En estos días se ha dado a conocer bastante información vinculada con índices económicos. De su análisis pueden extraerse conclusiones.

Según datos oficiales la inversión medida a precios constantes durante el año pasado, alcanzó al 21,7% del PBI, un valor 6 décimas por encima al alcanzado en 1998 y todavía un poco por debajo del 24% logrado en 1980. El PBI, por su parte, alcanzó un crecimiento del 8,5%. Sin embargo, el crecimiento de la inversión se desaceleró en el último trimestre de 2006, cuando subió un 14% contra el 26,9% de igual período de 2005. Según no pocos analistas, el problema estuvo en la desaceleración de la construcción en la última parte del año, consecuencia directa de la suspensión de permisos para levantar torres en Capital Federal.

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La inversión bruta interna, por su parte, creció un 18,7% y la construcción, que significa nada menos que el 62% del total, lo hizo un 18,8%. Sectores que crecieron mucho fueron la pesca (61,8%) y la intermediación financiera (22%). Por su parte los sectores de menor expansión fueron el campo (1,5%) y la minería (1,9%).

Con estas cifras tenemos un panorama bastante claro de hacia dónde están yendo las distintas variables. La desaceleración de sectores como la construcción o el campo, es obviamente producto directo de las prohibiciones y suspensiones decididas por el gobierno (en un caso capitalino, en el otro nacional). De tal modo que si tales intervenciones oficiales no se hubieran producido, seguramente la cifra de inversión total hubiera sido mayor a la lograda, mostrando muy simple y claramente dónde aparecen los problemas al tratar de vislumbrar el futuro.

Para crecer a tasas “chinas” y con baja inflación es preciso lograr una inversión anual bastante mayor con relación al PBI que la alcanzada. Se habla de un 24% por lo menos.

Pero muy difícilmente se alcance ese guarismo, máxime en un año electoral, dada la incertidumbre política.

Lo que sí es seguro es que el crecimiento del gasto público, que oscila en torno del 40 o 50%, resulta francamente explosivo, y no sólo al acicatear la inflación, sino también al requerir un financiamiento que sólo puede provenir del superávit fiscal (y en cierto modo de la propia inflación, que es un impuesto más). Y encima teniendo en cuenta que es preciso sostener el superávit primario por encima de los 3 puntos del PBI para pagar los servicios de la deuda externa renegociada.

Las inversiones en construcción se llevan las palmas en el conjunto. Pero no es un detalle menor que una buena parte de ellas provienen del propio Estado al realizar obras públicas, tales como rutas o viviendas.

Se dieron a conocer nuevas iniciativas en minería, hotelería, alimentación, química y electricidad, aparte de ampliaciones en hidrocarburos, alimentación, industria automotriz, metalurgia, comunicaciones y transporte. La mayor parte de esta inversión proviene de capital nacional y hay un fuerte auge de las pymes, que aumentaron su producción tratando de seguir el ritmo que impone el mercado.

Los analistas coinciden en que la inversión debe ser mayor para crecer de manera sostenida sin que se desborden los índices de inflación en el marco de la política de dólar caro seguida por el gobierno. Especialmente debe crecer la inversión en equipamientos productivos, que normalmente no representan más del 40% de la inversión total.

En materia de precios el problema de la carne se ha hecho crónico, como por otra parte era de esperar luego de las políticas restrictivas seguidas por el gobierno. Las 1000 toneladas del producto que los frigoríficos exportadores acordaron distribuir son apenas una gota en un océano, ya que el consumo promedio diario oscila nada menos que en 7.000 toneladas. La tendencia es decididamente ascendente en materia de precios, a tal punto que el Secretario Moreno ha pedido a los supermercados que “no compren” carne si no consiguen los precios acordados. Esto es: que se mantenga un precio aunque el producto desaparezca de las góndolas, como en tiempos de la “inflación 0” de Gelbard. Que el índice de precios no muestre la realidad es el fin en sí mismo perseguido.
Precisamente del tema del IPC se ha escrito y dicho mucho. Y lo cierto es que al parecer el gobierno está intentando rebobinar en cuanto al intervencionismo al INDEC. Los efectos de todo intervencionismo siempre terminan siendo opuestos a los deseos de los interventores. Y la verdad es que desde los mismos gremios se reconoce una “inflación” de no menos del 15%, por lo cual salen a pedir no menos del 20% de aumento, como acaba de hacerlo Oscar Lescano.

