Autor: Lic. Aldo Abram

Los argentinos valoramos poco la importancia de la calidad de las instituciones. Es más, solemos confundir las instituciones con los instrumentos que las viabilizan o, incluso, con clubes de futbol, asociaciones, etc. En realidad, son las normas y principios que rigen una sociedad y que se plasman, principalmente, en la Constitución Nacional y en las leyes.

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Si formamos un conjunto con los países que tienen alta calidad institucional, veremos que coinciden con los que ya les brindan a su gente, o están haciendo avances en ese sentido, una mayor posibilidad de progreso o bienestar económico. En cambio, aquellos en los que no se respetan los derechos y las instituciones, son naciones con altos niveles de pobreza o en decadencia económica.

Esto no debería llamarnos mucho la atención; ya que uno trataría de no invertir en un país donde: a) se confisquen los depósitos bancarios; b) un secretario de un Ministerio pueda obligarnos a manejar a su antojo nuestra empresa (los costos, a quién, cuánto y a qué precio vendemos), a veces sin norma que lo avale e incluso sin una directiva escrita; c) un funcionario pueda presionarnos para que nos desprendamos de nuestra empresa e, incluso, pretenda decirnos a quién debemos vendérsela; d) los organismos de información pública brinden estadísticas falseadas; e) un Estado, que sea incapaz de cumplir con sus funciones básicas, pretenda ejercer de empresario o decidir mejor el destino de la plata ajena; o f) las reglas de juego varíen según le convenga coyunturalmente a los funcionarios de turno.

Desde 2007, el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (ESEADE) elabora anualmente un Índice de Calidad Institucional para 192 países del mundo (Informe completo )y, recientemente, se presentó el del corriente período. Allí se confirma que aquellos países con mayor calidad institucional son los que generan mayores avances en innovaciones; ya que son los que respetan los derechos de propiedad intelectual. Además, al tener reglas de juego claras y generales que se mantienen en el tiempo, permiten los largos procesos de inversión que la investigación demanda. Por ello, tampoco debería asombrarnos que sean los que más progresan y brindan bienestar a sus pueblos.

Sin embargo, la calidad institucional no es solamente importante para incentivar la inversión, el empleo y generar riqueza. Doña Rosa también necesita poder tener alguna certidumbre para planificar su vida. Por ejemplo, un matutino económico publicó una encuesta realizada entre los que aportan al sistema previsional y más del 80% manifestó que no espera poder vivir de la jubilación que cobrará cuando entre en la etapa pasiva. La realidad es que el actual régimen de reparto estatal tiene los mismos vicios que aquel que estafó a nuestros abuelos y padres; ¿por qué debería ser el resultado distinto? Una respuesta puede ser: porque el actual sistema administre mejor los recursos. En el año 2007, se hizo una moratoria que permitió cobrar jubilaciones y pensiones a más de 1.000.000 de personas que no hicieron los correspondientes aportes. Los recursos no salieron de las rentas generales del gobierno, sino de la caja previsional. De allí también están fondeando la asignación universal para la niñez, las laptops para los estudiantes de los colegios, los decodificadores de la televisión digital, etc. ¿Qué quedará para los futuros jubilados? En suma, una historia que se repite.

Los argentinos no tenemos instrumentos para ahorrar en nuestro país, excepto la vieja tradición del “ladrillo”. Son demasiadas las veces que los gobiernos han manoteado los depósitos del sistema financiero para pagar crisis o beneficiar a deudores “licuados”. Incluso, la mayoría de nuestros políticos consideran que los ahorros que están en la banca deben ser instrumentos de política económica. Es decir, deben ser asignados según lo decida algún burócrata y, una clara prueba de ello, son algunos proyectos de reforma de la ley que rige al sistema financiero que se conocieron recientemente. Nuevamente se confirma la percepción de los ciudadanos de que no se respetará el derecho de los verdaderos dueños de esos recursos, que no es el gobierno ni los banqueros, sino los depositantes.

Cuando alguien le confía sus ahorros a un banco, lo hace porque eligió a quién considera sabrá cuidarlos e invertirlos bien. ¿Qué derecho tiene un funcionario a asignar esos recursos en una forma distinta? ¿Quién dice que él puede elegir mejor a quién darle un crédito? No debería extrañar que tengamos un sistema financiero que pocos usan para ahorrar y, sin dicho insumo básico, con una irrisoria capacidad de dar préstamos. Con muchas de las reformas propuestas, esto sólo tenderá a empeorar.

Sin calidad institucional, rige la “ley de la selva” y prima el derecho del más fuerte. La gente puede tratar de sobrevivir; pero se le vuelve cuesta arriba el progresar y construir un futuro mejor para su familia. No es casualidad que, en el índice de 2010, la Argentina ocupe el lugar 120 y, desde 2007, haya bajado 27 lugares. Sólo cinco países tuvieron peor evolución (Bolivia, Senegal. Maldivas, Kiribati e Islas Salomón). Entre los 36 países de América, estamos en el lugar 28. Cabe aclarar que esta decadencia institucional argentina no es una historia de los últimos años, lleva décadas. Cada vez más naciones, incluso entre nuestros vecinos, entienden que mayor calidad institucional significa mejor calidad de vida para sus pueblos y, por ende, nos superan y nos dejan en peor posición relativa. ¿Tardaremos mucho en entenderlo los argentinos?

Todos tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, la responsabilidad cívica de exigir que nuestros representantes respeten los derechos, las instituciones y los límites para el ejercicio de sus funciones que establece la Constitución Nacional. Sin embargo, deben asumir un mayor compromiso quiénes más “talentos” recibieron, es decir: la dirigencia empresaria, profesional e intelectual. No cabe duda que, en general, no ha estado a la altura de las circunstancias y que, hasta ahora, ha primado el interés particular sobre el general. Al que le quepa el sayo que se lo ponga; pero no seamos hipócritas y, luego, le echemos la culpa a otros de la creciente decadencia y pobreza que resulta de nuestras acciones, errores y omisiones.

Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)