Autor: Lic. Aldo Abram

En el Congreso, la oposición al gobierno ha presentado un proyecto de ley para que se les reconozca “el 82% móvil” a los actuales jubilados; lo que hizo estallar la polémica sobre si este compromiso es financiable o no. Cabe recordar que esa era la promesa de pago que recibieron nuestros padres y abuelos por sus aportes al anterior sistema de reparto estatal, cuya quiebra se puso en evidencia a fines de los ´80, con la Ley de Emergencia Previsional; aunque, en realidad, hacía tiempo que nadie cobraba dicho porcentaje del sueldo que hubiera tenido en actividad.

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En la Argentina, el estallido del viejo régimen jubilatorio fue rápido debido a que (tal como sucede en la actualidad): a) los recursos eran usados para financiar gasto público (hoy se pagan laptops, decodificadores para TV digital estatal, asignaciones universales por hijo, etc.); b) se le colocaron títulos públicos con irrisorios rendimientos que terminaron licuándose (ahora, además, se dan créditos baratos para obras de infraestructura y a determinados sectores privilegiados); y c) les regalaron jubilaciones y pensiones a quienes nunca habían aportado para recibirlas (a partir de 2007, más de 2.000.000 de personas empezaron a cobrar del ANSES sin haber hecho los pagos correspondientes).

Quizás, muchas de esas erogaciones eran necesarias; pero debieron haberse realizado con lo que pagamos de impuestos y preservar los fondos de los aportantes para el pago de sus futuras pasividades. Ahora, cabría preguntarse por qué el actual régimen de “reparto” estatal no va a quebrar, si estamos haciendo con sus recursos las mismas cosas que hicieron explotar al anterior.

En realidad, más allá del manejo irresponsable que hacen los gobiernos, estos esquemas jubilatorios llevan la semilla de su propia autodestrucción. Es que el problema es que no son sistemas de reparto; lo que implicaría que las personas activas aporten a una “caja” y, luego, en función de lo recolectado, mucho o poco, esos recursos se repartan con algún criterio entre los que están en la etapa pasiva.

Entonces, ¿cómo funcionan en todo el mundo los mal llamados sistemas de “reparto”? Cada aportante hace un pago al Estado, y este se compromete a abonarle una determinada suma mensual a partir del momento en que se jubile en una fecha prefijada. Esto es lo mismo que si cada trabajador, en lugar de hacer dichos aportes, todos los meses le comprara al gobierno un título público que le pagará cupones mensuales a partir de un momento dado, en el que entrará en la etapa pasiva.

Por lo tanto, no existe tal cosa como un régimen de reparto previsional, sino un sistema de endeudamiento estatal. El problema es que, en todos los países en que se aplica y no sólo en la Argentina, los aportes jubilatorios personales son contabilizados como recursos corrientes del gobierno y, por lo tanto, se crea la ilusión de que pueden ser gastados sin dejar un pasivo a pagar. Por eso es que a los políticos les encanta este esquema; ya que será algún futuro gobierno el que tendrá que reconocer que no está la plata para abonar lo comprometido.

Aún en las economías desarrolladas, que manejaron con más responsabilidad y eficiencia los sistemas previsionales de “reparto”, la deuda devengada se ha vuelto impagable. La solución adoptada ha sido la reprogramación compulsiva y unilateral de los futuros pagos comprometidos a los aportantes, que se instrumenta a través del aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte.

Hoy, vemos que la discusión política pasa por cómo se gastarán los recursos que aportamos con tanto esfuerzo. Si el gobierno los usará como “caja política” o si se les reconocerá el 82% móvil a los jubilados del sistema que quebró. Por mi parte, prefiero lo segundo; aunque no necesariamente sea lo justo. Cuando una empresa quiebra, sus acreedores no cobran lo comprometido, sino lo que se puede pagar (si no, pregúntenselo a los tenedores de títulos públicos defaulteados en 2001). La realidad es que pretender abonar el 82% móvil es inviable y terminará drenando más rápido los recursos hoy acumulados en el ANSES y los que se aporten a futuro. Aumentar impuestos o contribuciones patronales para enfrentar este compromiso, sólo servirá para postergar en el tiempo esta “crónica de una muerte preanunciada” del sistema previsional. No es futurología, ya nos pasó y le está pasando al resto del mundo.

De todas formas, las encuestas muestran que la gran mayoría de los aportantes argentinos no espera vivir de la jubilación estatal. Es obvio que se asume que el pago de las contribuciones es un impuesto para poder trabajar formalmente y esto fue siempre así. Aún los que ahorraban en una cuenta a su nombre en las AFJPs, consideraban que ese dinero se lo apropiarían los políticos para gastarlo y tuvieron razón; ya que, en la Argentina, la diluida calidad institucional no garantiza el respeto de los derechos de sus habitantes. Lamentablemente, sin esta última condición básica, es utópico pensar en un sistema previsional que brinde pasividades dignas acordes al esfuerzo realizado en la etapa activa.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)