El advenimiento de la Semana Santa, por su parte, trae a cuento por enésima vez el mismo problema de todos los años. Esto es: el incremento de la demanda de pescado produce subas en los precios. Del mismo modo que en Navidad sube el pan dulce o en temporada alta suben las tarifas hoteleras o los pasajes de avión. Esta verdad de a puño que sin duda es la ley de oferta y demanda, es resistida por un gobierno que sin embargo no trepida en prohibir exportaciones para aumentar la oferta de animales, reconociendo abiertamente la existencia de tal ley. Sin embargo, en materia de pescado, como en tantas otras, se ha recurrido al funcionario Moreno para que intente “acordar” precios con productores y fileteros de modo que la merluza pueda llegar al público a $ 10.­. Los relevamientos que podemos ver por televisión en estos días muestran que el producto cotiza entre $ 15.­y $ 21,­, lo cual muestra cuán lejos de la realidad están los funcionarios y los empresarios “acuerdistas”.

El intervencionismo en este caso desalienta la producción debido a la poca perspectiva de vender el producto al precio esperado, lo cual hace que el mismo sea todavía más alto. Esto no es alta ciencia económica sino pura lógica. Sin embargo se insiste en el mismo camino.

Otro tema que tiene un interés incluso regional es el entredicho entre el titular de Petrobrás y el ministro De Vido. Al parecer el primero se refirió a la política oficial de tarifas observando que a su criterio tal política desalienta la inversión en el sector petrolero. De Vido salió a responder literalmente con los tapones de punta, señalando que de ningún modo se permitiría a una empresa estatal extranjera inmiscuirse en la política de precios oficial, que tal empresa era concesionaria de áreas de explotación y no dueña, que los empresarios del sector pretenden que paguemos por los combustibles los precios que paga Alemania o España, que carecen de hidrocarburos, etc. La realidad es que lo dicho por el empresario brasileño es cierto, y si bien también puede serlo que por contrato las firmas petroleras tengan la obligación de invertir, ello no quita que la realidad está mostrando otra cosa en el último lustro: un crecimiento sostenido del consumo, una baja de las reservas y una merma en la exploración de nuevas áreas. A tal punto esta última que el propio gobierno está buscando con distintos regímenes promocionales en sociedad con Enarsa explorar la plataforma continental, aparte de los evidentes problemas con el gas, la electricidad, el gas oil y el fuel oil. El fin último es siempre el mismo: dado que el “modelo” se basa en un dólar caro, los precios locales deben acomodarse a los magros ingresos en dólares de los habitantes del país. Magros porque el “modelo” requiere que así sea.

Digamos para no llevar esto a la larga que la realidad muestra una cosa y la teoría intervencionista afirma otra.

Y para finalizar una referencia a la mejora en los índices de pobreza e indigencia. No caben dudas de que el aumento del empleo es algo positivo y que su creación es una consecuencia del crecimiento económico sostenido que referimos al comienzo de este trabajo. Sin embargo a nuestro entender el propio modelo de dólar caro, control de precios y freno de importaciones impone como decimos salarios bajos. Sólo con salarios bajos en dólares es posible ser “competitivos” siguiendo este modelo. Y de eso se trata.
Es por ello que la reducción de los porcentajes de pobreza (de 33,8% a 26,9%) y de indigencia (12,2% a 8,7%) con ser un excelente dato no constituye en sí un aspecto de gran relevancia en términos macroeconómicos. El índice de pobreza (que cubre canasta básica total) indica ingresos menores de $ 921.­para una familia tipo, mientras que el de indigencia (canasta básica alimentaria) el piso es de $ 428,68 para igual grupo familiar. Estos valores son efectivamente muy bajos. Y lo son entre otras cosas porque el IPC refleja valores que no se corresponden con la realidad luego de la intervención gubernamental. En efecto: tomar precios de productos con valores acordados con el gobierno y negar la existencia del resto es bastante más que un error. Disimular la suba de las cuotas de los colegios privados mediante el recurso de hablar de “cuota recupero”, o la suba de las prepagas mediante el artilugio de instalar en sistema de “copagos” (que implica crear un nuevo servicio y por lo tanto carecer de base de comparación) no parece ser, francamente, una mera cuestión técnica. Y efectivamente no lo es. Pero cuando el IPC crece el 9,8% en el año mientras la llamada inflación subyacente lo hace un 15 o un 20%, estamos ante una negación de la realidad que en definitiva en el caso que planteamos lleva a que una familia tipo deba vivir con $ 921.­siempre y cuando adquiera durante el mes todos los productos con precios acordados, utilice el sistema de copagos (y no tenga que efectuar ningún desembolso por tal ítem) y envíe a sus hijos a una escuela pública.

La realidad suele ser suficientemente cruda como para retornar a la realidad a los más líricos (para decirlo de un modo suave), y entendemos que eso está ocurriendo. En un año electoral los problemas no son pocos, y menos si para colmo se trata de elegir nuevo presidente de la República.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2007

ESTUDIO HÉCTOR BLAS TRILLO

economía y tributación