Nuevos gualichos para aumentar el crédito bancario

Autor: Lic. Aldo Abram

Si bien en la actualidad el sistema financiero brinda muchos otros servicios, su tarea básica es intermediar el ahorro de una comunidad transformándolo en crédito para consumidores, productores o para el sector público. Por lo tanto, para que haya préstamos, tiene que haber depósitos y este “insumo” no es de los bancos, sino de los ahorristas que se lo CONFIARON. Escribimos esta palabra en mayúsculas porque el principal capital de cualquier sistema financiero es su “confiabilidad”; por lo cual, su objetivo primordial tiene que ser cuidar el dinero de sus depositantes.

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Como vemos, no es cierto que su función sea esencialmente prestarle a determinados sectores o financiar un cierto “modelo productivo”, como dicen muchos políticos y economistas. Sin embargo, en la Argentina, nuestros funcionarios públicos han tendido a usar los recursos que están en los bancos como instrumentos de política económica. Así nuestra historia se plagó de confiscaciones de ahorro, para financiar los gastos excesivos de gobiernos (ej. Plan BONEX de diciembre de 1989) o para subsidiar a determinados sectores (ej. a los deudores en dólares “pesificados” con los recursos de los depositantes de moneda extranjera, en 2002).

Desde el Estado, se siguen dando señales en este sentido, como cuando se fuerza a las entidades financieras a otorgar determinado tipo de crédito o se les fijan las tasas que deben cobrar. Esto es una clara violación de los derechos de los depositantes que eligieron al banco que consideraron les brinda una remuneración adecuada y el mejor manejo de los ahorros que ellos le confiaron. Este avasallamiento es permanente en nuestro país; por lo que no debe extrañarnos que los argentinos tratemos de tener nuestros ahorros lo más lejos posible del sistema financiero (o sea de las manos de los funcionarios públicos).

El resultado está a la vista, los argentinos no usamos a los bancos para ahorrar. En nuestro país, los depósitos totales rondan el 25 del PBI; mientras en los países “serios” multiplican ese ratio, por lo menos, por dos. Es más, usamos al sistema financiero como un “segundo bolsillo”, por motivos transaccionales; lo cual queda claro cuando observamos que más del 75% de las imposiciones están a un plazo menor a 90 días. Por lo tanto, con esta disponibilidad de recursos, ¿con qué fondeo esperamos que los bancos den créditos baratos y de largo plazo?

Cuando algo es escaso, es caro y se puede ser más selectivo a la hora de asignarlo. Por lo tanto, los pocos préstamos que se puedan dar, irán a manos de aquellos que brinden mejores garantías de repago; lo cual es bueno para los ahorristas, dueños de esos fondos. Además, como implica un riesgo enorme usar recursos depositados por corto tiempo para dar créditos de largo plazo, estos últimos serán aún más escasos. Por lo tanto, no extraña que la principal queja que se escucha sobre el sistema financiero es lo escaso y caro del crédito que ofrece, principalmente al sector PyMes.

Queda claro que lo primero que hay que lograr para que haya más préstamos bancarios es que la gente confíe en el sistema financiero argentino. Sin embargo, el proyecto de reforma de la ley que rige este sector, presentado por el diputado Heller en el Congreso, va en el sentido contrario. Lo declara “servicio público” y, con esa excusa, incrementa las posibilidades de intervención de los funcionarios estatales en el mismo; lo cual garantiza que la intermediación bancaria en la Argentina continúe en vías de extinción.

El sistema financiero es importante para la economía de un país; pero eso no la transforma en un servicio público. De hecho, con ese criterio, son mucho más esenciales la producción y la comercialización de alimentos, sin los cuáles moriríamos todos los que no vivimos en el campo.

En la Argentina, tenemos 85 entidades financieras y un grado de concentración del negocio que es más bajo que el de la mayoría de los países comparables. No tiene sentido hablar de las virtudes de promover la competencia para mejorar los servicios a los consumidores y, al mismo tiempo, dificultar el ingreso de instituciones extranjeras o limitar la capacidad de expansión de una entidad a un 8% de los depósitos o los créditos del sistema. El incentivo mayor de un banco es poder crecer para ganar más plata y, para ello, intentará abrir más sucursales y brindar mejores servicios. Después, tiene que haber mecanismos que controlen que no pueda tener una posición dominante que impida la competencia; lo cual no depende necesariamente de su tamaño.

Tampoco tiene sentido obligar a los bancos a prestarle un determinado porcentaje (no menos de 38%) de su cartera a las PyMes. Cada entidad tiene su estrategia crediticia y, con ella, busca maximizar la relación rendimiento/riesgo asumido con los depósitos que le confiaron. ¿Quién dice que un burócrata estatal puede decidir mejor qué hacer con sus ahorros que su propio dueño, que le delegó esa responsabilidad a un determinado banco?

Otra aberración es pretender fijarle límites a la tasa de interés que cobren por los préstamos a las PyMes. Esto derivará en que las entidades, con el dinero de los ahorristas, tendrán que asumir más riesgo por un menor rendimiento, lo cual las vuelve menos sólidos. Conclusión, estamos restándole confiabilidad al sistema financiero; por lo que habrá menos depósitos y menos crédito para todos.

La reforma de la ley de Entidades Financieras tiene que ir justamente en el sentido inverso. Debe establecer condiciones de respeto de los derechos de los depositantes y usuarios del sistema financiero por parte de las entidades y, también, del Estado. Además, debe buscar la mayor bancarización posible, facilitando el acceso a una cuenta bancaria básica. Promover la competencia entre los bancos, sin restringir los incentivos a brindar mayor, mejor y más baratos servicios a los usuarios. El proyecto Heller promueve que se asuman más riesgos con los fondos de los ahorristas, cuando en el mundo la tendencia es a controlar que hagan un manejo prudente de esos recursos. Por último, sin una moneda estable que sirva de reserva de valor, es muy difícil promover el ahorro bancario de largo plazo, fuente de toda posibilidad de crédito a la producción. Por ello, mientras se siga bastardeando al peso, sería bueno permitir el uso de toda la variedad posible de índices de actualización de depósitos y préstamos.

Lamentablemente, como dijimos, la historia argentina está plagada de políticas arbitrarias y absurdas de “iluminados” legisladores y funcionarios públicos que creen poder multiplicar milagrosamente “los peces y los panes” y terminan en perdidas o estruendosos fracasos que paga toda la sociedad. Sin embargo, parece que a los argentinos nos gusta repetir los errores y creer en el surrealismo mágico que algunos proponen. ¡Así estamos!

Autor: Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)