Por el Lic. Aldo Abram, director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (CIIMA-ESEADE)

En su viaje a París, el Ministro de economía Amado Bodou hizo muy interesantes declaraciones que fueron publicadas por Ámbito Financiero el 18 de febrero. Dijo: ¨Lo que nosotros vamos a defender es la posición de la Argentina -que también es la que lleva Brasil- respecto a que no es una buena propuesta intentar que nuestros países no cobren los precios que los mercados dan por los bienes que producimos”. “Si ellos piensan -continuó- que hay que aumentar la oferta de alimentos, no va a ser por este camino por el cual lo van a lograr.” Creo que estos dichos merece un análisis que permita aprender de esta lección de economía que está dándoles a algunos funcionarios de organismos internacionales y de gobiernos de los países del G20 e incluso lleve a mejorar la política económica que estamos aplicando localmente.

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En primer lugar, cabe suponer que, cuando habla de “los bienes que producimos”, se refiere a los productores argentinos y brasileños; ya que, hasta donde yo sé, los países no producen, sino que lo hacen sus habitantes. Hecha esta aclaración, no cabe más que coincidir en “que no es buena la propuesta que no se cobren los precios que los mercados dan a dichos productos” y que no va a ser por este camino que se va a incrementar la oferta de alimentos. El gran problema es que la Argentina es el mejor ejemplo de que dicha idea es absurda; ya que aquí se aplica y ha logrado que produzcamos menos granos y carne de los que podríamos.

Desde 2006, el stock ganadero ha tendido a disminuir por los controles de precios y las restricciones a la exportación de carne para garantizar que “todos los argentinos tengan acceso a su asado dominical” y lo único que se está logrando es que cada vez se produzca menos y, algún día, tengamos que viajar a Uruguay para recordar lo que era comer un buen “churrasco”.

En el caso del trigo y el maíz, los empresarios agrícolas no solamente tienen que lidiar con absurdas retenciones, sino que les limitan las posibilidades de vender al exterior. Por lo tanto, no es raro que los precios locales no sean equivalentes a los internacionales menos los impuestos a la exportación (FAS), como pretenden el gobierno y los productores. Al no dejar que se venda libremente el trigo al exterior, se genera un excedente de oferta en el mercado doméstico. Para que el mismo se absorba, el precio debe bajar disminuyendo el costo de producción de la harina y sus derivados para que los molineros tengan más demanda y la trasladen a los productores. Para el gobierno, esto tiene el demagógico beneficio de reducir el valor del pan y otros productos a los consumidores argentinos.

Por eso, la respuesta del PEN a los reclamos ha sido mantener las restricciones a las exportaciones; aunque intentando forzar a los molineros y exportadores para que paguen el precio FAS. Sin embargo, si lo lograra (cosa más que improbable), no existirían los beneficios para comprar toda la producción, debido al mayor costo para los molineros, y, dado que los exportadores no pueden adquirir más, quedaría un remanente de trigo sin poder colocarse, perjudicando a aquellos que hayan llegado tarde a vender su cosecha. Lo interesante es que, de lograrse esta solución, implicaría precios similares para el pan a los que surgirían de liberar las exportaciones; ya que, si esto sucede, es muy difícil que el costo local del trigo supere el FAS, porque implicaría que los exportadores están vendiendo a pérdida. La pregunta: Dado que el precio a los consumidores argentinos va a ser el mismo, ¿no es más razonable permitir el comercio libre de trigo y dejar de generarle un perjuicio a los productores? Lamentablemente, parece que algunos dirigentes agropecuarios tampoco ven, o quieren ver, dónde está el problema y, por lo tanto, demandan soluciones que nunca resolverán el problema.

Por lo tanto, aplaudo al Ministro de economía por sus declaraciones; pero espero que empiece a aplicar tanta sabiduría desde el cargo que le toca ejercer y, así, revierta el daño que se le está ocasionando a la producción local de alimentos y al bienestar económico de todos los argentinos.