La inflación es un impuesto sin legislaciónMilton Friedman

Aún a riesgo de resultar reiterativos nos vemos en la necesidad de volver sobre la cuestión de la inflación. En este caso a raíz de las nuevas declaraciones que se conocieron de parte del ministro de economía de la Nación.

El citado funcionario prefirió referirse a la gran dispersión de precios existente, al tiempo que recomendó a la población efectuar sus compras en el Mercado Central, ubicado en la localidad de Tapiales, en la Provincia de Buenos Aires, que tiene precios claritos y que se mantienen, afirmó.

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Esta recomendación recordó a muchos los dichos de la presidenta de la Liga de Amas de Casa, Lita de Lázzari, y su recurrente latiguillo: camine señora. Diríase que ésta afirmación fue tomada con sorna una vez más, porque siempre generó burlas y chistes cuando la señora de Lázzari lo decía en su programa de televisión.

Los dichos del ministro se corresponden con los avisos publicitarios aparecidos en los últimos tiempos en diversos medios, en los que se listan precios de algunos productos cuyos valores son, verdaderamente, más que convenientes con relación a los que podemos encontrar en los negocios cercanos a nuestros domicilios.

Por diversas razones, especialmente porque se trata de un mercado concentrador al cual deben convergir no pocas mercaderías de consumo cotidiano para su distribución, se genera en ese lugar una gran competencia, que es, en verdad, la negada madre de todas las batallas en materia de precios. Algo le queda al ministro Boudou de su paso por la universidad del C.E.M.A., reconocida por su pensamiento liberal y de la cual forman parte economistas como Carlos Rodríguez o Roque Fernández.

Pero la pretensión de que el país entero se dirija al Mercado Central a comprar frutas y verduras es realmente inconsistente, por no decir que directamente absurda.

El funcionario pretende, con esa recomendación, resolver el problema que representa lo que él llama dispersión de precios, que equivale a decir, entendemos, que los precios son sumamente diversos y requieren, justamente, de caminar bastante para encontrar los mejores.

Por supuesto que es necesario, y muchos de nosotros lo hacemos, eso de buscar precio, especialmente cuando se trata de adquirir algún producto de cierto valor, pero no sólo eso. También es común que las amas de casa, y en general toda la población, busquen ofertas o días de descuento en supermercados y tiendas.

El punto a dilucidar es precisamente por qué razón se produce tal dispersión de precios. El ministro no lo ha dicho, que sepamos. Prefirió referirse una vez más al hecho de que son los empresarios (una especie de casta maléfica, digamos) quienes suben los precios, y es el gobierno el que acude allí donde los aumentos se producen para tratar de resolver el problema. El proverbial Estado que todo lo puede y todo lo resuelve, caso contrario el mundo sería inviable.

Aparte de que al gobierno le va bastante mal en este curioso menester, a juzgar por los resultados, no es correcta la afirmación de que él no aumenta los precios. Basta ver lo que ocurre con las novedades impositivas que recibimos todos los días para comprobarlo. Y ni qué hablar de preguntarle a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires respecto del impuestazo que acaba de producirse en el impuesto inmobiliario o el llamado impuesto a la herencia.

La inflación es un fenómeno monetario y se produce por la expansión de moneda sin el correlato del aumento de la producción de bienes y servicios. Si el PBI crece al 8 o 9% anual y la expansión de moneda alcanza al 30 o 35%, está claro dónde está el problema.

La dispersión tiene un solo origen: la falta de certeza sobre el valor de la unidad de cuenta; esto es: del peso.

En condiciones normales, es decir cuando la inflación prácticamente no existe, los precios de bienes y servicios son masivamente conocidos. Es decir que la población sabe en general lo que cuesta cada cosa, excepto que se trate de elementos muy específicos y de poco uso corriente. Por ejemplo: todo el mundo sabe lo que cuesta una gaseosa o un par de zapatillas, pero tal vez nadie sepa lo que cuesta una arandela o un grifo. En esa situación, la gente no necesita caminar tanto. Cuando alguien le pide un precio por encima del que conoce, no tiene más que ir al negocio de al lado o de la otra cuadra.

