Existe una visión ideológica extrema que suele evaluar la competitividad de un país conforme las condiciones institucionales, principalmente jurídicas y políticas, que favorecen el desarrollo del sector privado (el llamado clima de negocios) y, en particular, el acceso de las grandes corporaciones transnacionales Un claro ejemplo de este enfoque es el ranking de competitividad que periódicamente elabora el World Economic Forum.

En un reciente informe hizo retroceder a la Argentina 14 puestos en el último año, pasando del 64 al 78, a pesar del buen desempeño de la economía local durante ese periodo, situando a nuestro país muy por debajo de Chile (líder en A. Latina), Sudáfrica, Sri Lanka, Paquistán y Serbia. El trabajo también destaca que "las desventajas competitivas registradas para la Argentina son la inestabilidad política, la corrupción, la inflación y la falta de credibilidad pública en los gobernantes".

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Como era de esperar los devotos locales del WEF se apresuraron en puntualizar que para mejorar la competitividad era fundamental encarar reformas de fondo vinculadas al rol del Estado, la eficiencia del gasto público, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

La competitividad cambiaria

Desde un enfoque más técnico y menos contaminado de proselitismo anti estado es útil analizar la competitividad internacional a partir del tipo de cambio y, en particular, de la influencia que ejercen los factores estructurales en la determinación de este.

En Argentina, las excepcionales ventajas de productividad del sector agropecuario representan un serio obstáculo para el desarrollo industrial. Cosechas abundantes o mejoras de los precios internacionales implican incremento de la oferta de agrodólares, con la consecuente presión a la baja del tipo de cambio (sobrevalorización del peso) y el perjuicio de la producción manufacturera que pierde competitividad cambiaria frente a sus similares de otros paises. Paradójicamente, las excepcionales ventajas de productividad del sector agropecuario se terminan transformando en un serio obstáculo para el desarrollo industrial, si el Estado no interviene activamente. Esto permite entender porque muchos productos nacionales suelen ser mas caros que los extranjeros.

En otras palabras, cuando al campo le va bien la industria incuba una crisis. El mecanismo de transmisión de este remolino vicioso es el tipo de cambio, ya que el incremento de saldos exportables tiende a valorizar el peso y hacer perder competitividad a los sectores más sensibles y expuestos a la competencia externa.

De allí, que el desarrollo de la industria nacional se encuentre más ligado a factores que hacen a la competitividad macro, principalmente al tipo de cambio, antes que a otros de carácter micro. En consecuencia el problema deja de ser de comportamiento empresarial o de eficiencia del sector público y pasa transformarse en un desafío de política económica.

Cuando la riqueza se convierte en maldición

La maldición argentina reside, paradójicamente, en la fantástica riqueza que la providencia nos regaló y que repercute en la bonanza agrícola. El mismo fenómeno (denominado técnicamente "enfermedad holandesa") suele afectar las posibilidades de desarrollo industrial en otros grandes exportadores de commodities, como los paises petroleros.

Para ser más precisos, la maldición argentina es consecuencia, justamente, de la conjugación de dos factores, la elevada productividad de nuestro sector primario (fuente principal de generación de divisas) y la falta de una adecuada acción reguladora del Estado.

La evolución de la industria nacional presenta un derrotero muy quebrado de líneas en ascenso y descenso, debido tanto a la marcha del sector primario como a las cambiantes políticas públicas. Las consecuencias están a la vista. En la Argentina de hoy convive una industria raquítica con un robusto sector agropecuario. Nunca el país explotó tan intensamente sus recursos naturales, ni produjo ni exportó tantos granos como ahora y sin embargo … nunca hubo tanta pobreza y exclusión social.

En el actual modelo económico sobramos la mitad de los argentinos. Un país exportador de materias primas con poco valor agregado es socialmente inviable, debido a la poca capacidad del sector primario para generar un nivel de empleo satisfactorio para el conjunto de la población. De allí, la necesidad de contar con una industria vasta y consolidada.

