Una de las banderas esgrimidas con más frecuencia (y también elocuencia) por el actual gobierno es la del llamado “desendeudamiento”. Como sabemos o inferimos, para el léxico oficial “desendeudarse” equivale a cancelar los pasivos y achicar así las obligaciones del Estado con sus acreedores.

Este asunto no parece ser demasiado discutido en ámbitos políticos. Aunque entre los profesionales la visión es muy otra, y por supuesto más realista.

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La verdad es que la deuda externa no solamente no se ha reducido sino que en realidad ha aumentado en términos nominales. Y ello pese a los canjes con quita efectuados en los años 2005 y 2010.

Veamos: toda la deuda cancelada con reservas del Banco Central no ha provenido de excedentes presupuestarios sino que el Tesoro Nacional entregó a cambio títulos públicos intransferibles nominados en dólares con un vencimiento a diez años. Tales títulos configuran un activo para el Banco Central y por supuesto un pasivo para el Estado que por tal razón constituye deuda pública. En otras palabras, todo lo cancelado mediante reservas no ha significado “desendeudamiento” alguno, sino cambio del acreedor. Así, el Banco Central se ha llenado de títulos a 10 años cuya cobranza es bastante más que improbable. Pero aunque así no lo fuera, lo cierto es que hoy por hoy es deuda.

En la misma dirección, los acuerdos celebrados con el Club de París, con Repsol o con los querellantes en el CIADI se han llevado a cabo mediante la emisión de títulos de deuda pública en dólares, que deberán ser oblados en esa moneda, aún si se tratare de tenedores locales.

Si bien hay divergencias en torno del monto total de los reclamos ante el CIADI, se estima que los mismos ascienden a unos 6.000 millones de dólares. Si bien no necesariamente se perderán todos esos juicios, es bastante probable que muchos sí se pierdan, como consecuencia de la violación de los contratos de concesión por parte de la Argentina entre otras razones. Y en consecuencia al monto de la pérdida habrá que sumar más y más intereses punitorios.

El Banco Central cuenta hoy por hoy con unos 54.000 millones de dólares en bonos intransferibles que le ha entregado el Tesoro Nacional y que forman parte del activo del primero, y del pasivo del segundo.

Considerando estos pasivos, la deuda pública está en torno de los 132.000 millones de dólares, a los cuales hay que agregar unos 15.000 millones que se deben a los llamados “holdouts” en su conjunto.

Las demoras en acordar con éstos acreedores siguen aumentando esta deuda, del mismo modo que los juicios pendientes en el CIADI con riesgo de perderse, sumarán nuevos acreedores de la Argentina en breve lapso.

Por su parte la deuda en pesos tuvo un crecimiento exponencial. En efecto, mientras en el año 2002 ascendía tal deuda al equivalente de unos 30.000 millones de dólares, hoy se cuenta en torno de los 75.000 millones. A su vez, el Tesoro Nacional ha recurrido en los últimos años a los llamados adelantos transitorios del Banco Central para financiar el déficit creciente. Y de igual modo, ha también tomado las utilidades no genuinas, que son aquellas que provienen de las devaluaciones de la moneda. Como esta forma de “financiamiento” significa lisa y llanamente emisión de moneda, el Banco Central ha recurrido a la emisión de letras, conocidas como LEBACS (letras del Banco Central) y NOBACS (notas del Banco Central) para “secar” la plaza de pesos excedentes. Es que si bien el ministro de economía y otros funcionarios repiten una y otra vez que la emisión espuria de moneda no es inflacionaria, en la práctica evitan el crecimiento desmedido del circulante mediante este recurso. Pues bien, la existencia de letras y notas del Banco Central se encuentra hoy cercana a los 270.000 millones de pesos, que equivalen a unos 31.000 millones de dólares. Si consideramos toda deuda, tanto la extranjera como la local, estamos en torno de los 253.000 millones de dólares. En 2001 toda la deuda pública no superaba los 140.000 millones de dólares.

Pero este oscuro panorama no se termina aquí. Porque como ha ocurrido en tantas oportunidades, el Estado no contabiliza determinadas deudas, como por ejemplo la que hoy tiene con los jubilados, muchos de los cuales ya cuentan con sentencia firme. Y por supuesto los que no la tienen seguramente la tendrán por imperio de la jurisprudencia. También existen numerosos reclamos para la devolución de aportes voluntarios efectuados a las confiscadas AFJP, que ya cuentan también con sentencias de la Corte Suprema favorables a los aportantes.

Y precisamente la confiscación de los fondos de las AFJP dio un considerable respiro al gobierno, tanto por el monto apropiado, como por el flujo mensual de fondos aportados que ahora se derivan a la ANSES. Pero, como todo vuelve, esto significa un enorme pasivo para las próximas administraciones.

Bien, hasta acá lo más grueso de este asunto. Porque como ocurre en cualquier ente, pueden existir obligaciones contingentes que resulta muy difícil justipreciar. Lo cierto y real es que la deuda creció ostensiblemente, y no que se redujo, como el aparato de propaganda oficial se cansa de repetir para ensalzar el “modelo”.

La realidad es, claramente, bastante diferente del discurso oficial. Y sobre este asunto, como queda dicho, no se alzan demasiadas voces entre la oposición política. Y tampoco en otros sectores.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 20 de enero de 2015