04 de febrero de 2009.

INDEC. Un país sin brújula ni responsabilidad cívica.

Por el Lic. Aldo M. Abram

​​

Lo más grave de la manipulación oficial de las estadísticas públicas tiene que ver con la obligación ciudadana de controlar a quienes elegimos como funcionarios. El principal objetivo de los organismos públicos que elaboran información es proveernos de los instrumentos para poder ejercer dicha responsabilidad cívica. Cosa que no podremos hacer si están intervenidos por aquellos a los que tenemos que controlar y se distorsionan los datos para engañar a los que les cedieron el poder con su voto; lo cual hace difícil hablar de la vigencia de una verdadera democracia republicana en la Argentina.

Otro perjuicio tiene que ver con que esos datos distorsionados son la base sobre las que se proyectan los escenarios que se utilizan para evaluar la viabilidad de posibles inversiones productivas. Si la información pública que se usa es dudosa, eso tiñe de mayor incertidumbre los marcos económicos estimados y, por ende, vuelve más riesgoso el encarar cualquier proyecto en el país, disminuyendo la producción, empleo y bienestar futuro de los argentinos. Es cierto que los consultores tendemos a tratar de elaborar cifras propias más confiables; pero difícilmente lo podamos hacer mejor que un organismo estatal que cuenta con mucho más recursos y capacidad de relevamiento de datos.

Por otro lado, cuando las cifras oficiales pierden credibilidad, la economía tiende a funcionar mucho más ineficientemente, bajando nuestro nivel de vida; ya que, por ejemplo, la inflación es un dato vital para negociar salarios, alquileres, tasas de interés, etc. Si no existe una estadística que todos consideren confiable, ¿en base a qué se llegará a un consenso en esas tratativas? Cada uno utilizará el que le venga mejor a sus intereses y las brechas a cerrar serán muy grandes, aumentando la conflictividad y la probabilidad de tomar decisiones erradas.

En forma generalizada se asume que los índices de precios al consumidor se “dibujan”; pero esto afecta a otras estadísticas que se toman a valores moneda corriente y luego se les quita la inflación para saber como evolucionaron en cantidades, como muchas cifras sobre ventas. También, al tomar precios más bajos que los reales, el gobierno “reduce” el nivel de pobreza e indigencia; ya que dichos menores valores se utilizan para calcular el nivel de gasto mínimo para que alguien no califique en estas categorías, dando montos artificialmente bajos. Otro cambio que se realizó en el INDEC fue modificar arbitrariamente el cronograma con el que se dan a conocer los datos. Si son malos, se publican a última hora del viernes, sabiendo que así tendrán menos impacto en los medios. Si son buenas noticias, los adelantan altos funcionarios del gobierno, aprovechándolos para el marketing oficial. También, sucede en algunas estadísticas que se da la cifra preliminar del último mes, que es la que toman los medios; pero que es corregida a la baja cuando se informa el definitivo junto al preliminar del mes siguiente, que es en ese momento la noticia. De esta forma, nadie se entera de que la evolución de dicha estadística es peor de lo que se publica.

Por último, para resolver este problema, el Congreso debería sancionar una ley por la que le de autarquía al INDEC y lo ponga bajo su órbita. Esto permitirá ir recuperando en el tiempo la credibilidad que supo tener en el pasado. Hasta principios de 2007, fecha en la que fue intervenido por el gobierno, era uno de los organismos de estadística más reconocidos de la región y servía de ejemplo a seguir. Lamentablemente, el haber permitido que esa confiabilidad se destruyera, habla de la pobre responsabilidad ciudadana de todos los argentinos.

Por el Lic. Aldo M. Abram
www.exante.com.ar - [email protected]