La competitividad y el futuro del desarrollo industrial dependen de una serie de factores que superan el ámbito de la fabrica y la órbita del empresario, ya que se puede elaborar con gran eficiencia un producto pero estar fuera del mercado. Sin duda, la existencia de un tipo de cambio adecuado es una condición necesaria mas no suficiente de una política que persiga un desarrollo industrial sustentable. En consecuencia, la acción pública no puede limitarse a la sola intervención en el mercado cambiario.

Es necesario reflotar la idea que el estado sea promotor del crecimiento económico planificando estratégicamente el mediano y largo plazo, una concepción a la que se renunció hace 40 años. En este campo esta todo por hacerse, comenzando por la creación de un marco institucional y económico sólido, con una dirigencia comprometida con el interés nacional que logre crear previsibilidad en las medidas que se adoptan.

Paradigmas y Paradojas

En este tema, al igual que en tantos otros, los argentinos seguimos viviendo en el pasado, juzgando nuestra riqueza conforme a patrones que han perdido vigencia. La historia del mundo y de América Latina en particular es prodiga en ejemplos de frustraciones nacionales fundadas sobre la abundancia de recursos naturales. En este sentido, el oro americano fue la perdición de la España colonial, así como la plata de Potosí la maldición boliviana.

El campo de hoy no es el campo de ayer. Un siglo atrás era la principal fuente de creación de trabajo (de allí la atracción que ejerció nuestro país sobre los ejércitos de desempleados del mundo) y el precio de los productos primarios tenía un alto valor agregado por el trabajo. Hoy, por el contrario, el empleo en el sector agropecuario es ínfimo y el valor agregado de los bienes agrícolas es, para el caso argentino, principalmente renta diferencial, esto es, retribución al propietario del factor tierra .

Otra confusión, asociada a este paradigma, es considerar que el bienestar de los argentinos depende de los precios internacionales de nuestras commodities agropecuarias. Pensemos por un instante en las consecuencias de una eliminación de los subsidios y de las trabas al ingreso de productos agrícolas en la Unión Europea y los Estados Unidos. Los precios internos de los alimentos se dispararían (el precio de la carne podría llegar a multiplicarse unas 10 veces) haciendo aún más angustiosa la ya precaria situación de los trabajadores. Además, se incrementaría la cascada de agrodólares presionando sobre el tipo de cambio y comprometiendo la viabilidad de muchas industrias con la consecuente perdida de empleos.

Los grandes beneficiarios de esta situación serían los dueños de la tierra. No los productores agropecuarios sino los propietarios de campos. En otras palabras, aumentaría la renta agraria, que es la retribución que perciben quienes detentan la apropiación privada de un bien. Sin una intervención correctora del Estado (retenciones u otro mecanismo de captación de renta) asistiríamos a una nueva versión de la paradoja que a la Argentina le va bien pero a muchos argentinos les va mal.

Tampoco nuestra balanza comercial es lo que se pretende sea. El holgado superávit de divisas que muestra el intercambio con el exterior se transforma en serio déficit cuando se contabiliza trabajo exportado vs. trabajo importado. En otras palabras, nuestra demanda sirve para crear mas puestos de trabajo en el exterior que aquellos que en el ámbito interno crea la demanda mundial de nuestros bienes. Sería, indudablemente, un ejercicio muy útil contabilizar el flujo comercial a través de la creación y perdida de puestos de trabajo.

A título de conclusión

Una mala lectura de esta nota sería considerarla como una crítica al sector agropecuario y a productores y trabajadores del campo. O concluir que no deberíamos pelear por la eliminación de subsidios y trabas comerciales. Lo correcto es considerarla una seria convocatoria a la intervención activa del Estado para la captación de una mayor porción de la renta diferencial generada en el sector agropecuario y de la cual se beneficia sólo un pequeño grupo social. De allí, deberán surgir gran parte de los recursos que el país necesita para promover industrias y actividades de menor productividad económica pero más intensivas en generación de empleo.

Por Alberto Pontoni. Agosto 2004