La competitividad depende del entorno macro y microeconómico, de la calidad de las instituciones y de la capacidad para introducir cambios tecnológicos. Un buen entorno macroeconómico es una condición necesaria para facilitar la acumulación de factores y los aumentos de productividad, y requiere de: (i) consistencia entre políticas fiscal, cambiaria y monetaria; (ii) una inflación baja y estable; (iii) cuentas fiscales ordenadas; (iv) transparencia en el manejo de las cuentas fiscales, y (v) reglas de juego estables (ej. aranceles, impuestos, etc.).

Además, debe existir un entorno microeconómico que incentive los aumentos de productividad por parte de las firmas, lo que requiere de: (i) apertura comercial y financiera; (ii) un sistema financiero sólido y bien desarrollado; (iii) flexibilidad laboral; (iv) una estructura no distorsiva de impuestos y subsidios; y (v) una regulación apropiada de mercados donde existen fallas. A su vez, para promover la innovación tecnológica se requiere de (i) incentivos adecuados a la innovación y adopción de nuevas tecnologías; (ii) alta calidad de la educación; (iii) una infraestructura apropiada, e (iv) investigación a nivel de empresas (lazos fuertes entre empresas y universidades u otros centros de investigación).(CORBO, 2003)
Sin embargo, como afirma Adolfo Figueroa (1998) en su artículo "Equidad, inversión extranjera y competitividad internacional": "es evidente que la competitividad no es sólo una cuestión de eficiencia microeconómica o sectorial; tampoco es sólo una cuestión de balances macroeconómicos; es también una cuestión social".

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Las sociedades compiten unas con otras para atraer las inversiones privadas con el fin de hacerse competitivas y lo hacen, entre otros factores, con su grado de equidad. Las productividades relativas de los países dependen de la distribución de inversiones entre ellos; a su vez, sobre las decisiones de inversión influyen los niveles de infraestructura pública y el grado de estabilidad sociopolítica de los receptores y, tal grado es además función de la equidad. Luego, la competitividad depende de la equidad.
Figueroa (1998) entiende que en todas las sociedades existe un umbral de tolerancia social a la desigualdad por debajo del cual se producen crisis distributivas. Estas crisis distributivas no sólo dependen de los resultados del mercado, sino de la política redistributiva del Estado. La situación de crisis distributiva generaría nuevas formas de redistribución, en las cuales el derecho de propiedad ya no se respetaría plenamente. En tal situación, los ingresos no contractuales adquirirían importancia creciente. Como consecuencia, los niveles de violencia, corrupción, e incertidumbre en el sistema productivo se elevarían. Todo ello significarían costos económicos para la sociedad.
En el corto plazo, se acrecentarían los costos de seguridad personal y de la protección de la propiedad, así como de las paralizaciones por huelgas y todo tipo de desorden social. Estos costos se trasladarían a las firmas. Parte de los costos sociales, se transformarían entonces en mayores costos unitarios de éstas, con pérdidas de competitividad.

En el largo plazo, los costos económicos de una crisis distributiva incluirían una retracción de la inversión privada y también una baja calidad de la mano de obra como consecuencia de la pauperización de las masas.

Del planteo anterior se puede concluir que: junto a un entorno macro estable y un entorno micro que provea los incentivos para lograr aumentos de productividad, para aumentar su competitividad los países demandan políticas sociales tendientes a mejorar la distribución del ingreso y el nivel de vida de su población.

En definitiva, para aumentar su competitividad los países requieren avanzar implementando reformas que afectan a un conjunto de áreas interrelacionadas, no existiendo una política única que pueda crear competitividad.