptos que son más que interesantes. Dice el profesional que es imposible que no afectar el nivel general de precios con un crecimiento del circulante del 22% y una base monetaria que se incrementa a su vez un 46%, cuando el PBI lo hace un 8 o un 9%.

El crecimiento de la cantidad de moneda sin una contrapartida de crecimiento de la cantidad de bienes producidos provoca, naturalmente, la suba generalizada de los precios, o sea la inflación. El gobierno pretende contener tal inflación mediante controles, regulaciones, subsidios, retenciones, cierres de exportaciones y todo tipo de artilugios, consiguiendo efectos de una gran transitoriedad sobre los precios, y consecuencias funestas para el aparato productivo y las nuevas inversiones.

Beker dice también que “la política económica puede ser ortodoxa o heterodoxa, pero lo que no puede ser es inconsistente”. En este punto disentimos levemente: si la heterodoxia consiste en contener la inflación mediante controles de precios o subsidios la inconsistencia se torna la definición misma de heterodoxia. Si la ortodoxia es, precisamente, el control matemático de la emisión monetaria acorde al crecimiento de la economía, entonces no parece quedar otro remedio que ser ortodoxos en la materia.

No queremos con esto hacer una gimnasia verbal. Sostenemos que efectivamente el problema inflacionario, como problema monetario que es, sólo puede corregirse desde el punto de vista monetario. Y esto es normalmente definido como ortodoxia. La llamada inflación estructural (aquella que se produce porque el aumento de la demanda de bienes y servicios no es reflejada por un aumento inmediato de la oferta sino que ésta última toma un tiempo en incrementarse), aún suponiendo que ocurriera es un fenómeno transitorio y también monetario. La llamada inflación de origen externo se refiere a la suba de los precios en dólares producto de la inflación norteamericana, por ejemplo. Pero ésta no debería afectar al mercado local si el dólar bajara en pesos tanto como se deprecia en EEUU, que es lo que ocurre en Brasil. Una vez más el fenómeno es monetario.

El Banco Central comprende el problema e intenta quitar de circulación los excedentes monetarios producto de la emisión para comprar dólares y sostener su precio alto. Como hemos señalado otras veces, tal quita se logra mediante endeudamiento en Lebacs y Nobacs. En otras palabras, la emisión (pasivo no remunerado) se cambia luego por títulos de deuda a tasa de interés incluso ajustable por inflación (pasivo remunerado).

Beker sostiene y fundamenta que el superávit fiscal debe tener un valor cercano al superávit del sector externo, de manera tal que los dólares excedentes que ingresan al mercado local producto de las exportaciones por encima de las importaciones, sean adquiridos con recursos genuinos producto del superávit fiscal. Señala a su vez que el índice de precios al consumidor interviene en el CER y por lo tanto dado que la mitad de la deuda pública se ajusta por dicho parámetro, cada aumento de un punto en la inflación produce un aumento de tal deuda en unos 1.700 millones de pesos mensuales, una cifra cercana al superávit fiscal mensual. Si el superávit fiscal no alcanza para adquirir los excedentes de dólares que ingresan “se suple la insuficiencia del superávit fiscal con un recurso no fiscal: el impuesto inflacionario”.

La contención del IPC por métodos represivos (controles, acuerdos, congelamientos de precios), tira abajo el CER y por consiguiente evita la suba de la deuda indexada. La manipulación del IPC mediante la intervención política en el INDEC corre en la misma dirección: atacar como sea la suba de los índices de precios.

Las empresas y los comercios en general aplican, a todo esto, una política consistente en modificar productos, aspectos, marcas o contenido para de tal modo poder incrementar sus precios de acuerdo con la pérdida del valor de la moneda. Puede observarse cada día en las góndolas cómo las marcas o los productos con precios “acordados con el gobierno” cada vez se ralean más, apareciendo novedades de empaques, contenidos y marcas cuyos precios están fuera de los “acuerdos”.

Nosotros hemos dicho muchas veces que los procesos de control de precios derivan inexorablemente en el desabastecimiento y el mercado negro. Entendemos que el gobierno y todos sus funcionarios saben muy bien que esto es así. La aparición de productos sustitutos a precios libres ha sido en ciertos casos avalada por los propios funcionarios, como ha ocurrido con las prepagas y el “nuevo” sistema de copagos, o las “cuotas recupero” de las escuelas privadas. Todos ellos artilugios para disimular la suba del IPC, ya que no se registran en él. Por su parte hace unos meses lo ocurrido con el nuevo gasoil de la empresa Shell mostró la otra cara de la moneda: un nuevo producto a un precio mayor al del gasoil tradicional fue prohibido por resolución de una secretaría de Estado, aplicada incluso con efecto retroactivo. Es que en ese caso sí afectaba al IPC.

Por todo ello la diferencia entre los precios controlados y los precios libres de productos similares es cada vez mayor. Así las cosas, los productos controlados tienden a desaparecer, y los otros, no están reflejados en el nuevo IPC del INDEC intervenido. Un verdadero “dibujo” que no tiene otro efecto que el de bajar el CER y no afectar la deuda pública quitando beneficios inflacionarios a quienes han adquirido títulos públicos ajustables por inflación. O más bien provocándoles pérdidas a tales tenedores.

La política de precios es una consecuencia del desconocimiento o la negación del proceso inflacionario que es inmanente al sistema de tipo de cambio caro. Una frase atribuida al secretario Moreno resume todo lo antedicho de una manera patética: “Vos no entendés cómo es esto: no podés subir los precios que figuran en el índice, aunque te hayan subido los costos” dicen que suele repetir ante empresarios el funcionario.

Es imposible que una economía funcione en serio con este tipo “recetas”, creemos que esto es obvio. Por ende los problemas de desabastecimiento y de mercados negros que cada día ocupan más lugar en las tapas de los diarios, no deberían sorprender a nadie.

Cada vez aparece como más obvia la salida complicada de un esquema insostenible en el tiempo. El sinceramiento llegará más temprano que tarde. Y el sacudón que provocará será tanto más traumático cuanto más se demore.

Buenos Aires, 9 de abril de 2007

HÉCTOR BLAS TRILLO
ESTUDIO
HÉCTOR BLAS TRILLO
economía y tributación
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