Pero cuando el proceso inflacionario se agrava, los precios suben en conjunto en toda la economía, pero no lo hacen todos en todo lugar al mismo tiempo. Entonces la gente empieza a perder noción de lo que valen la mayoría de las cosas. Así las cosas, si en condiciones de estabilidad no sabemos lo que cuesta una canilla o un repuesto para el auto, en inflación se pierde la noción de lo que puede costar aquello más común y corriente (pan, galletitas, gaseosas, fideos, frutas). De allí la dispersión.

Los bienes y servicios cada vez más dejan de tener un precio conocido, para decirlo en otras palabras. Y ello ocurre porque la moneda es inestable y poco confiable. Y eso, estimado ministro, no es culpa de los empresarios, sino de los fabricantes de moneda, es decir: del gobierno.

La inconsistencia de enviar a 40 millones de personas a comprar al Mercado Central es tan ridícula que no merece siquiera una mención. En su momento nos referimos tangencialmente a la publicidad que comentamos más arriba, que resulta a todas luces tan absurda que la persistencia en la afirmación es realmente inadmisible.

Boudou no habla porque sí, sin embargo. Reproduce el discurso oficial. Discurso que no es nuevo y que al menos en la Argentina tiene varias décadas: la culpa es de los empresarios, que en épocas de estabilidad decidieron portarse bien pero ahora tienen actitudes destituyentes y de pillos. La moneda argentina ha perdido 13 ceros desde 1969 hasta hoy, y para estos funcionarios ello se debe a comerciantes inescrupulosos y no a la Casa de Moneda y a la política monetaria del Banco Central.

Claro, no creemos que el ministro, que es licenciado en economía, desconozca el problema. Porque además no se trata de una cuestión que requiera largos años de estudios y análisis matemáticos, sino que se trata de un dato básico.

Así las cosas, la inflación pretende ser negada por este gobierno. Pero en gobiernos anteriores se hacían engañifas de diverso calibre para intentar disimularla. Desde los índices de precios descarnados (neologismo referido al hecho de excluir la carne en el cálculo) hasta la mentira de los índices provisorios que luego se corregían siempre de manera favorable para quela tasa del mes siguiente reflejara un salto menor. Éste último mecanismo produjo graves perjuicios a los acreedores, especialmente en tiempos de la hiperinflación.

Obsérvese sin embargo que la tasa de inflación reconocida por un INDEC francamente politizado e inútil, es de un 10% anual aproximadamente. Y aún esa tasa es enorme. Supera largamente a la de Brasil, por ejemplo, donde la flamante presidenta está intentando impedir que en ese país el flagelo inflacionario pase del 4 o el 5% anual. El presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo pretendía aprobar para este año incluía una tasa de inflación del 8%, que es una especie de certificación de que al menos ese porcentaje está asegurado.

La inflación es la fuente de financiamiento del gobierno. Es la estafa institucionalizada por la cual el Estado emite moneda devaluando la que tenemos en nuestros bolsillos. Es la entronizadora de la pobreza. Y es culpa de los gobernantes y no de la población, empresaria o no.

La verdadera forma de que los precios suban es que suba más la cantidad de moneda circulante que la cantidad de bienes y servicios. Existen otros factores que operan en la misma dirección, por ejemplo el llamado outside credit, que es el crédito incremental producto de la emisión y que hace que quienes lo obtienen gasten más pero no a cuenta de que otros (los prestamistas) gasten menos. Esto también es consecuencia de la expansión monetaria. La responsabilidad de que esto ocurra es del gobierno, y de nadie más.

Recordamos entonces, para terminar, que un peso actual equivale a 10.000.000.000.000 (diez billones) de pesos moneda nacional de 1969. A su vez, para adquirir un dólar se requieren 4 pesos, es decir 40 billones de pesos moneda nacional. Culpar de esto a “los empresarios” es, diríase, bastante más que un absurdo. Y no sólo por la generalización en que se incurre, sino por la increíble capacidad de negación que lleva al ministro de economía a evitar el uso del término “inflación”. De eso no se habla, podría decirse.

HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 27 de enero de 2011

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