Por Alberto Pontoni y Azul Coppari. Noviembre 2005

Analizamos uno de los modelos mas difundidos como experiencia de acuerdo nacional, los Pactos de la Moncloa.

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Hace 30 años, en noviembre de 1975, fallecía Francisco Franco, Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, que durante casi 40 años gobernó España con puño de hierro. Lo sucedió como jefe de Estado Juan Carlos I, conforme lo había dispuesto el mismo dictador poco tiempo antes. En junio de 1977, después de un año y medio de difícil transición y en el marco de una convulsionada coyuntura política, económica y social España va a elecciones libres (las primeras desde 1936, cuando triunfó el Frente Popular).

El resultado electoral mostró una dispersión de preferencias que dificultaba la búsqueda de una salida para la profunda crisis que vivía el país, ya que la centro derecha (UCD) obtuvo el 35% de los votos, los socialistas del PSOE el 29% y los comunistas (PCE) un 10%.

Es en este contexto que en octubre de 1977 se realiza un acuerdo nacional, conocido como Pacto de la Moncloa, suscripto por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y sancionado por unanimidad en ambas cámaras del parlamento. Se considera que este hecho institucional constituye uno de los cimientos, junto con el ingreso a la Comunidad Económica Europea en 1986, de la España moderna y democrática de hoy.

Los Pactos de la Moncloa son, básicamente, dos: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía). Mientras que el primero perseguía la consolidación democrática del país, que se perfecciona con la sanción de una nueva Constitución en 1978, el segundo plantea medidas urgentes destinadas a salir de la seria crisis económica y modernizar la estructura productiva.

El Programa Económico

El legado de Franco fue una España poco desarrollada, en seria recesión económica, con fuerte desequilibrio externo y creciente inflación. La emigración a naciones vecinas a partir de mediados del 50, constituía la principal salida y recurso de subsistencia para gran parte de la población, oficiando de factor de contención social.

En 1977 la situación era explosiva. Las exportaciones sólo cubrían el 45% de las importaciones, provocando el sostenido incremento del endeudamiento externo y caída de reservas. La deuda trepó a 14 mil millones de dólares, triplicando la disponibilidad de divisas y la inflación alcanzó a niveles del 50% anual. Las pequeñas empresas, seriamente endeudadas, estaban paralizadas y el desempleo rondaba el millón de personas.

El Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía, suscripto en el marco de los acuerdos de la Moncloa, con el consenso de los partidos políticos y previa consulta de las organizaciones laborales y empresariales, consideraba acciones de corto y mediano plazo.

Las de acción inmediata estaban destinadas a contener la inflación y estimular la actividad empresarial, recayendo el esfuerzo, principalmente, sobre el sector público, que se comprometía a una mayor austeridad, y los asalariados, que renunciaban a las medidas de fuerza para obtener ajustes salariales.

Entre las acciones acordadas destacaban:

* El compromiso del gobierno de reducir el gasto y ejercer una política monetaria restrictiva.

* La aceptación de ajustes salariales conforme la pauta de inflación futura en lugar de la pasada. Esta medida representaba un sacrificio de los trabajadores, pues implicaba aceptar aumentos de remuneraciones inferiores a la evolución del costo de vida.

* La flexibilización del régimen laboral, a través de mecanismos de contratación temporal y mayores facilidades para el despido de personal (inicialmente, hasta el 5% de la plantilla).

El Pacto también contemplaba iniciativas que apuntaban a una mejora de los derechos sindicales y la distribución del ingreso, a través de reformas de la estructura impositiva, seguridad social y educación. De esta forma se pretendía presentar el acuerdo como un reparto equitativo de sacrificios. Sin embargo, poco de esto último se llegó a concretar.

El Programa permitió alcanzar los objetivos de corto plazo fijados. En 1978, la inflación descendió al 16%, la situación fiscal mejoró, las reservas se duplicaron y las empresas comenzaron a recuperarse. Sin embargo, poco se avanzó en los objetivos propuestos para el mediano plazo, principalmente la reducción del desempleo y una mejora en la distribución del ingreso. Las promesas de reformas terminaron siendo postergadas.

En 1982 llega al gobierno el Partido Socialista (PSOE) que, paradójicamente, privilegió políticas ortodoxas de crecimiento por sobre la distribución. Durante la gestión de Felipe González mejoraron las principales variables macroeconómicas y aumentaron las utilidades de las empresas, pero al mismo tiempo cayó el salario real, se agravó el desempleo y aumentó la precariedad laboral. El mercado desplazó el anterior régimen de acuerdos.

Reflexiones finales

El aspecto más positivo del Pacto de la Moncloa está, definitivamente, en el componente político. Los rituales simbólicos y ceremonias de reconciliación nacional (entre las que destaca el reconocimiento de la monarquía) así como el consenso de la dirigencia política respecto del proceso de democratización del país generó un clima de gran confianza que repercutió favorablemente y facilitó el ingreso a la Comunidad Europea. Desde este aspecto constituyó una respuesta inteligente de la dirigencia de ese país para superar el retraso y engancharse al exitoso tren de la integración europea.

La Moncloa deja otra lección: el incumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores a pesar de las apelaciones grandilocuentes a la necesidad de un reparto de sacrificios. El pacto económico sirvió para contener las demandas de los asalariados que debieron resignar ingresos y empleos y esperar más de dos décadas para mejorar su situación.

La España de la Moncloa es muy diferente de la Argentina de hoy, que lleva más de dos décadas de ejercicio democrático, no le espera ninguna locomotora externa de progreso y bienestar a la cuál engancharse y viene de superar un profundo colapso. De allí, que el desafío no pase tanto por la modernización institucional sino, principalmente, por concertar las bases para impulsar un desarrollo equitativo e integrador, lo cuál implica que el eje del consenso debe estar orientado a la definición del programa económico.