Por Alberto Pontoni.Febrero 2003

A inicios de la década del 90 se inició en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, un proceso de reforma del Estado de gran magnitud. Desmantelamiento para algunos, puerta de entrada al primer mundo para otros, la privatización de los servicios públicos generó una polémica que continúa hasta hoy.

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El optimismo acerca del papel de las empresas públicas en la economía fue un fenómeno generalizado de la década del 40. Posteriormente, comienza un proceso de desencanto, originado tanto en la ineficiencia de los servicios como en la creciente carga fiscal que representaban para el Estado, que lleva a la ruptura del consenso favorable. La recesión y la hiperinflación de finales del 80 le asestan un golpe mortal. Incluso hay quienes sostienen que la política de privatizaciones generó una popularidad similar a las nacionalizaciones.

Las privatizaciones abarcan un proceso muy heterogéneo de acciones que va mucho mas lejos que la mera transferencia de peajes y servicios públicos al sector privado. De allí que no pueda juzgarse este fenómeno sólo a partir de los cambios producidos en la calidad de prestaciones en teléfonos, gas o electricidad, como pretenden sectores interesados en la justificación global de ese periodo.

La venta de YPF y las concesiones de hidrocarburos son temas de la mayor trascendencia económica, que no deben confundirse con el análisis de los servicios públicos. Asimismo, corresponde diferenciar otras acciones privatizadoras de gran importancia global e individual cuyas consecuencias se harán sentir en los próximos años, como es la administración del sistema de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo y a pesar de esa heterogeneidad de acciones, existe un común denominador de la cruzada privatizadora: el propósito de otorgar nuevas oportunidades de negocios al sector privado. Esta acción abarca desde la apertura de mercados de monopolio público, como las telecomunicaciones, hasta la transferencia de bienes del patrimonio común.

De allí, la importancia de incorporar al análisis el precio de la transacción, es decir, lo percibido por el Estado a cambio del negocio otorgado, ya sea un mercado o un activo, presente o futuro, para evaluar la eventual lesión y menoscabo del patrimonio colectivo. Sin embargo, no resulta sencillo comprobar la consumación de un despojo. Un indicio puede estar en los resultados obtenidos por las empresas involucradas.

Aclarada esta cuestión se exponen algunas reflexiones sobre los servicios públicos en Buenos Aires, transcurridos más de 10 años desde su transferencia al sector privado.

El caso de los servicios públicos

En términos generales resulta indiscutible que los servicios de teléfonos, luz, gas y aguas han mejorado sustancialmente la calidad de prestación y ampliado la extensión de su cobertura. Sin embargo, esta modernización se ha producido a un costo excesivo. Entre 1986 y 1996 el gasto en electricidad, gas y teléfono incrementó su participación en el presupuesto familiar en un 50%. En los hogares de bajos ingresos la participación en el gasto total paso del 6% al 11%.

Este fuerte aumento en el costo de los servicios encuentra su explicación tanto en los ajustes de tarifas realizados por el gobierno en la etapa previa a la privatización como en los dispuestos por las empresas en los años siguientes. Las empresas gozaron del privilegio de poder indexar sus tarifas (a pesar de la prohibición expresa establecida en la ley de Convertibilidad) conforme al índice de inflación de EEUU y, adicionalmente, se las favoreció con la revisión de las cláusulas contractuales pactadas. De allí, que entre 1991 y 1998, en plena vigencia de la Convertibilidad, se hayan registrado aumentos de tarifas del 200% (gas residencial), 140% (telefonía básica) y 90% (electricidad residencial) en esos servicios.

La otra cara de este mismo fenómeno se refleja en las superutilidades percibidas por las empresas involucradas en las privatizaciones, que se sitúan muy por encima del resto de las grandes empresas que operan en el país. Justamente, son estos beneficios extraordinarios los que permiten abrigar la sospecha que el argumento de "privatizar para modernizar" ha servido para ocultar la consumación de un despojo del patrimonio colectivo a través de la adquisición de activos a precios subvaluados.

El caso de las empresas que concurrieron a la privatización de teléfonos y que poco tiempo después vendieron sus participaciones resulta ilustrativo. Todas multiplicaron varias veces su inversión inicial y obtuvieron récords difíciles de igualar en tiempo y monto. Techint obtuvo ganancias equivalentes al 780% de su inversión original (vendió en 1997), Pérez Companc 550% (1999), Banco Morgan 520% (1999) y Comercial del Plata 430% (1993).

De lo expuesto se concluye la necesidad de corregir las "fallas" y abusos en la prestación privada de servicios. Esto requiere una intervención activa del Estado a través de la revisión de los contratos, la incorporación de nuevos actores que promuevan la competencia y el fortalecimiento de las entidades de control. Sin embargo, la tradicional ineficiencia (o complicidad) estatal impone la participación ciudadana como un elemento fundamental para impulsar esta decisión de cambio.