La reciente culminación del canje de una porción sustancial de la deuda pública nacional cierra un capitulo importante en la reparación del desquicio generado por tres décadas de políticas económicas aberrantes. Más allá de los ahorros de recursos es importante resaltar el logro alcanzado en la elaboración de un "pensamiento propio" en el manejo profesional de este tema. La Argentina ha sentado jurisprudencia internacional y ha establecido un histórico precedente de espaldas a las directivas de los centros de poder domésticos y del exterior, financieros y académicos, que en todo momento apuntaron al fracaso. Asimismo, como economistas es un deber felicitar a nuestro colega Roberto Lavagna que supo demostrar que en economía hay intereses antes que leyes y que el camino del desarrollo es una creación heroica que requiere profesionalidad y compromiso nacional.

Antecedentes

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A fines del 2001 el total de la deuda pública alcanzaba a 144.4 mil millones de dólares y los intereses superaban los 10 mil millones anuales. Sin duda, semejante deuda y su servicio eran absolutamente impagables, con o sin declaración de default, ya que la economía no generaba el superávit fiscal y externo (divisas) necesario para hacer frente a los pagos.

Superado el caos del 2002 el Gobierno comenzó a trabajar en una estrategia de reestructuración global que, básicamente, distinguía entre aquellas obligaciones que debían honrarse plenamente (negociando una espera) y aquellas a las que se ofrecería un pago, pero con una quita sustancial. Las primeras, que sumaban 62 mil millones de dólares, correspondían a obligaciones de corto plazo y prestamos de organismos internacionales y paises. Las segundas, estaban representadas, principalmente, por títulos y prestamos contraidos con acreedores privados que en conjunto rondaban la suma de 82 mil millones.

Después de largas negociaciones el Gobierno terminó ofreciendo por las obligaciones en default un set de tres bonos alternativos (Par, Descuento y Cuasi Par), que se diferencian, principalmente, por los porcentajes de quita, intereses y plazos de amortización.

Resultados

El canje con quita y espera fue aceptado por el 76% de los tenedores de títulos en default, con acreencias por 78 mil millones de dólares (62 mil millones de capital más intereses acumulados) a cambio de nuevos bonos por un total de 35.2 mil millones. La quita fue del 55% y el ahorro para el Estado de casi 43 mil millones de dólares. El Gobierno mencionó una quita del 65.6% y un ahorro de 67 mil millones, porque computa en las quitas los créditos de quienes no ingresaron al canje, como si no fueran a pagarse nunca jamas. Los que no ingresaron al canje mantienen acreencias por mas de 24 mil millones de dólares, considerando capital e intereses.

Con el canje se alcanzaron dos objetivos: quita, pues se logró una reducción sustancial de una porción de la deuda y una disminución de los intereses pactados y, espera, ya que el plazo de pago se estiró de un promedio de 8 años y medio a poco más de 14 años. Un indicador que resume los logros obtenidos es la reducción a menos de la mitad de la carga anual por pago de intereses de esta porción de la deuda pública. El gobierno ha estimado en 3.200 millones de dólares el servicio anual promedio de la deuda reestructurada. Posiblemente la cifra final aumente debido a la necesidad de ofrecer una alternativa a quienes quedaron fuera.

El futuro

Quienes creen que Argentina superó este problema se equivocan y mucho. El monto del stock de deuda sigue siendo excesivamente alto y la carga de su servicio una de las más gravosas del mundo. Tres datos permiten comprender la situación.

1. Después del canje el stock de deuda es, según el Gobierno, de 125.2 mil millones de dólares (no computa la deuda con quienes no ingresaron al canje). Sin embargo, en un escenario más realista, que incluya las acreencias de los renuentes con una quita similar al resto, la deuda total alcanzaría los 136 mil millones de dólares. Este monto representa el 80% del PBI actual y equivale a unos 16 mil dólares por familia.
2. La nueva deuda absorberá sólo en concepto de intereses un promedio de 6.800 millones de dólares anuales (considerando una tasa del 5%), equivalentes al 20% de nuestras exportaciones y casi un 4% del PBI actual.
3. En los próximos 6 años se concentran vencimientos por 70 mil millones de dólares. Suponiendo se destinen todos los años el 3.5% de un PBI expandiéndose a una tasa del 6% anual, se necesitará refinanciar obligaciones por unos 30 mil millones de dólares. En el 2005 hay que pagar 13 mil millones y otros 14 mil millones al año siguiente.

¿Es factible honrar estos compromisos?

Sólo con crecimiento. Como bien lo señalara el ministro Lavagna en su intervención "ningún artilugio reemplaza al crecimiento". El país deberá necesariamente crecer en los próximos años a una tasa superior al 6% anual, para llegar al 2010 con un PBI de 230 mil millones de dólares (el actual es de 170 mil millones) y exportaciones que superen los 45 mil millones. ¿Qué se requiere?

Obviamente, políticas orientadas a estimular la producción, tanto por demanda como por oferta. Pero la clave pasa, fundamentalmente, por una dirigencia eficiente y comprometida con el interés nacional. Los desafíos son crecimiento y bienestar para todos, es decir, producir y distribuir equitativamente el esfuerzo común. Esta fue la permanente preocupación de los fundadores de la economía y debe continuar siéndolo.

Reflexiones finales

1. Lo positivo. Dos cuestiones: el manejo autónomo de toda la gestión y el éxito. Más allá del monto real de la quita obtenida (sustancialmente inferior a la ofrecida inicialmente en Dubai en setiembre del 2003) la reestructuración de la deuda alcanzó el máximo éxito posible en el marco de una negociación. De haberse propuesto condiciones mas gravosas para los acreedores el nivel de aceptación habría sido muy inferior, provocando un fracaso de consecuencias políticas y económicas imprevisibles.
2. El gusto amargo. Que los únicos perjudicados por la reestructuración hayan sido acreedores privados del exterior que en su momento confiaron en la Argentina, mientras que los verdaderos responsables, la dirigencia política y económica local con responsabilidad de gobierno en las últimas tres décadas, siga gozando impunemente. Un acto de justicia sería que compartan, al menos, los costos de su mala praxis y, en muchos casos, paguen por la utilización del cargo público con fines delictivos.

Por Alberto Pontoni.Marzo 2005

ver: Canje de Deuda