LA VIVIENDA Y LA POLÍTICA

“Es la economía, estúpido” James Carville, asesor de campaña de Clinton

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El problema del acceso a la vivienda se manifiesta de diversas formas en el mundo entero. En los países menos desarrollados se da de forma parecida a la que nosotros conocemos. En los más desarrollados se ven barrios donde la gente vive hacinada y en condiciones de higiene francamente precarias. En ciertos regímenes totalitarios se observa gran cantidad monoblocs que se asemejan a las estructuras que se obtienen de los juegos para armar de los niños, en los que se amontonan las familias y se acomodan como pueden. En lugares más primitivos, la gente sobrevive en chozas e inclusive en cavernas. Y, todavía peor, una gran cantidad de seres humanos vive directamente a la intemperie.

En el mundo viven, con sus más y sus menos, unos 7.000 millones de habitantes. Hace poco más de un siglo, la cifra total no superaba, según las mejores estimaciones, los 1.000 millones.

Las necesidades habitacionales crecieron de manera inusitada ante el notable mejoramiento de la expectativa de vida producto, a su vez, de los avances científicos y tecnológicos.

Así, acceder a una vivienda se ha convertido cada vez más en un drama de dimensiones inusitadas.

Si bien en cada región del mundo esta ingente cuestión intenta resolverse, no en todas partes se utilizan las mismas políticas, obviamente. Lo cierto es que, en general, salvo escasísimas excepciones, el problema persiste y se acrecienta.

Si bien nuestra intención es referirnos a lo que ocurre en la Argentina, la mención del problema a nivel mundial tiene por objeto contextualizar la cuestión. De ninguna manera intentamos caer en el conocido proverbio del “mal de muchos...”

Para intentar paliar al menos esta situación es necesario cuantificarlo. Luego definir qué se supone que es posible hacer. Y finalmente, asignar urgencias.

Desde nuestra perspectiva, todas las políticas seguidas desde hace no menos de 6 décadas han fracasado u obtenido resultados muy parciales e insuficientes. Por el contrario, las distorsiones y abusos producto de legislaciones populistas y supuestamente asistencialistas no han dejado de destruir lo poco o mucho que podría haberse avanzado en la materia.

Durante 30 años (hasta mediados de los 70) rigió en el país una ley que congelaba los alquileres, impedía los desalojos y manifiestamente mostraba la absoluta negación del problema inflacionario, producto precisamente de políticas monetarias erradas y erráticas. Así las cosas, aquellos inmigrantes que en la primera mitad del siglo XX construían alguna piecita con sus ahorros para tener un alquiler que le sirviera de paliativo en sus últimos años en este mundo, vieron cómo un Estado omnipotente y abusador les destruía su sueño de manera definitiva. Propietarios e inquilinos llegaron a matarse por esta absurda política surgida durante el gobierno peronista de los años 40 y 50. Hemos conocido casos en donde el monto mensual llegó a ser tan ridículo que ni valía la pena molestarse a intentar cobrarlo.

El Estado, en su furibundo intervencionismo, ideó una y otra vez políticas de construcción de barrios y casas para entregar de manera más o menos organizada, a todos aquellos que se anotaban en los diversos planes. Pero también, y muy especialmente, a aquellos a los que se deseaba favorecer por conveniencias políticas.

Surgieron así barrios en algunos casos tristemente célebres, como el conocido como Fuerte Apache.

Para no hacer esto demasiado largo, podemos decir que todos los planes de viviendas encarados por organismos como el FONAVI y los sistemas de créditos blandos como la circular 830 del Banco Hipotecario, en tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, o aquella famosa circular 1050 de los años de la dictadura militar, no lograron ser otra cosa que tímidos paliativos en el mejor de los casos, mientras la mayoría aparecía adornada de corruptelas y asignaciones a “los amigos” del poder de turno.

En la actualidad, los planes consisten en entregar fabulosas sumas de dinero a fundaciones o a personas vinculadas con el llamado “campo social” lo cual equivale a violar elementales normas de control de gastos de Estado. Y no sólo eso, sino que parte del prejuicio de suponer que ciertas gentes son más buenas que otras según sea su ideología. La vieja confusión entre virtudes e ideas, que lleva a algunos a pretender apropiarse de la ética. Y de los fondos públicos.

A todo lo antedicho se ha venido sumando, en los últimos años, esa especie de dormidera de la autoridad constituida para establecer o restablecer el orden público, en general con el argumento falaz de no “criminalizar la protesta social”, razonamiento que constituye la antesala de la anomia, que finalmente termina aplicándose a las ocupaciones ilegales de tierras.

