Por Alberto Pontoni.Agosto 2003

En estos días las entidades que nuclean al sector agropecuario han hecho sentir su fuerte oposición a los cambios propuestos por la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el cálculo del impuesto a las ganancias en las exportaciones de cereales y oleaginosas. Este reclamo se suma al que vienen efectuando desde hace más de un año para eliminar las retenciones (impuestos a las exportaciones) que gravan al sector.

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En el caso del impuesto a las ganancias resulta evidente que la acción de lobby desplegada por las entidades empresarias, en particular, la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA) y Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), es en beneficio de un pequeño grupo de firmas exportadoras que realizan prácticas de evasión, subfacturando precios a través de operaciones de triangulación e intermediarios fantasmas. Para evitar estas maniobras la AFIP esta tramitando la facultad de revisar el valor de embarque declarado. Por su parte, los dirigentes rurales resisten la sanción de la modificación legal propuesta amenazando con un derrumbe de las exportaciones por valor de 860 millones de dólares y mermas en los ingresos de los productores agrícolas y del Fisco.

Esto no es así. El Gobierno no esta generando un gravamen nuevo ni cambiando la alícuota impositiva, sólo esta perfeccionando su legítimo ejercicio de contralor en una actividad donde resultan notorias las modalidades de evasión impositiva. Los únicos perjudicados por esta medida serán los intermediarios que actúan ilegalmente y no todo el campo, como se afirma. Por eso, no es valido el argumento utilizado por las entidades rurales que sostienen que la medida obligará a la creación de un seguro a costa del productor, que terminará afectando sus ingresos y desalentando la producción.

El otro tema es el de las retenciones. A partir de febrero del 2002 el gobierno volvió a recurrir a este instrumento de política fiscal, muy utilizado en el pasado y eliminado en la década del 90. Se comenzó gravando las exportaciones de petróleo y, posteriormente, se incorporaron otros rubros, con alícuotas que van del 5% al 20%. Los cereales, grasas y aceites vegetales tributan el máximo. El año pasado el Fisco recaudó a través de este impuesto poco más de 2.300 millones de dólares y para el año en curso se espera superar los 3 mil millones de dólares, un 13% de la recaudación tributaria estimada. Las provincias de Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba contribuyen con casi el 70% de ese total.

Las entidades agropecuarias cuentan en este terreno con un importante aliado, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha reclamado por la eliminación de estos impuestos. A pesar de ello, economía ya ha hecho saber que las retenciones no serán eliminadas sino reducidas y que dicho ajuste se realizará en forma gradual a partir del próximo año.

Las retenciones, ¿Perjudican al productor? ¿Afectan la producción? ¿Cómo impactan sobre el resto de la economía? ¿Son impuestos discriminatorios o justos?

Retenciones y renta agraria

Para un país como el nuestro, que destina el grueso de su producción agropecuaria al mercado externo, el precio de los diferentes bienes agrícolas es reflejo de su cotización internacional. De allí, que un impuesto a las exportaciones afecte el precio interno de los productos al reducir en forma proporcional el ingreso de los vendedores.

Un ejemplo simple facilita la comprensión de este argumento. Suponiendo que el precio de la soja en el mercado internacional sea de u$s 200 la tonelada, que el dólar se cotiza a tres pesos y que las exportaciones de soja son gravadas por una retención del 20%, el precio interno de la soja, es decir, el monto que los exportadores o acopiadores estarán dispuestos a pagar será de $ 500, menos fletes y comisiones.

De lo anterior se derivan dos consecuencias.

En primer lugar, las retenciones afectan al propietario de la tierra y no al productor. El precio de la tierra es consecuencia directa del beneficio que generan los bienes que produce. Si el precio del bien sube (o baja su costo de producción) el precio de la tierra aumentará. Lo contrario sucederá cuando baja el precio del bien (o aumenta su costo de producción).

Esto permite entender el fuerte incremento que viene registrando el precio de la tierra a partir del abandono de la convertibilidad. En el 2001, una hectárea de campo de excelente vocación agrícola en zona premium de la pampa húmeda (como el triángulo Arrecifes-Rojas-Pergamino) se cotizaba en 2.500-3.000 dólares/pesos. Hoy, se sitúa en los u$s 5.000 y, de eliminarse las retenciones, superaría los u$s 6.000. La explicación de este extraordinario aumento de precios, tanto en dólares como en pesos, reside en el fuerte incremento de beneficios provocado por la devaluación. En términos generales, el ingreso agrícola se triplicó mientras que los costos no llegaron a duplicarse. Asimismo, el aumento del precio de la tierra ha incrementado, en forma paralela, su renta o alquiler, es decir, la retribución que percibe el propietario.

La otra consecuencia de las retenciones se relaciona con los consumidores domésticos. Una baja de los precios agrícolas abarata los alimentos y el costo de la canasta familiar. Por lo tanto, las retenciones contribuyen a reducir el costo de vida y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo. Se estima que una eventual eliminación de las retenciones provocaría una caída del salario real de un 15%, ya que el alto nivel de desempleo bloquea la posibilidad de ajustes salariales que puedan compensar las alzas de precios.

A modo de conclusión

La salida de la convertibilidad y la devaluación del peso, junto a la licuación de las deudas por la pesificación de los créditos, aumentó sustantivamente la renta agraria y produjo una fuerte transferencia de ingresos a favor del campo. Los propietarios rurales fueron los principales beneficiados por una medida que tenía por propósito mejorar la competitividad del sector industrial a través de la reducción de las importaciones de manufacturas. El sector agropecuario no requería de estímulos adicionales para crecer, prueba de ello es el fuerte aumento de la producción y exportaciones agrícolas durante la convertibilidad.

Las retenciones no son gravámenes discriminatorios de la producción agropecuaria, como se pretende hacer creer. Es un impuesto que grava la riqueza y no la producción, para el caso, la propiedad de la tierra rural. En consecuencia, deben ser analizados como un instrumento de distribución de ingresos y desde ese ángulo evaluar la legitimidad de la intervención pública.

En definitiva, a través de las retenciones el gobierno esta captando sólo una porción de la injusta redistribución de ingresos que produjeron las medidas de política económica del año pasado, que generaron un espectacular enriquecimiento de los propietarios rurales a costa, principalmente, del empobrecimiento de los asalariados y otros sectores de la población.