Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

Retenciones e inflación, La Constitución es la solución

Las retenciones son un impuesto a las exportaciones de un determinado bien. Por ello, su determinación es una facultad que la Constitución Nacional le da al Congreso, como representante de los contribuyentes Esto es así en todas las Cartas Magnas desde que éstas tuvieron su origen en 1215, cuando los súbditos de Inglaterra se rebelaron contra la imposición de tributos del Rey y exigieron que éstos fueran aprobados por el Parlamento. Por eso, es buena noticia que la legislatura argentina haya recuperado esta facultad de imposición a las ventas externas que, constitucionalmente, es indelegable.

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Sin embargo, no es cierto que lo que resignan los productores del bien afectado por una retención es lo mismo que lo que cobra el Estado. Cuando alguien produce un bien o servicio que vende al exterior cobra el precio que se fija internacionalmente. Por lo tanto, si un argentino quisiera adquirir lo que este señor ofrece deberá pagarle ese mismo valor. Si no, preferirá exportarlo.

Ahora supongamos que a ese bien le ponen una retención. Cuando venda al exterior recibirá el precio internacional menos el porcentaje que se quede el Estado. Por lo tanto, si un consumidor local le quiere comprar el bien, le cobrará ese mismo valor. Si pretendiera cobrar más, otro competidor se lo venderá. Por lo tanto, la transferencia que realiza el sector que se ve afectado por la retención es igual a lo que cobra el Estado, por la parte que se vende afuera, más la que recibe el demandante local por el menor precio que tiene que abonarle por ese bien. De esta forma, se genera un subsidio del bolsillo del productor al del consumidor, que no queda registrado en el Presupuesto.

Para tener una idea de lo que ésto significa. Si tomamos los tres principales productos agrícolas (soja, trigo y maíz), desde 2002 a 2009, por el impacto de las retenciones, del bolsillo del productor salieron US$ 38.732 millones (el récord fue en 2008, con US$ 9.119 millones). De ese monto, por lo menos el 70% fue a parar a los demandantes internos y el resto lo cobró el Estado. Por eso es que los productores sienten que cargan un enorme peso tributario; ya que el monto total transferido al resto de la economía argentina, en 2008-2009, llegó a superar el 40% del valor de la producción local de dichos tres bienes.

Por último, algunos dirigentes agropecuarios han mostrado su preocupación por los crecientes niveles de inflación y demandaron una suba de tipo de cambio para paliar el impacto sobre el sector. Lamentablemente, es una solución errada al problema que surge de no entender su origen.

La moneda es un bien como cualquier otro. Tiene un productor (monopólico) que es el Banco Central y gente que la demanda, porque les facilita hacer transacciones, les sirve para atesorar y, también, como unidad de cuenta. Si los oferentes de trigo producen más de lo que la gente demanda, cualquiera sabe que su precio bajará. Si esto sucede con la emisión de pesos, pasará lo mismo. Ahora, si su valor se reduce, quiere decir que el “metro” con el que valuamos todos los bienes y servicios de la economía se está achicando. Por lo tanto, lo que veremos es una “suba generalizada de precios”. Desde mediados de 2009, cuando empezó a reactivarse la economía, la inflación pasó (estimaciones de CIIMA-ESEADE, www.ciima.org.ar) de menos de 13% ia., a casi 15% a fines de año y a más de 23% en la actualidad. Esto implica que el “metro” se está achicando, es decir que el valor del peso está cayendo. Por lo tanto, es obvio que el Banco Central está produciendo más moneda de lo que la gente quiere. Entonces, cabe preguntarse por qué lo hace.

Durante 2010, la autoridad monetaria quiere transferir al gobierno más de $ 50.000 millones (que está aumentando el gato público a tasas mayores al 30% anual), darle crédito al sector privado a través de los bancos y comprar divisas para aumentar las reservas. Todo esto no es gratis, alguien tendrá que pagar la “cuenta” con más “impuesto inflacionario”. Si bien es verdad que una parte menor de la oferta de pesos está siendo demandada por la gente, el resto de la emisión necesaria para cumplir con dichos objetivos generará la pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos y ahorros en moneda nacional. No hay magia.

El impuesto inflacionario lo paga el conjunto de la sociedad y, por supuesto, incluye al sector productivo. Por eso no extraña que los empresarios sientan el peso de este costo en sus ganancias. Sin embargo, el Banco Central sólo puede aumentar el tipo de cambio comprando más dólares con más emisión, disminuyendo el valor del peso. De esta forma, es cierto que la suba del valor de las divisas extranjeras en el mercado local terminará disminuyendo lo que los que producen bienes comercializables internacionalmente pagan de impuesto inflacionario. Sin embargo, todo lo que ellos dejen de abonar más el aumento de dicho tributo necesario para comprar reservas deberá afrontarlo el resto de la sociedad, especialmente el sector de menores ingresos. Como vemos es una solución sumamente injusta.

Por lo tanto, la única solución a los permanentes procesos inflacionarios de la Argentina es que el Banco Central esté bajo la órbita del Congreso. Éste debería recuperar el rol de fijar el valor de la moneda que le da la Constitución Nacional. Dado que el precio del peso es la contracara de su poder adquisitivo, lo podría hacer fijando un rango de metas de inflación que el BCRA debería cumplir. Así, la legislatura asumiría otra función indelegable según nuestra Carta Magna: determinar los tributos que debemos pagar los contribuyentes, en este caso el “impuesto inflacionario”. El Central tendría independencia para gestionar los instrumentos para cumplir los objetivos planteados y, al final de cada período, debería rendir cuenta ante el Parlamento. Para ello, sería bueno que este último controlara al INDEC, responsable de medir el índice de precios al consumidor; por lo que sería un paso importante que se apruebe el proyecto de ley que, en ese sentido, se está debatiendo actualmente. La única forma de recuperar la credibilidad del INDEC es sacarlo de la órbita del Poder Ejecutivo, que la destruyó con la intervención del organismo y los “dibujos” de sus datos desde 2007.

Conclusión, si cumpliéramos con lo que manda la Constitución Nacional, los argentinos nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Por eso es importante que, cada uno, asuma la responsabilidad cívica que le corresponde y exija a nuestros representantes y a los funcionarios públicos que cumplan con el rol y los límites para el ejercicio de sus funciones que les manda nuestra Carta Magna. Si seguimos asumiéndonos cómodamente como súbditos de los gobiernos de turno y no como ciudadanos, no nos quejemos y no le echemos la culpa de los resultados a nuestra dirigencia política.

TRANSFERENCIAS DEL PRODUCTOR AGRÍCOLA