Acerca de la asignación universal por hijo

En estos días ha retornado el debate acerca de la creación de una asignación universal por hijo que no tenga ningún tipo de cobertura social. Decimos que ha retornado porque la idea no es para nada nueva y no solamente en nuestro país.

El basamento ideológico de este tipo de ayudas se fundamenta en el llamado Estado asistencialista, o Estado benefactor , que tiene una amplia raigambre en los países de la vieja Europa en general y también se extiende, aunque un poco más tímidamente, a EEUU, Canadá o Australia.

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Nos limitaremos a analizar, someramente, la situación en nuestro país, básicamente en aras de la brevedad.

En una de las tantas presentaciones públicas de la presidenta Cristina Fernández, ésta se refirió, hace un par de meses, a que existen en nuestro país 12.400.000 niños y adolescentes de los cuales 2.810.713 no tienen ningún tipo de cobertura social. La Dra. Fernández estaba en esa oportunidad anunciando el lanzamiento de un programa de Ingreso Social con Trabajo, concepto de por sí difuso que no intentaremos analizar.

Lo cierto es que allí la presidenta se refirió a la falta de toda cobertura social de esos niños ya que sus padres trabajan en la economía informal o simplemente no cobran el salario familiar previsto para aquellos trabajadores en relación de dependencia.

Sin demasiados vericuetos, conviene desmenuzar un poco estas afirmaciones.

En la Argentina existen aproximadamente 4.000.000 de monotributistas que efectivamente no perciben salario familiar. Muchos de ellos trabajan en el Estado, tanto nacional como provincial o municipal. Es decir que todos ellos son llevados por el propio Estado a esa situación que ahora se plantea como dramática y que es preciso corregir.

También se habla de un 10 u 11% de desocupación y es un cálculo bastante común el de que al menos el 40% de los trabajadores lo hacen de manera informal.

En otros trabajos nos hemos referido a las razones de esta situación: la presión tributaria, la necesidad de mantener salarios bajos en dólares para poder ser competitivos, el costo de las llamadas cargas previsionales para relación de dependencia y la falta de demanda de bienes y servicios en blanco por sus excesivos precios. En otras palabras: tenemos una situación estructural que hace insostenible el funcionamiento de un mercado transparente donde todos los factores se encuentren dentro de la formalidad. Cualquiera puede interiorizarse rápidamente lo que cuesta en la Argentina montar un simple taller o un kiosco cuando se intenta hacer todo por derecha.

Es el intervencionismo el que lleva a la arbitrariedad, a la falta de seguridad jurídica y al desaliento a la llegada de capitales (que por el contrario huyen).

De manera que la razón de la falta de cobertura social de la que habla la presidenta hay que buscarla en estas cuestiones y tratar de corregirla. Ella misma habla de los asalariados en relación de dependencia que sí tienen asignaciones familiares para sus hijos. Si quienes no están en relación de dependencia son monotributistas , no dejan de estar dentro de la legalidad (a menos que se disfrace esa relación de dependencia, que es lo que hace el propio Estado, como queda dicho y reiterado). Es decir que la propia legislación, vistas así las cosas, adolece del defecto de no considerar la cobertura social de los hijos de quienes son independientes y por lo tanto monotributistas . Dicho de otra manera: aún no trabajando en negro millones de personas tienen a sus hijos sin esta cobertura a la que alude la presidenta.

Es decir que para todos los casos, las razones de tales carencias hay que buscarlas en la propia legislación de fondo, en los esquemas tributarios nacionales y provinciales, en la maraña burocrática que alguna vez dio lugar a la denominación genérica de máquina de impedir y otras lindezas que tienen un origen y formato: el Estado intervencionista. Por supuesto que hay otras cuestiones que también afectan al sistema, pero si no se comienza por corregir lo que está en manos de los propios legisladores y ejecutores, difícilmente pueda pretenderse cambiar las cosas.

Y justamente es el meollo del problema lo que no se ataca. Al contrario. Se profundiza el intervencionismo, se multiplica la inseguridad jurídica, se exacerba el abuso de parte de funcionarios de segundo o tercer orden, etc.

Falta agregar aquí que los trabajadores autónomos que no son monotributistas , es decir aquellos que están inscriptos en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, no pueden deducir los $ 43.200 como adicional del Mínimo no Imponible del primero de estos impuestos, como sí pueden hacerlo los empleados en relación de dependencia. En efecto, los autónomos pueden deducir por igual concepto la suma de $ 9.000.-. Sí pueden descontar de sus ganancias las cargas de familia, igual que los empleados en relación de dependencia. Estos últimos, de tal modo, por un lado perciben asignaciones por sus hijos y por el otro pueden deducir anualmente en el impuesto a las ganancias un monto que actualmente es de $ 5.000.- por cada uno si son menores de edad o incapacitados. Entonces, mientras estos últimos tienen una doble contemplación legal para sus hijos (la percepción de asignaciones familiares exentas del impuesto a las ganancias y la deducción del importe anual citado por cada hijo) los autónomos no cuentan con ninguna de las dos. Así está escrito y así rige desde hace varios años.