Está muy fresco en la memoria de la población lo ocurrido en el Parque Indoamericano, donde luego de una intervención de la Policía Federal un día, al siguiente se permitió la ocupación del predio en medio de una verdadera oda a la barbarie. Gente arrojándose piedras, exhibiendo armas de fuego, incendios y cortes de calles y autopistas mientras la presidenta de la República interrumpía la transmisión en vivo de semejante despropósito para, mediante la cadena nacional, ocuparse de otra cosa. Un despropósito mayor aún.

Más allá de cómo y quiénes organizan y lucran con las “tomas” de espacios públicos o de predios particulares, lo cierto es que existe una convalidación expresa o tácita, de tal modo que quienes usurpan obtienen un premio por ello. Una y otra vez ha quedado demostrado que así es. Todas las villas de emergencia que pululan en la Capital Federal se han originado en ocupaciones ilegales. Y ahí están, creciendo todos los días sin que nadie se atreva a poner las cosas en su lugar, sino todo lo contrario.

Lo mismo está ocurriendo por estas horas en Jujuy, donde luego de la represión que terminó costando nada menos que cuatro vidas, se ha presentado un proyecto de expropiación de un solar privado a fin de lotearlo entre los ocupantes. Una verdadera ignominia, si se toma en cuenta que la función del Estado es, antes que ninguna otra, hacer respetar los derechos adquiridos, ello con independencia de ocuparse de ayudar a quienes lo necesiten mediante el uso de fondos públicos. Dicho de otra manera: una cosa es que se asignen tierras fiscales o incluso se expropien terrenos de particulares con la debida indemnización, y otra muy distinta es que se convalide una usurpación.

Pero, con todo, la cuestión es intentar imaginar cómo debe encararse la solución de fondo. Porque es sabido que los planes de ayuda de la índole que fueren constituyen artilugios que son usados políticamente para comprar voluntades. Esto dicho en general y casi sin excepciones es lo que ha ocurrido desde hace varias décadas. Ningún gobernante regala nada, y mucho menos de su propio peculio. En los últimos tiempos, por el contrario, tal peculio crece de manera exorbitante sin que aparezca una justicia supuestamente independiente que investigue. El dinero para construir viviendas es obvio decirlo que proviene de las arcas públicas. Todo el dinero utilizado en todos los planes oficiales, cualquiera sea su modalidad, surge de la recaudación tributaria o de la emisión espuria de moneda. Inclusive en los casos en los que los favorecidos deben pagar una cuota, es obvio que la misma se encuentra subsidiada fuertemente, siendo toda la población la encargada de pagar la diferencia.

El problema de la vivienda responde, en sí mismo, a una cuestión bastante más general y tiene que ver con la concepción económica y política de un Estado soberano. La existencia de seguridad jurídica y de una moneda o unidad de cuenta confiables son esenciales. Las tasas de interés no son producto de especulaciones o de teorías conspirativas y “golpes de mercado”, sino la consecuencia de la inestabilidad monetaria y jurídica.

La razón por la cual un país como el nuestro no recibe inversiones a gran escala y no avanza en ningún proyecto industrial serio, es precisamente esa. No hay otra forma de lograr el crecimiento dentro del llamado capitalismo que no sea la de volverse menos burocráticos, más eficientes, menos arbitrarios.

La tendencia a una mayor estabilidad fiscal, jurídica y monetaria, es la base para una mejora en la productividad. No es inflando el valor del dólar como nos volveremos competitivos. Es insólito que las inversiones no lleguen masivamente a estas playas siendo que, como se afirma, nos va fenómeno y crecemos a tasas chinas.

No es subsidiando o estableciendo tarifas diferenciales como se logra el crecimiento y en definitiva el desarrollo. Cualquier ayuda es un paliativo. No un método para combatir la pobreza o el subdesarrollo. Esto hay que entenderlo de una buena vez. Y ya es hora.

El actual gobierno reparte todo tipo de prebendas, subsidios, asignaciones familiares. Interviene en todos los mercados, fija los precios, cambia los índices, usa las reservas del Banco Central, emite moneda, reparte feriados. Todo parece estar mal hecho a menos que el omnipresente gobierno nacional organice un acto en el que la presidenta pontifique, ante la amalgama de funcionarios afines que están allí para aplaudir, la verdad revelada que los argentinos no hemos entendido.

Y la verdad es que los funcionarios y los políticos no son más que seres iguales que nosotros que un día se vistieron la casaca. Tan buenos y tan malos, tan justos y tan descarriados como cualesquiera de los habitantes de este suelo.

