A comienzos de la década de los 60´s, Ronald Coase nos regaló un estudio titulado "El problema del Costo Social". Fue una extensión, a pedido, de su artículo "The Federal Communications Commission", publicado en el Journal of Law & Economics (1959).

El trabajo en sí no tiene muchas vueltas. Básicamente, hace referencia a las actividades de una empresa que tiene efectos (positivos o negativos) en otras empresas. Lógicamente, el autor se centra en los efectos negativos de la actividad. Para presentar su exposición, se remonta a los tiempos del Profesor Pigou (quien había tratado el tema y la conclusión resumida es: Quien las hace, las paga). En ese entonces, la mayoría de los economistas tendía a señalar a los dueños de las fábricas contaminantes como los principales culpables siendo quienes debían pagar los daños causados o a quienes se debía aplicar un impuesto variable (el famoso pigouviano) según la cantidad de humo, por ejemplo, que producía. En su desarrollo, Coase nos enseña que las medidas sugeridas no son los suficientemente buenas porque conducen a resultados no desables.

​​

En palabras del autor, hasta su desarrollo el problema se presentaba como uno en que A le causa un daño a B y lo que hay que decidir es de que forma restringimos la actividad de A. La conclusión obvia, aún sin haber leido su estudio, es que el problema a definir no se puede plantear de esa manera. Si estamos inmersos en una sociedad ideal (al estilo Von Mises, Hayek y Friedman, entre otros) no podemos hacer desaparecer del mapa al propietario que produce pero contamina. Lo que hay que definir, a grandes rasgos, es de qué forma podemos evitar el daño mayor.

Existen muchas derivaciones del problema que no se corresponden con lo que queremos ver en este artículo, pero se ilustra un caso (Sturges vs Bridgmarn) que es revelador: Es el caso de un panadero que tiene dos máquinas que utiliza en la producción pero que, en ella, perjudica la actividad de un médico que atiende en un edificio lindero. El profesional argumenta que, debido a los ruidos ocasionados por la maquinaria, no puede auscultar a sus pacientes siendo sus diagnósticos poco confiables... Si pensaron lo mismo que yo cuando lo leyeron, les digo si: estos casos existen y la justicia se moviliza por ellos. Resumiendo, el médico se acerca a la justicia, habrá completado sus formas y mandó al banquillo al panadero. ¿Qué dictaminó la justicia? Bueno, que el panadero se tenía que ir del vecindario, porque era residencial y no podía molestar a todos con sus maquinitas.

Acercándonos al meollo de la cuestión, podemos preguntarnos: ¿Cómo podemos evitar que el médico llegue a la justicia y que cuando un paciente salga del consultorio se pueda comer un rico vigilante mixto sin ir a una zona fabril para comprar facturas? Ajá, dice Coase canchereando. El médico podría haber dejado que el panadero trabaje tranquilo siempre y cuando le pague una cantidad de dinero mayor que la pérdida que le hubiese generado haber mudado su consultorio o atender cuando el panadero no usa las máquinas. Por otro lado, el panadero lo hubiese aceptado si la cantidad que le debe pagar a su contrincante es menor que su propia disminución. Hasta acá, estuvimos bajo el supuesto implícito de que no había costos de transacción (no se preocupe señora, no es importante).

Pensemos ahora que, como pasa en la realidad, existen costos de transacción. A veces, los costos que deben soportar las empresas son demasiado elevados por lo que el Gobierno puede aparecer como una solución alternativa. En palabras de Coase, "...el gobierno es como una superempresa ya que es capaz de influir en el uso de los factores de producción mediante decisiones administrativas...". Chupate esa mandarina! Lo que estamos trantando de explicar es que el Gobierno puede decidir (mediante disposiciones y regulaciones) qué es lo que se puede producir, de qué forma, en qué lugar, etc.

Te estarás preguntando qué tiene que ver el derrame de petróleo en el Golfo de México con esto. Bueno, ahi voy: El 20 de abril pasado explotó una plataforma petrolera de la empresa British Petroleum (BP) en esa zona, derramando más 5000 barriles de petróleo por día (si fuiste corriendo a buscar la calculadora, te resumo: 1 barril equivale, más o menos, a 159 litros y ese barril te sale algo así como U$S 78 y monedas, con lo cual estamos hablando de U$S 390.000 aprox. por día!). Esperá, sacate las patas de rana, porque esto es serio... En el mar tenemos más plata perdida de lo que te podés imaginar con este desastre, pero... ¿Quién paga?

Hoy se está considerando que las pérdidas son incalculables, tanto en Estados Unidos como en México. No solamente estamos afectando el medio ambiente (que no es poca cosa) sino que estamos aniquilando especies en peligro de extinción, turismo en la zona costera, pesca, etc... Leí en la página de Greenpeace que en el 2007 se había advertido al gobierno que la explotación en el mar es sinónimo de explosiones, derrames y muerte.

¿Alguien tuvo en cuenta este desastre? Sabemos que los mexicanos están perdiendo hoy 1000 toneladas de atún, podemos cuantificar aproximadamente la reducción del turismo en las costas de Estados Unidos (total ya estabamos en crisis, así que va a ser más o menos lo mismo me dijo uno hoy), pero ¿cómo calculamos, en términos monetarios, el daño que se está causando en el medio ambiente?

Calculo que, en el mundo en el que todo tiene un precio y se rige por la ley de oferta y demanda, el costo que tuvo que asumir BP comprando parlamentarios en el Congreso fue menor que la ganancia que podría haber obtenido (aún calculando este derrame) si hubiese tenido que poner todas las cosas en regla para poder explotar la zona legalmente.

Al final, el viejo Ronald tenía razón y bien merecido estuvo ese Premio Nóbel allá por 1991.