Veamos ahora qué cosa es esto de la cobertura social de la que casi 3.000.000 de chicos carecen.

En la Argentina existe educación pública en todos los niveles de carácter gratuito. Existe también salud pública gratuita. En otras palabras existe legalmente la posibilidad de que los chicos se eduquen y se mantengan saludables simplemente dentro del orden público. Si esto no funciona de manera razonable, cabe entonces preguntarse por qué. Pero no es que no exista ninguna cobertura. Por otra parte la mentada cobertura no habrá de lograrse con $ 180 por cada hijo menor, tal como viene lucubrándose que ocurrirá. Una caja de antibióticos cuesta eso.

La verdad es que estas formas de asistencialismo tienen más un tufillo de demagogia de lo que en principio aparentan. Normalmente lo que ocurre es que dado que es políticamente correcto ayudar al carenciado, nadie en su sano juicio parece oponerse a esto. Y por lo tanto de inmediato los medios no oficiales (tan odiados hoy por estos ocasionales gobernantes) salen a apoyar medidas de este tipo porque de lo contrario aparecerían como desalmados y resultarían demonizados. Es decir que se logra el efecto de tener consenso porque de lo contrario se es malo y perverso.

A la luz de lo que venimos comentando, ¿puede colegirse que es así, que quienes pudieran no estar de acuerdo con esta metodología son malos y perversos? ¿O más bien deberíamos preguntarnos por qué razón el Estado en lugar de cumplir su rol y ordenar estructuralmente su funcionamiento tal como de sobra lo han prometido estos mismos gobernantes se dedica a intentar emparchar con asistencialismo lo que él mismo origina?

Hay también un dato más que no deja de ser cuando menos incomprensible: al menos en el proyecto que viene comentándose se habla de la exigencia de que los chicos que reciban la ayuda deberán asistir regularmente al colegio. Es decir que si no lo hacen dejarán de tener esta cobertura. Entiéndasenos: se le asigna la cobertura si van al colegio, si no, no. Mientras se pretende que no estén desatendidos socialmente , se los castiga desatendiéndolos si no hacen lo que se les pide. Impresionante.

¿Tendremos tal vez en poco tiempo un nuevo discurso presidencial estableciendo una ayuda universal para todos aquellos que no han cumplido con el requisito de ir al colegio o los dejaremos sin cobertura social alguna (presidenta Fernández dixit)?

Una conocida economista de Zambia, llamada Dambisa Moyo, ha escrito un interesante libro que se llama Dead Aid (literalmente Ayuda-Muertos). Dice esta autora que la falta de incentivos para producir que genera la ayuda provoca la detención de la economía, agravando aquello que supuestamente venía a solucionar.

Transcribimos de ella un párrafo que entendemos no tiene el menor desperdicio y que verdaderamente es para colgar en un cuadro y leer todos los días luego de oír las noticias o leer el periódico:

La única forma real de combatir la pobreza es mediante el comercio. Valor por valor. Pero los demagogos del mundo no quieren eso. Demonizan al lucro; el comercio les parece algo sucio y menor éticamente, y adoran la dádiva que los pone por encima del mundo, aunque no solucionen nada y lo empeoren todo. Lo importante es mantener la autoimagen altruista. Por eso nunca son capaces de imaginar que los impuestos que cobran para repartir destruyen intercambios lucrativos, la eliminación de las barreras a la contratación libre de trabajo, y mucho menos de pensar en una política de reducción de la carga fiscal.

Un dato final que no debemos dejar de mencionar, es que la distribución de dinero funciona de manera similar a los aumentos de salarios, es decir, incentiva la demanda de bienes y servicios. Si la productividad no aumenta en igual medida, lo que se produce es una suba generalizada de precios y debe ser cubierta con emisión monetaria, que puede ser anterior o posterior al hecho en sí.

En la Argentina se ha emitido mucha moneda de forma espuria para mantener alto el tipo de cambio y poder recaudar impuestos vía retenciones a las exportaciones. Dinero que luego se ha volcado a obra pública y a ayudas varias. Esto fue presentado siempre como superávit fiscal , cuando en realidad es simplemente un artilugio monetario desprovisto totalmente del concepto de competitividad. La falta de competencia ha pretendido reemplazarse creando un dólar competitivo, lo cual pone en evidencia claramente que en lugar de mejorar la estructura para ser competitivos, pretendemos resolver el problema asignando un mayor valor al dólar y emitiendo moneda para pagarlo.

DR. HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009

ESTUDIO

HÉCTOR BLAS TRILLO

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