Que tengan o no una cuota de poder, no los convierte en omnisapientes. Esto también es una obviedad que claramente la presidenta de la Nación no ha entendido. En verdad no parecen haber entendido este razonamiento tan simple la inmensa mayoría de los políticos. Primero se destruye la moneda mediante políticas expansionistas, luego se destruye el Estado de Derecho porque la realidad no se condice con su parecer, y finalmente se pretende resolver el descalabro económico y financiero con más y más intervencionismo. Intervencionismo que llevan a cabo personas de carne y hueso como cualesquiera de nosotros.

Si observamos la realidad económica y social, rápidamente podremos comprobar que se multiplica todo tipo de subsidios, controles, asignaciones, rebajas, planes “para todos”, ayudas, repartos, y mil etcéteras. Y sin embargo el estándar de vida ha caído de manera segura y seguida a lo largo de varias décadas.

La moneda se ha deteriorado al punto de haber perdido trece ceros en algo más de 40 años. Y como vamos, más temprano que tarde perderá algún cero más.

La construcción de edificios de todo tipo se ha multiplicado en las ciudades en los últimos años. La razón fundamental es que para muchos ahorristas constituye una reserva patrimonial mucho mejor que la tenencia de cualquier papel. Pero hay otra razón que no se menciona actualmente: el Estado ha dejado de intervenir en el mercado de los alquileres. Es eso lo que posibilita que mucha gente “ahorre en ladrillos”, como ocurría antes de la desastrosa sanción de la ley de congelamiento de los alquileres que señalábamos al comienzo.

Quienes contamos algunos años, recordamos las sucesivas intervenciones en el mercado de alquileres en los años 70 y 80. Todas ellas posteriores a la derogación de la funesta ley de congelamiento.

Sólo en los años 90 se dejó de lado esta política. Y curiosamente, si bien hubo algunos amagues durante éste y el anterior gobierno, la cosa no pasó a mayores y finalmente al menos hasta ahora no se ha tocado el mercado, excepto por la prohibición de colocar cláusulas de ajuste monetario en los contratos, cuestión que obliga a tomar recaudos y muchas veces infla los precios iniciales.

Pero sí se ha producido un fenómeno que podríamos llamar concomitante. La prohibición de construir edificios por falta de infraestructura en cloacas, agua de red o tendido eléctrico y de gas domiciliario. Es decir, en lugar de reclamar que el Estado o las empresas concesionarias mejoren la infraestructura, lo que se hace es intentar impedir que se construya, violando así el derecho de propiedad de quienes en su terreno desean construir. Sin indemnización alguna, por supuesto.

La verdad es que el asistencialismo es funcional a la compra de votos. El llamado Estado benefactor regala y subsidia, creando la ilusión en las gentes de que todo aquello que necesiten lo obtendrán sin esfuerzo alguno.

En términos económicos termina siendo preferible estar siempre de lado de los que reciben; y no de quienes hacen el esfuerzo de producir. Es así como la productividad no mejora como debería, mientras los empleos públicos o aquellos trabajos inventados por las leyes mediante subsidios, crecen y crecen sumando más y más ineficiencia.

No hay aliento a la producción o a la inversión lisa y llana cuando no se respetan contratos, derechos o condiciones. No hay aliento al ahorro en moneda nacional cuando se sabe que la moneda pierde rápidamente su valor y que encima el propio Estado miente al respecto.

Una economía sólida, ordenada, respetuosa de la ley y sostenida en el Estado de Derecho es la base para el crecimiento sostenido y ordenado, que alienta la llegada de capitales, la inversión y el trabajo.

Este tipo de concepción jurídico política no existe casi en la Argentina. Y no existe desde hace muchos años. Tantos como los que llevamos debatiendo la falta de viviendas.

Intereses de clase, facciosos, arribistas, se agregan a esta verdadera puesta en escena. Los llamados “pueblos originarios” reclaman tierras de sus antepasados, reclamo al que se suman intereses políticos arribistas y facciosos. Los “sin techo” se constituyen en una forma de poder de clase o de casta. No importa demasiado dónde vivían y dónde dormían el día anterior. Basta que estén donde deben estar en el momento indicado para la “toma”, y luego anotarse para percibir la ayuda

El camino de la bondad puede estar plagado de buenas intenciones por parte de gente de bien y que intenta ocuparse de las necesidades de los demás. El camino elegido favorece el populismo y la facciosidad política.

Acceder a la vivienda desde la política es, casi de seguro, entrar en la prebenda y en la dádiva. En la transacción a cambio de votos. A la vivienda se accede desde la economía.

Quizás lleve mucho tiempo, quizás no haya para todos. Eso puede ser. Pero entonces sí el Estado puede aportar lo suyo, desde organizaciones no gubernamentales y apolíticas, con el debido control de los fondos, las auditorías y las rendiciones de cuenta. Como también marca la Constitución Nacional

Héctor Blas Trillo Buenos Aires, 7 de agosto de 2011