La Argentina enfrenta la crisis económica mas importante de su historia, caracterizada por serios desequilibrios internos (recesión y déficit fiscal) y externos (insolvencia y falta de liquidez) que comprometen seriamente su futuro. Si bien la crisis comenzó en la primavera del 98 alimentada por factores externos de carácter financiero no deben confundirse sus circunstancias detonantes con sus causas profundas. La reducción de los flujos de créditos para países emergentes que siguió a las perturbaciones del sudeste asiático, Rusia y Brasil, y la consecuente alza de las tasas de interés, el deterioro de los precios internacionales de nuestras commodities y las devaluaciones del real, del euro y el yen, sólo aceleraron una crisis previsible, no la provocaron.

A continuación pasaremos breve revista a estos desequilibrios y las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de superarlos.

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Recesión. El PBI se contrajo el 3,5% -el per capita un 6,5%- en los últimos dos años y casi la tercera parte de la población esta afectada por precariedad laboral, desempleo abierto o subempleo, situación que se refleja en los altos niveles de pobreza.

Para recuperar el crecimiento el Gobierno confió, en un principio, en estimular la inversión a través de medidas de ajuste fiscal. De esta forma esperaba ganar la confianza de ahorristas y acreedores del exterior para ampliar el crédito internacional y poder bajar la tasa de riesgo país y, en consecuencia, la tasa de interés doméstico. El diagnostico oficial resultó ingenuo al creer que la mera reducción del déficit público era condición suficiente para recuperar el crédito externo y retomar el sendero del crecimiento. Más bien, el Gobierno se dejó adormecer por los cantos de sirena de los voceros económicos del establishment que le prometían el codiciado investment grade si profundizaba el achicamiento del Estado, evitando realizar una lectura de la realidad mas profesional y comprometida con su base social.

El poco respaldo brindado por los acreedores externos, que se refleja en el paulatino incremento de la tasa de riesgo país, llevó al temprano fracaso de esta política obligando al Gobierno a un cambio de orientación, que privilegió la negociación directa con los titulares de concesiones de servicios públicos, es decir con los beneficiarios de las privatizaciones del 90, ofreciéndoles nuevas oportunidades de negocios a cambio de inversiones frescas con efecto reactivador. La extensión de las concesiones de rutas, renegociación de contratos ferroviarios y de otros servicios públicos, como correo, aguas, aeropuertos y telefonos, deben ser entendidas en este nuevo contexto (Reincidiendo en la cuestionable práctica de negociar precios, plazos y condiciones sin licitación).

Finalmente, el Gobierno parece estar comprendiendo que no puede continuar con esta política de ajuste perpetuo que no muestra resultados en lo económico y lo enfrenta a la sociedad. De allí que haya aceptado un déficit fiscal de $ 7.000 millones para el 2001, en lugar de los $ 4.800 originalmente previstos y la postergación por dos años de la meta de presupuesto equilibrado.

Déficit Fiscal. La administración menemista dejó un país con elevado y creciente déficit fiscal. Sin considerar lo obtenido por la venta de acciones de YPF y de licencias de comunicación y tomando en cuenta el rojo del PAMI, 1999 cerró con un déficit a nivel del Gobierno Nacional de 9.300 millones (3.3 % del PBI) y con una proyección para el 2000 de 12 mil millones (4.2% del PBI). De considerarse el conjunto del sector público argentino, es decir Nación mas provincias y municipios, el déficit del 99 superó los 13 mil millones de dólares.

Por las razones antes enunciadas así como para desactivar el explosivo crecimiento de la deuda pública, que a fines de 1999 alcanzaba a 116 mil millones de dólares (de los cuales, 110 mil millones eran en moneda extranjera) y que insumía intereses por 10 mil millones, el Gobierno implementó medidas destinadas a achicar en una tercer