Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

A veces, algunos proyectos legislativos que “suenan” atractivos terminan teniendo un impacto diferente al buscado por los parlamentarios. Por ello, conviene evaluar dos propuestas legislativas que, hoy, se están discutiendo. Una, la que busca obligar a las empresas que tienen más de 300 trabajadores, a repartir parte de sus utilidades entre sus empleados, como base para mejorar la “justicia distributiva”.

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Para producir algo se necesita trabajo; pero también otros factores de producción. Por ejemplo, la tierra o el capital físico o monetario, que no es más que el fruto del trabajo que alguien ahorró, o el humano (tiempo y esfuerzo invertido en capacitación) o la tecnología (en cuya gestación intervino el tiempo, el conocimiento y/o el dinero). Todos ellos tienen una remuneración de mercado; pero, hasta acá, no tenemos asegurada ninguna actividad productiva que sea sustentable. Falta alguien, el empresario, que tenga la habilidad de identificar una necesidad de sus prójimos y, organizando los otros factores de producción, la satisfaga a un precio que los demandantes estén dispuestos a pagar, obteniendo, además, una recompensa (ganancia) por su tarea y asumiendo el riesgo de que algún error o contingencia diluya su esfuerzo y dinero invertido.

No cualquiera puede ser un emprendedor; ya que demanda una combinación de visión, capacidad y audacia que es escasa. Por ello, un sistema económico eficiente debe remunerarlos bien, para incentivarlos a satisfacer las necesidades de sus prójimos y, además, crear puestos de trabajo para aquellos que no tienen esa vocación.

Cuando alguien invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en gestar una empresa, lo hizo para obtener una ganancia; la cual fue mayor o menor según la habilidad de dicho emprendedor. Ese flujo de rendimientos esperados determina el valor de la compañía. Por lo tanto, si un legislador o funcionario lo obliga a compartir parte de sus beneficios con los trabajadores, le está confiscando un pedazo del valor creado; ya que su precio disminuirá al restarle al flujo de rendimientos esperados lo que, en adelante, se les transferirá a los empleados.

Si los emprendedores, locales o extranjeros, que están ya trabajando en la Argentina y los que están evaluando hacerlo, observan que aquí se les puede sacar parte de lo que les pertenece, asumirán que aumentó el riesgo de poder hacerse del fruto de sus esfuerzos. Por ende, habrá menos inversión, será menor la riqueza a repartir, se crearán menos puestos de trabajo y el nivel de bienestar de todos los argentinos será más bajo. Lo más grave es que no solamente la “torta” será más chica; sino que, para que algunos pocos empresarios se arriesguen a colocar su tiempo y dinero en la Argentina, habrá que tentarlos con una mayor tasa de ganancia o sea con una “porción mayor” de ella. Es decir, a la larga, tendremos una peor distribución del ingreso. Justo lo contrario que quieren obtener quiénes defienden este absurdo proyecto.

Preocupados por la escasez de crédito bancario en la Argentina, otros legisladores han propuesto reformar la Ley que rige al sistema financiero, definiéndolo como servicio público, incrementando la posibilidad de intervención de los gobiernos. Es evidente que tienen un diagnóstico equivocado; ya que para poder dar préstamos, los bancos necesitan captar depósitos.

Lamentablemente, los argentinos no estamos dispuestos a confiar nuestros ahorros a las entidades financieras; ya que a) las bajas tasas de interés respecto a la alta inflación los termina licuando; y b) en el pasado, algunos gobiernos se apropiaron de los ahorros bancarios para financiar gasto público (ej. Plan Bonex´89) o subsidiar a algunos sectores endeudados (ej, quienes debían dólares que fueron “pesificados”, 2002).

Conclusión, en la Argentina nadie quiere poner el fruto de su trabajo al alcance de una nueva confiscación y, como solución, estos legisladores proponen darle al Estado un mayor manejo de los recursos provenientes de los depósitos. Si se sanciona la reforma propuesta, no solamente es esperable que no aumente la predisposición a ahorrar en el sistema financiero local, sino que debería disminuir; por lo que la disponibilidad de crédito bancario será menor.

Los argentinos y nuestros representantes deberíamos dejar de buscar soluciones milagrosas y confiar más en el respeto de los derechos y la consolidación de las instituciones como forma de canalizar el trabajo y la creatividad hacia la construcción de un mayor bienestar general para todos